Cuando el Gobierno Sandinista retomó el poder en 2007 recibió un Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) que tenía en ingresos 5,681.8 millones de córdobas, con lo que cubría con holgura los 3,979.2 millones de córdobas en gastos operativos y además le sobraba 1,702.7 millones para invertir en activos o bien trasladarlos a las reservas técnicas, según reflejan cifras publicadas por el Banco Central de Nicaragua (BCN).
Hace 11 años 17,085 empresas aportaban a las finanzas de dicho instituto junto con otros 476,099 trabajadores. En ese año, los ingresos crecieron 26 por ciento y los gastos 19 por ciento. Además el INSS tenía 1,543 trabajadores, de los cuales solo 89 devengaban salarios de más de 20 mil córdobas mensuales.
Pero un año antes de irse del Poder, en abril de 2006, el presidente Enrique Bolaños presentó los resultados de un análisis actuarial, que encargó a una Comisión Técnica Interinstitucional (CTI), para determinar hacia dónde iba el instituto y las medidas que se debían aplicar para mantener saludables sus finanzas.
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Los resultados de dicho análisis eran contundentes y reiterativos: el INSS se enrumbaba a años de déficit, porque la estructura de mercado y los salarios precarios, dado los bajos niveles de productividad, eran insuficientes para cubrir los distintos programas de atención que ofrece el instituto, principalmente a los relacionados con Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y el de Enfermedad y Maternidad.
El economista Adolfo Acevedo, que da continuo seguimiento a las finanzas del Seguro Social, recuerda que los resultados de ese análisis de 2006 eran similares a hallazgos que recogían, sin excepción, los estudios actuariales que en los últimos 13 años se le habían hecho al INSS.
Estos “mostraban que los superávits se convertirían en déficits alrededor de 2014, y que las reservas de efectivo se habrían agotado en algún año posterior a 2019. En ese momento, el INSS sería insolvente”, afirma.
Por tanto y debido a que hasta ese entonces no se habían hecho los ajustes correspondientes para evitar que esta situación ocurriera, a los gobiernos posteriores a 2006 les correspondía aplicar las medidas para salvaguardar las finanzas INSS.
Entre los planteamientos que hacía el análisis de 2006 es que “la tasa de reemplazo (el porcentaje del salario que se puede conseguir como pensión) era demasiado alta, en el sentido de que no era sostenible, y daría lugar a desequilibrios cada vez mayores”.
Hasta antes de la reforma anunciada esta semana, la tasa de reemplazo era del 80 por ciento y ahora se redujo a 70 por ciento del salario promedio base de cálculo de la pensión.
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Sobre este aspecto, Acevedo recuerda que dado al modelo de Seguridad Social que tiene el país, que es de reparto (los trabajadores aportan hoy para pagar las pensiones actuales y en el futuro otros trabajadores pagarán su jubilación), la sostenibilidad del pago de las pensiones está muy ligado a la evolución del salario y el empleo.
Es por esa razón que para continuar manteniendo la tasa de reemplazo del sistema, que es uno de los más altos de América Latina, el estudio de Bolaños indicaba que “debían producirse unas tasas de crecimiento de la economía –debido a un crecimiento simultáneo del empleo y la productividad – bastante altas”, explica el economista.
(VIDEO) Estas son algunas de las inversiones hechas por el INSS en condominios. Algunas no dieron resultados y fueron devueltas.
De lo contrario, los pagos solo por prestaciones crecerían más rápido que los ingresos por cotizaciones.
Más distorsiones
Pero el Programa de Enfermedad y Maternidad, otra de las ramas del INSS, también apuntaba a deteriorar la situación financiera del INSS, mucho más que el IVM.
Según Acevedo el estudio revelaba que este programa sería insostenible en el mediano y largo plazo sin cambios estructurales en el mercado laboral y que la situación empeorará cuando se entre a la fase de envejecimiento acelerado, por el fin del bono demográfico (alta cantidad de gente joven en el mercado laboral).
Además los números financieros futuros reflejaban que con el aporte que los contribuyentes era casi imposible ampliar la cobertura de servicios a patologías complejas, como “las cardíacas, vasculares, neurológicas, cáncer, insuficiencia renal, etc. -, que requieren técnicas de diagnóstico y tratamiento más costosas”.
Es por esta razón que hasta antes de 2006 esas patologías estaban excluidas de los servicios de Salud del INSS, pero en los años posteriores se comenzaron a dar a los contribuyentes y pensionados.
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“Los desequilibrios tendieron a ampliarse por la indexación virtual de la pensión mínima al salario mínimo, que creció con mayor rapidez que el salario promedio de los cotizantes, lo cual contribuyó a que la pensión promedio creciese más rápido todavía que el salario promedio sobre el cual recae la tasa de cotización”, explica Acevedo.
Hay que recordar que en Nicaragua ninguna pensión puede estar por debajo del salario mínimo del sector industrial, que cada año se ajusta y que desde 2007 ha crecido sustancialmente.
No se hicieron las tareas
Cuando el Gobierno del presidente designado por el Poder Electoral, Daniel Ortega asumió las riendas de este país en 2007 sobre su mesa tenía claro, al menos técnicamente, hacia dónde iba el instituto y la necesidad de impulsar reformar que evitaran dicho colapso que venían pronosticando los estudios actuariales en los últimos 13 años.
Para emprender las reformas, que ninguna administración impulsó en pro de la sostenibilidad del Seguro Social, el Gobierno de Bolaños le entregó en 2007 un INSS funcionado, generando superávit, con inversiones y gastos administrativos adecuados.
El exgerente de Estudios Actuariales en la Superintendencia de Pensiones y del INSS, Róger Murillo recuerda que inclusive en 2012 las reservas técnicas del instituto habían alcanzado más de 10,000 millones de córdobas en reservas de pensiones.
El reporte sobre el Estado de la Finanzas del INSS indica que en ese año las reservas técnicas habían alcanzado los 10,848 millones de córdobas, situación que se revirtió a partir de 2013 cuando los superávits se comenzaron a convertir en déficit crecientes y las reservas a agotarse.
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Lo que aceleró la crisis
¿Qué aceleró la inminente crisis? Además de no impulsar reformas en el mercado laboral, para elevar la productividad y por ende los salarios, Murillo y Acevedo recuerdan que los gastos administrativos del INSS comenzaron a crecer abrumadoramente, los ingresos provenientes de las rendimiento de las inversiones se empezaron a derrumbar y financiar los principales programas de atención se convirtió cada vez más insostenible.
También incidió el hecho de que las autoridades del INSS comenzaron a cubrir todo tipo de patología tanto al total de afiliados como a los pensionados.
Cuando el INSS cae en déficit en 2013 por primera vez en décadas, el Gobierno junto con el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), negociaron a puerta cerrada un paquete de reformas, que buscarían la sostenibilidad hasta 2036.
Dichas proyecciones de solvencia se descarrilaron cuando el Gobierno a través de una ley ordenó pagar una pensión reducida a toda persona en edad de jubilación y que al menos haya cotizado 250 semanas.
Además se empezaron hacer inversiones en el sector inmobiliario, que en lugar de generar ganancias, comenzaron achicar los ingresos provenientes de las inversiones. Tal fue el deterioro de estos ingresos, que tras alcanzas en 2012 un pico de 603.35 millones de dólares, el año pasado cayó a 318.03 millones de dólares.
LA PRENSA y otros medios independientes han destapado casos de corrupción en el uso de los fondos de inversión del INSS, como por ejemplo el uso de estos para construir Casas para el Pueblo o bien edificios de lujos, algunos de los cuales están abandonados.
Y para agravar la situación los gastos administrativos continuaron con su senda al alza. “El aumento injustificado de los gastos administrativos, que pasaron que pasaron de representar el 6.6 por ciento de los ingresos por cotización en 2007, al 12.6 por ciento en 2017”, recuerda Acevedo.
Un ejemplo claro de cómo los gastos administrativos desbordaron al INSS es su planilla. Desde el 2007 su nómina pasó de 1,543 personas a 4,060, de los cuales 2,654 devengan salarios superiores los 20 mil córdobas mensuales.
El déficit del INSS ha pasado de 201.1 millones de córdobas en 2013 a 2,373.8 millones de córdobas el año pasado y el Fondo Monetario Internacional le acortó la vida al instituto hasta el próximo año sin reformas, que recomendó que se negociaran de manera abierta, incluyente y combinando varias medidas, en su mayoría drásticas, pero también limitando los gastos del INSS, algo a lo que su administración se resiste.
Ahora con la reforma anunciada esta semana, se le alarga la vida 10 años, pero se prevé nuevos ajustes dentro de cinco años. A criterio de Murillo y Acevedo si no se hacen verdaderas reformas integrales, las medidas venideras serán más severas.
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