El Parlamento europeo condenó este jueves la que llama “brutal represión e intimidación de manifestantes pacíficos en Nicaragua” y pidió una reforma electoral que conduzca a elecciones justas y creíbles en el país.
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Los eurodiputados denunciaron el martes ante el plenario del Parlamento, el deterioro de la democracia en Nicaragua en los últimos diez años, además de la creciente corrupción, en la que están implicados familiares de Daniel Ortega, presidente designado por el poder electoral.
El texto, aprobado con 536 votos a favor, 39 en contra y 53 abstenciones, destaca que el Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica establece la necesidad de respetar los principios del Estado de derecho, la democracia y los derechos humanos y pide a la Unión Europea que, en caso necesario, sopese las medidas que se podrían tomar.
Daño en inversión
La resolución también advierte sobre las “graves consecuencias políticas, económicas y en materia de inversión” a que pueden dar lugar las violaciones de los derechos humanos.
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El Parlamento tiene conocimiento de la represión llevada a cabo por las autoridades nicaragüenses, la policía y grupos violentos que apoyan al Gobierno contra los manifestantes pacíficos opuestos a la reforma de la seguridad social, que ha costado desde mediados de abril al menos 84 vidas, heridas a más de 860 personas y la detención de más de 400, según las organizaciones de derechos humanos.
Los eurodiputados piden a Managua que autorice de inmediato una investigación internacional, transparente e independiente a fin de enjuiciar a los responsables.
Elecciones justas
La resolución destaca que Ortega, presidente desde 2007, elegido en tres ocasiones consecutivas, se mantiene en el poder gracias a la irregular supresión de la limitación de mandatos recogida en la Constitución, “vulnerando claramente el derecho a unas elecciones democráticas”. El Parlamento reclama una reforma electoral con vistas a unas elecciones justas, transparentes y creíbles que respeten las normas internacionales.
Los eurodiputados instan a las autoridades nicaragüenses a sentar las bases para que todas las partes enfrentadas debatan sobre la situación en el país. Recalcan que la plena participación de la oposición, la despolarización del poder judicial, el fin de la impunidad y la pluralidad de los medios de comunicación son factores esenciales para el restablecimiento del orden democrático.
Deploran la violación de la libertad de prensa, tanto antes como durante las protestas, y piden al Gobierno que restablezca la plena libertad de los medios de comunicación y la libertad de expresión, y que ponga fin al acoso a los periodistas.
Por último, la resolución insiste en la urgencia de combatir la corrupción generalizada en los círculos políticos de Nicaragua y muestra preocupación por los vínculos del presidente Ortega y otros conflictos en la región.