El jefe del Sexto Comando Militar Regional, coronel Marvin Paniagua, le trasladó a la Policía Nacional la responsabilidad de explicar sobre quién enterró a los seis fallecidos, entre ellos dos menores, que resultaron de una operación militar en la comunidad San Pablo 22, La Cruz de Río Grande, en el Caribe Sur.
“Para que quede claro, nosotros no hemos hecho fosa, nosotros no hemos enterrado a nadie”, aseguró Paniagua, en un video publicado por Notivos, del Canal 14, Vos TV.
Se conoció que sus declaraciones fueron vertidas en una reunión con productores de Río Blanco, Matagalpa, a quienes antes les había referido: “nosotros hicimos una entrega de esos cadáveres a nuestros hermanos de la Policía, para que ellos hicieran las investigaciones”.
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Aunque posteriormente en el mismo video se escucha decir a Paniagua que formaron una comisión de pobladores de esa comunidad a quien le entregaron los cuerpos. LA PRENSA buscó la versión de la vocera de la Policía, comisionada mayor Vilma Rosa González, pero no respondió.
Y sin profundizar sobre la muerte de dos menores en el lugar, Paniagua alegó “manipulación” del caso de parte de algunos medios de comunicación.
“Lo que pasa es que hay una línea que está dirigida a cuestionar la investigación (…) desde aquí les decimos, es una posición muy sucia que tienen algunos medios con la institución”, aseguró Paniagua.
Las aseveraciones de Paniagua surgen después de dieciséis días de silencio respecto a los señalamientos de diferentes sectores de la sociedad en contra de la actuación militar en esa comunidad. Además, hay un clamor de que el Ejército responda a la demanda de Elea Valle, madre de Francisco y Yojeisel Pérez Valle, de 12 y 16 años, respectivamente, que le entregue los cuerpos de sus dos hijos menores.
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La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, recordó que Valle en ningún momento dijo que el Ejército los enterró, sino que “ordenó a los comunitarios de ahí que abrieran la fosa y los enterraran”.
Fuerte crítica de presidenta del Cenidh
“No tiene ninguna relevancia que ellos los hayan enterrado o no, ellos los asesinaron y cometen el abuso de ordenarle a la comunidad que los entierren”, sostuvo Núñez, quien consideró que “al haberle dicho a la gente entiérrenlos, estaban ocultando el cuerpo del delito, ellos no salvan su responsabilidad, al contrario, cometen doble acción”, explicó Núñez.
A criterio de la defensora de derechos humanos, en ese hecho “no ha habido combate, ahí lo que ha habido es una ejecución sumaria con tortura previa (…) eso es lo que trataron de ocultar al ordenarle a la comunidad que los enterraran”.
Núñez reiteró la demanda efectuada la semana pasada a la Policía que investiguen lo sucedido, para que esclarezcan las circunstancias en que murieron las seis personas. Con las declaraciones del coronel Paniagua, dice Núñez, “el mismo Ejército está confesando que ellos los mataron, lo que están diciendo es que no los enterraron”.
Embajadora Dogu: autoridades deben explicar
La embajadora de los Estados Unidos en Nicaragua, Laura Dogu, opinó este miércoles que los nicaragüenses tienen derecho a que las autoridades del Gobierno expliquen sobre el enfrentamiento militar en el municipio de La Cruz de Río Grande, Caribe Sur.
“Siempre en derechos humanos es una preocupación para los Estados Unidos. Estamos monitoreando la situación con este evento aquí en Nicaragua. La pérdida de vidas siempre es algo muy malo y es importante para todos enfocar en estas pérdidas, especialmente de los jóvenes, entender exactamente qué pasó con esto”, afirmó Dogu.
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“Es muy importante para todos los gobiernos responder a sus ciudadanos, que tienen derecho a votar, porque cada país está trabajando por sus ciudadanos por el beneficio del pueblo. En los Estados Unidos nuestro gobierno tiene que hacer esto, aquí en Centroamérica todos sus gobiernos tienen que hacerlo, es igual en todos los países del mundo. Entonces es importante para el pueblo nicaragüense entender esto también. Si hay víctimas inocentes, también es importante para las personas entender exactamente qué pasó”, en el caso de la comunidad San Pablo 22, refirió Dogu.
Las declaraciones las brindó la embajadora estadounidense tras un evento sobre la prevención del sida, realizada en un hotel capitalino.
A través de un segundo comunicado, el Frente Amplio de la Democracia (FAD) consideró que el caso de La Cruz de Río Grande no es único ni aislado.
“El principal, el derecho a la vida y la seguridad física de las personas, está siendo constantemente ignorado por el régimen de (Daniel) Ortega, especialmente en la profundidad de las montañas de Nicaragua”, expresa el FAD.
“La persistencia y la impunidad de estos hechos criminales son gravísimos y están convirtiendo las ejecuciones extrajudiciales en una política de Estado, que les ubica como crímenes de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles”, dice el FAD.
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“Estamos volviendo al pasado”, sostuvo la coordinadora del FAD, Violeta Granera, quien se unió al clamor de diferentes sectores del país para que le entreguen los cuerpos de los dos menores a Elea Valle, así como una investigación exhaustiva por parte de la Fiscalía y la Policía, sobre un informe detallado que debe entregar el Ejército de cómo ocurrieron los hechos.
“No hay derecho, entendamos, no hay derecho a quitarle la vida a ningún nicaragüense, aquí no hay pena de muerte bajo ninguna circunstancia, no estamos en guerra”, dijo Granera.
Mientras la especialista en temas de seguridad Elvira Cuadra manifestó que todas las instituciones del sistema de administración de justicia “deberían estar activadas” en una investigación a fondo del caso.
“Es un caso relevante, es un caso grave, es un caso que mancha la imagen, la legitimidad, la confianza y el honor de una institución que ha sido considerada siempre como una de las instituciones más sólidas de este país, que es el Ejército”, afirmó Cuadra, quien señaló que este y otros casos que han ocurrido en el interior del país han generado una percepción de zozobra y temor en el campesinado, sobre todo en un sector del país, y que debe llevar al Ejército a cambiar planes coercitivos.
Cosep lamenta lo ocurrido
El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, dijo que el sector lamenta el suceso donde murieron seis personas, dos de ellos menores.
“Lo que puedo (es) referirme a ese tema como lo hicimos con la pérdida de vida humana, producto de toda esa intolerancia que hubo en el proceso electoral municipal, que lamentamos esa pérdida de esas siete vidas humanas. Igualmente lamentar la pérdida de esas seis vidas humanas, independientemente sean lo que haya sido”, dijo Aguerri.
Por su parte, el diputado del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Maximino Rodríguez, criticó la postura del Ejército de no esclarecer las circunstancias del operativo militar y sostuvo que se está enviando un mensaje a la población de que ese tipo de acciones quedan impunes en el país. “Los nicaragüenses resentimos ese tipo de situaciones y no podemos permitir que el Ejército de
Nicaragua se constituya en una amenaza en contra de los ciudadanos, y máxime de asesinar de forma brutal a un niño”, criticó Rodríguez.
Que entreguen cuerpos
“El Ejército debe garantizar la seguridad y proteger la vida de las personas, esto ayuda al fortalecimiento de la estructura institucional de un país. Pido para que los cuerpos de los jovencitos asesinados en La Cruz de Río Grande sean devueltos a su familia”, expresó ayer el obispo de la Diócesis de Granada, monseñor Jorge Solórzano en su cuenta de Twitter. Solórzano es el quinto obispo de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) que se pronuncia sobre el hecho de La Cruz de Río Grande, cuyas circunstancias aún no las han aclarado las autoridades.
(Colaboración de Dora González y Emiliano Chamorro).
