En el sector rural de Siuna, Triángulo Minero, Caribe Norte, ha aumentado el temor entre la población tras el último choque armado ocurrido hace una semana en la comunidad de San Antonio, donde según los lugareños, supuestamente los fallecidos mostraban huellas de tortura y mutilación, así como por el desplazamiento de tropas desde la noche del pasado viermes.
La denuncia coincide con el informe anual que corresponde a 2016 emitido recientemente por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), que contabiliza doce denuncias por casos donde considera hubo violación al derecho a la vida y en el que resaltan hechos donde las víctimas era presuntos rearmados u opositores y que las circunstancias en que murieron están aún sin esclarecer.
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En el caso reciente de Siuna, un habitante del lugar que rogó no ser identificado por temor a represalias, afirmó que dos de los fallecidos fueron sorprendidos por tropas militares cuando permanecían en una vivienda.
Según dijo, el lugareño, dos de los muertos, padre e hijo conocidos como El Jaguar y el Jilguero, sí estaban armados y presuntamente fueron castrados. El vecino señala que esto fue confirmado por la población, porque los cuerpos fueron dejados en otra comunidad conocida como San Marcos adonde llegaron a recogerlos sus familiares, para luego sepultarlos en sus comunidades de origen.
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Un tercero, no estaba armado pues era un civil, identificado como Jader Hernández, hermano del propietario de la vivienda donde estaban los armados al momento del ataque. El dueño de la vivienda logró escapar.
El jueves el vocero del Ejército de Nicaragua, coronel Manuel Guevara, evitó responder a estos señalamientos y ratificó la versión original dada por el jefe del Batallón Ecológico Bosawas (BEB), Coronel Rafael Antonio Varela Romero que aseguró a los periodistas locales que se trataba de un grupo delincuencial.
El vecino de San Antonio mostró preocupación por esta situación que ocurre pues los grupos armados recorren esas comunidades entre Siuna y Alamikamba, a quienes se ven obligados a darles de comer, lo que puede ser una sentencia de muerte para ellos porque las autoridades los puede calificar posteriormente como colaboradores.
Casos en impunidad
En su informe anual el Cenidh destaca en el capítulo derecho a la vida varios casos de muertes, ocurridas en supuestos enfrentamientos o asesinatos que no quedaron esclarecidos como el caso de Andrés Cerrato, Enrique Aguinaga y Wilfredo Dávila.
Cerrato, un exmiembro de la Resistencia Nicaragüense y militante del Partido Liberal Independiente (PLI), “fue asesinado y previamente torturado” en San Martín de Daca, Ayapal, en marzo de 2016. El caso no fue esclarecido. Unos días antes había denunciado un allanamiento a su casa por parte de efectivos del Ejército, situación que fue negada por esa institución militar, recuerda el informe del Cenidh.
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En su informe el organismo de derechos humanos señala que al igual que otros crímenes donde las víctimas fueron miembros de la Resistencia Nicaragüense permanecen en impunidad “sin ninguna investigación oficial dirigida a esclarecerlo”.
Otro de los casos mencionados fue el de Enrique Aguinaga, conocido como comandante Invisible. “Sus familiares señalan que habría sido torturado y ejecutado por militares”, apunta el Cenidh en su informe. El hecho ocurrió el 30 de abril cuando el jefe del Sexto Comando Regional del Ejército, coronel Alcides Garmendia afirmó en ese entonces que se trató de un enfrentamiento entre “delincuentes” y una patrulla militar en Siuna.
Igual en Ciudad Antigua
Otro caso que menciona el informe del Cenidh son las tres muertes ocurridas en noviembre del 2016 en Ciudad Antigua, donde murieron José Nahún Mendoza, Margarito Mendoza y Santos Pérez, en un enfrentamiento con el Ejército.Pero que la Policía aseguró que se trataba de narcotraficantes.
El responsable de la filial del Cenidh en Matagalpa, Juan Carlos Arce, resaltó que cuando ocurren casos donde hubo una intervención militar “no existe práctica de investigación, hay un absoluto hermetismo en ese sentido por parte de las autoridades”.
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Además dijo Arce, “siempre hay una tendencia de vincularlo con situaciones que tiene que ver con delitos comunes, con narcotráfico (…) sin que se conozca en ningún momento un informe en ese sentido, serio, objetivo profundo porque estamos hablando de casos bien grave”.
“Es un reflejo de la descomposición de las instituciones del Estado que no están cumpliendo con el deber establecido en la ley y eso evidentemente te lleva a que tampoco la gente crea en las instituciones”, expresó Arce, quien recordó que hay localidades como Santa María de Pantasma, donde en enero de 2015 murieron tres personas a causa del estallido de una mochila bomba ha incidido en que la gente tenga miedo a las autoridades de las instituciones.
