Rosario Murillo, vicepresidenta designada y vocera del Gobierno, retomó el discurso confrontativo en contra de las protestas de los ciudadanos y universitarios autoconvocados, pues las calificó como una “plaga”, y las culpó de provocar la destrucción de la economía del país, a pesar de que la crisis social fue provocada por la represión del Gobierno a las manifestaciones.
Para analistas, la descalificación a las protestas ciudadanas de parte de Murillo evidencian que el gobierno de Daniel Ortega radicalizó su postura y que no hay voluntad política real de lograr acuerdos en el diálogo nacional, donde la sociedad civil, campesinos y universitarios mantienen la demanda de justicia por la masacre y la democratización de Nicaragua.
Las manifestaciones, que este 18 de mayo cumplieron un mes, han sido reprimidas por los paramilitares, antimotines de la Policía Nacional y turbas orteguistas, dejando al menos 56 personas asesinadas, casos que investiga en el país en este momento una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), adscrita a la Organización de Estados Americanos (OEA).
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Sin embargo, para Murillo las protestas ciudadanas son una “plaga, que como las siete plagas (bíblicas) nos está asolando desde hace un mes exactamente”, dijo ayer al intervenir en los medios oficialistas.
Ortega y Murillo no asistieron ayer al segundo día del diálogo nacional en la sede de los encuentros, en el Seminario Nuestra Señora de Fátima, y dejaron el trabajo técnico a una delegación de 33 funcionarios que negociarán con los representantes del movimiento universitario, sociedad civil y campesinos.
Aunque Murillo dijo que el ejecutivo sigue comprometido en el diálogo, criticó que el día en que se instauró, el pasado 16 de mayo, fue un evento “deslucido”. De esa forma, la esposa de Ortega reflejó su descontento porque los estudiantes les llamaron “asesinos” y que los miles de nicaragüenses que protestan exigen la salida del régimen orteguista.
Murillo consideró “voces disonantes y maleducadas” a los universitarios Lesther Alemán y Víctor Cuadras, que les plantaron cara en el inicio del diálogo.
Estiman nuevo crecimiento
La crisis social es causada por represión a las manifestaciones ciudadanas, mientras las turbas orteguistas dirigen el saqueo a los negocios en varios departamentos del país, principalmente en Masaya.
“¡Cuánto hemos perdido ya como consecuencia de la destrucción!”, expresó Murillo. Informó que el equipo económico del Gobierno calcula cómo afectarán la reducción del turismo, el comercio, las inversiones y la producción agropecuaria e industrial en las proyecciones de crecimiento económico para 2018.
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El Gobierno estimó inicialmente que la economía crecería entre 4.5 y 5 por ciento este año, meta que no sería alcanzable debido a la crisis social.
“La proyección de crecimiento que había, que nos beneficiaba a todos, que se está viendo disminuida y afectada precisamente por toda esta plaga, esta peste que nos está quitando el derecho a respirar, a vivir, a estudiar, a acudir a nuestros templos, a curarnos, a sanarnos, a buscar la medicina, a tantas familias nicaragüenses”, dijo Murillo.
No hay voluntad política
Luciano García, presidente del organismo Hagamos Democracia, y la analista Elvira Cuadra, coincidieron en que el régimen demuestra no tener verdadera voluntad política para que se supere la crisis.
“El gobierno de Ortega está dispuesto a seguir llevando al país por el caos y dejarlo en ruinas, en cenizas por su embriaguez de poder. Ya las condiciones son las peores porque la gente no puede pagar sus préstamos, honrar sus deudas en el corto tiempo y hay un sinnúmero de empresas despidiendo, nadie quiere venir a Nicaragua a invertir”, dijo García.
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El plazo máximo para lograr un acuerdo en el diálogo es un mes, a partir de ayer, como lo anunciaron los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), cuando aceptaron ser mediadores y testigos. Las negociaciones serán los lunes y miércoles.
García dijo que el país no aguanta un mes más de crisis. “La salida racional a todo es que renuncie Daniel y Murillo y deleguen en la mesa del diálogo la ruta jurídica para retomar la estabilidad democrática en el país, de lo contrario la protesta se aumentará”, afirmó.
El presidente de Hagamos Democracia cree que los obispos están “cayendo en la trampa de Ortega” al aceptar, “tal vez por prudencia”, que las negociaciones sean dos días a la semana. “El Gobierno está apostando a que la gente se canse de protestar, y se equivoca. La Iglesia católica debió insistir en que fuera un diálogo seguido porque el pueblo no va a soportar más”, dijo García.
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Cuadra opinó que para acelerar acuerdos deben ser mínimo tres días de negociación (a la semana). “El tema de la justicia y la reparación a las familias de las víctimas son sensibles, pero no requieren tanta negociación, porque hay un sistema de derechos humanos establecidos que debe ser aplicado únicamente”, dijo.
Gobierno manda a 33 delegados
Los delegados del ejecutivo en el diálogo nacional son el canciller Denis Moncada (como coordinador), Álvaro Baltodano, delegado presidencial para las inversiones; Bayardo Arce, asesor presidencial para asuntos económicos; Telémaco Talavera, asesor presidencial para todos los asuntos del presidente, junto a los ministros de Hacienda, Iván Acosta; Edward Centeno, del MAG; Sonia Castro, del Minsa; Ovidio Reyes, presidente del Banco Central, y el diputado y jefe de la bancada sandinista en la Asamblea Nacional, Edwin Castro. Los asesores de la delegación son el vicecanciller Saúl Arana y Sofía Clark.
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A ellos se le suman Luis Barbosa y José Ángel Bermúdez, del Frente Nacional de los Trabajadores (FNT), y José Adán Rivera, de la Asociación de Trabajadores del Campo (ATC), sindicalistas orteguistas.
En representación del bloque de las universidades que apoyan al Gobierno participan la rectora de la UNAN-León, Flor de María Valle, y Ramona Rodríguez, rectora de la UNAN-Managua, y 15 miembros de la UNEN. Además de los periodistas Adolfo Pastrán Arancibia y Moisés Absalón Pastora.