Un grupo de ciudadanos del movimiento de Ciudadanos Unidos por Nicaragua (CUN), entre ellos su representante, Carlos Jarquín, solicitó a la Fiscalía investigue de oficio los señalamientos de supuesta corrupción y violación a los derechos humanos que el departamento del Tesoro, de Estados Unidos, le hizo al magistrado presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas.
A finales de diciembre del año pasado, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a Rivas como parte de un grupo de 13 personas señaladas como abusadoras de derechos humanos y corruptos en el mundo, como parte de la Ley Global Magnitsky, la cual autoriza al presidente de Estados Unidos a cancelar visas, congelar bienes y activos a personas extranjeras responsables de graves violaciones a los derechos humanos y a funcionarios asociados a casos de corrupción.
En una escueta correspondencia escrita dirigida a la fiscal general de la República, Ana Julia Guido, ese movimiento le expresa a Guido que esperan que “el actuar de la Fiscalía sea beligerante con el actuar de funcionarios públicos”.
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En la Fiscalía se limitaron a recibirles su solicitud escrita por parte de la asistente de la fiscal Ana Julia Guido.
Jarquín dijo que recurrieron a la Fiscalía porque a lo interno del país, a esa institución le corresponde investigar presuntos hechos de corrupción y de no hacerlo esa institución “se volvería cómplice” de los señalamientos que a nivel internacional se le hacen a Rivas.
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Posteriormente, dijo Jarquín, también acudirán con igual solicitud a la Policía Nacional y a la Unidad de Análisis Financiero. Aunque recordó que hace varios años junto a un grupo de abogados democráticos realizaron ante esa institucion una denuncia similar en contra de Rivas.
La denuncia en mención fue realizada desde 2009, tanto en la Fiscalía como en la Contraloría General de la República por supuestos delitos de enriquecimiento ilícito, fraude, peculado (desvío de fondos) , malversación de caudales públicos y defraudación aduanera, pero la misma no prosperó.