La impunidad en que han quedado los casos de violencia de los que han sido víctimas las poblaciones indígenas en el Caribe Norte ha dado lugar “al escalamiento del conflicto” y provoca mayor invasión de colonos en esos territorios, aseguró la presidenta del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan), Lottie Cunningham.
Mientras el informe anual del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) correspondiente a 2016, emitido recientemente, resalta que en el Caribe Norte persiste “el clima de violencia, zozobra e impunidad” a causa a la desprotección estatal que sigue sin respetar las medidas cautelares establecidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las medidas provisionales determinadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
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Con lo cual coincide Cunningham, que estimó que esa “es una forma de afirmar la impunidad que existe en la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas debido a que el Estado de Nicaragua es el garante de los derechos a los territorios y recursos naturales de los pueblos indígenas”.
“Simplemente el Estado responde de forma infundada, responsabilizando a Yatama y a Cejudhan por la violencia, evadiendo su responsabilidad para llevar a cabo el saneamiento de los territorios indígenas”, destaca el Cenidh sobre ese conflicto.
No se muestra interés de detener invasión de colonos
La defensora de los indígenas recordó que el Código Penal establece como delito la usurpación a la propiedad comunal pero las autoridades del sistema de justicia desestiman las denuncias realizadas por los comunitarios. Tampoco investigan los casos por oficio para detener la invasión de colonos.
Igualmente las denuncias de amenazas contra líderes y y comunitarios indígenas no han sido investigadas por las autoridades de justicia.
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“Las autoridades se niegan a llevar los casos y esto demuestra claramente la impunidad en nuestro país y el Estado se vuelve cómplice por no asumir su responsabilidad y obligación de proteger la vida y (los) territorios de los pueblos Indígenas”, criticó Cunningham.
El Cenidh resalta en su informe anual que uno de los casos que está quedando en la impunidad fue la masacre de la familia la familia Benlis, ocurrida a finales del año pasado en Llano Sucio, en la comunidad de Alamikamba, territorio de Prinzu Awala, en el municipio de Prinzapolka.
Francisco Benlis Flores, de 37 años, Bernicia Dixon Peralta, de 42, con tres meses de embarazo y el hijo de ambos, Francisco Benlis Peralta, de 11 años, quienes asegura el Cenidh fueron ejecutados por colonos con quienes el matrimonio tenía conflictos, después que la familia Benlis obtuvo títulos de propiedad.
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El Cenidh señala que al concluir el informe “no existe información respecto de los resultados de investigación sobre la muerte de esta familia, tampoco se ha acusado a ninguna persona por este crimen, mientras tanto los comunitarios han exigido justicia pero no han obtenido respuesta”.