El gobierno del presidente designado por el poder electoral Daniel Ortega siguió siendo indiferente al origen de la Nica Act, a la cual calificó de “irracional, ofensiva y lesiva a los derechos humanos de los nicaragüenses”.
La Nica Act fue aprobada este martes por unanimidad por la Cámara Baja del Congreso de Estados Unidos, con el objetivo de impedir los préstamos de organismos financieros internacionales, en los que Estados Unidos tiene poder de veto, hasta que se realicen elecciones libres y justas en el país, pero también obliga al secretario de Estado a presentar un informe sobre funcionarios del régimen de Ortega involucrados en supuestos actos de corrupción.
Rosario Murillo: Ley viola soberanía
“Consideramos esta iniciativa de Ley como una violación a la soberanía de Nicaragua y una negación de todos los procesos políticos, sociales, culturales y económicos de nuestra patria…”, expresa el comunicado leído por la primera dama y vicepresidenta designada Rosario Murillo, tres horas después de la aprobación de la Ley.
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El comunicado también manifiesta que es una posición “retrógrada, injerencista e irrespetuosa, de parte de ciertos congresistas norteamericanos”.
El exdiputado y miembro del opositor Frente Amplio por la Democracia (FAD), Eliseo Núñez Morales, llamó al sector privado —al que considera el principal aliado del gobierno de Ortega— a “reflexionar y asumir el papel político que se arrogó”, para convencer a Ortega de “desmontar su sistema dictatorial” y que celebren elecciones libres y justas.
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Para Núñez, el avance de esta Ley evidencia la falta de éxito de las empresas que han sido contratadas para cabildear en contra de esta iniciativa, que ahora sigue su curso hacia el Senado.
Se conoce que al menos tres empresas de cabilderos han sido contratadas, en menos de un año, para detener el avance del proyecto de Ley Nica Act. La última de estas fue contratada por la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham), que pidió por su lado al Gobierno que hiciera su parte en relación con el tema institucional. El presidente de Amcham, Álvaro Rodríguez, dijo que ahora toca cabildear en el Senado y hacer las debidas diligencias en el país para “dar una mejor vista hacia afuera y que estas cosas no se aprueben”.
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El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, destacó que hay voces en contra de la Nica Act en el Congreso y consideró que hay que esperar qué sucede en el Senado, donde “es una situación distinta en su procedimiento”.
Responsabilidad de empresarios
Núñez explicó que los empresarios no se pueden presentar ante los funcionarios estadounidenses solo argumentando las afectaciones económicas de la Nica Act, sino que deben presentar pruebas de que Ortega va a restituir la democracia, la institucionalidad e investigar la corrupción.
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El partido opositor Ciudadanos por la Libertad (CxL), que participa en las votaciones municipales, no se pronunció al conocerse la aprobación; sin embargo, Kitty Monterrey, presidenta de esa organización, dijo el lunes que lo mejor es que los nicaragüenses busquen una salida a la falta de institucionalidad por la vía cívica, “antes de tomar decisiones que van a afectar seriamente a Nicaragua”, en alusión a la aprobación de la Nica Act.
Por su parte, el presidente de Hagamos Democracia, Luciano García, manifestó que la aprobación de la Nica Act es una prueba de que en el exterior Nicaragua es vista como una “amenaza” en la región, por “su apoyo a dictaduras como la de Venezuela”.
Brenes: preparar plan B
El cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes dijo que “el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, sabrá dar una repuesta a las sanciones económicas que conlleva dicha legislación (Nica Act)”. “El gran reto del Gobierno ante la aprobación de esa Ley es preparar su plan B”, reflexionó el cardenal. El prelado recordó que Cuba y Venezuela han sobrevivido a sanciones, dando a entender que también Nicaragua puede sobrevivir a las consecuencias de la Nica Act.
