“Estancada”, así es como está la implementación de la Ley 729, Ley de Firma Electrónica, que en julio de 2010 se aprobó y se reglamentó en 2011. La ausencia de un organismo para que certifique la firma y el dinero para su ejecución han bloqueado el desarrollo de esa Ley.
La firma electrónica debe estar regida por la Dirección General de Tecnología (DGTEC), una dependencia adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pero la Ley 729 establece que se pueden crear firmas certificadoras que cumplan con los requisitos de Ley.
La Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua (CCSN) está interesada en convertirse en certificadora de firmas electrónicas, pero según su presidente, Rosendo Mayorga, no tienen los recursos económicos para adquirir los equipos y sistema para desarrollar esta herramienta tecnológica.
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“El software y el hardware cuesta más de un millón de dólares. Habría que ver cómo se puede conseguir ese dinero para echarlo a andar”, afirmó Mayorga.
También agregó que en todos los países de la región centroamericana la firma electrónica está bajo la administración de las Cámaras de Comercio de cada país, pero que en Nicaragua el proceso está “estancado”, pese a que urge que se ejecute la misma para dinamizar el comercio.
“Hemos hablado con las Cámaras de Comercio de Honduras y Costa Rica y nos han dicho que (los fondos) han sido financiados (por agentes externos), pero nosotros aún no tenemos quién los financie. El 8 y 9 de febrero tengo reunión en Honduras con todos los presidentes de Cámaras de Comercio, ahí ahondaré en el tema”, detalló Mayorga.
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Además aseguró que no hay otro interesado en administrar la firma electrónica en Nicaragua.
El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, dijo en semanas recientes que desde el año pasado están dando seguimiento para que se implemente la firma electrónica, porque admitió que lo único que falta es establecer un organismo que certifique la firma.
“El sector privado está interesado en que nosotros seamos certificadores de la firma electrónica, esto ya es un proceso que los primeros seis meses del año lo podamos estar viendo”, detalló Aguerri, sin ahondar en más detalles.
El fin de esa Ley es agilizar y simplificar las transacciones comerciales y administración pública.
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La Ley creadora de la firma electrónica establece que esta recoge, a través de una serie de conceptos matemáticos, documentos electrónicos en forma de clave que garantizan la efectividad de la transacción de las partes involucradas.
El director ejecutivo de Transcending Technologies y especialista en Comercio Electrónico, Florencio Marchelli, explicó que la firma electrónica es una “clave criptográfica” que identifica de manera automática al autor y al documento. “Esta es una forma muy compleja de establecer una secuencia de validación que, si se cambia cualquier cosa en el documento, ya no coincidirá y será detectado, por lo que es considerado un sistema ciento por ciento seguro”, agregó.
Pero ¿qué necesita el país para que se ejecute este sistema? Según Marchelli, desde el lado del Gobierno se requiere de un centro de procesamiento de datos robusto que garantice la conectividad en alta velocidad, sistemas de redundancia (una base de dato replicada), seguridad física y electrónica muy estricta porque se trata de infraestructura altamente sensible que no debe ser vulnerada por las implicancias legales.
“Desde el lado de los usuarios se requeriría contar con lectores de firma electrónica que puedan ser conectados a computadoras en las que se creen o firmen los documentos electrónicamente”, explicó Marchelli.
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Aguerri afirmó que en el país se ha ido avanzando en cuanto al acceso al internet y la adopción de tecnología, sobre todo en el sector financiero.
La firma electrónica tiene el mismo reconocimiento jurídico que la manuscrita, pues establece que esta “será admisible como medio de prueba en proceso judicial o administrativo, valorándose esta según los criterios de apreciación establecidos en las leyes de las materias”, establece el artículo 6 de la Ley 729.
Firma electrónica, tarea de toda la región
Toda la región centroamericana tiene legislación para el uso de la firma electrónica.
“Actualmente Costa Rica es el más avanzado en este tema con un sistema que no ha logrado implementarse exitosamente por fallas en la misma legislación y la ineficiencia de los organismos a cargo en su implantación”, detalló Marchelli.
También apuntó que el mayor riesgo que existe es la ignorancia en cómo funciona este sistema. “No hay nada más peligroso para esto que alguien que crea o le hagan creer que firma electrónica es una firma escaneada y que con eso está protegido. Bien utilizada, la tecnología de firma electrónica no tiene riesgos y es ciento por ciento segura”.
La Ley 729 establece que la firma electrónica tiene la equivalencia a la firma tradicional manuscrita y aunque su radio de validez está circunscrita al país donde se emite, a través de los acuerdos multilaterales o tratados de libre comercio, esta herramienta bien puede ser reconocida de manera recíproca entre los países suscriptores de los acuerdos.
Agilizaría procesos
José Adán Aguerri, presidente del Cosep, dijo que cuando entre a funcionar este sistema reducirá el uso de papel. “En vez de que yo tenga que ir a llenar una cuenta bancaria donde firmo como 14 veces (…) logremos hacerlo a través de un formato electrónico donde exista tu firma aprobada, certificada, que es la que va a funcionar para todo el proceso”, precisó. Por su parte Rosendo Mayorga, presidente de CCSN, aseveró que la firma electrónica permitirá la facilitación de alianzas comerciales, “para las transacciones ya no necesitarían ir las personas a diferentes lugares para firmar contratos o convenios, sino que directamente con la firma electrónica puede convenir cualquier contrato”.