La periodista Martha Vásquez Larios, asignada a la cobertura de noticias en el poder judicial, fue acosada y finalmente bloqueada para ejercer su trabajo periodístico por orientaciones de autoridades de ese poder del Estado.
Las razones del acoso y posterior bloqueo a su trabajo no le fueron explicadas formalmente a Vásquez Larios.
Sin embargo, estos hechos ocurren luego de que la Corte Suprema de Justicia publicara en su sitio web un comunicado de prensa en el cual asegura desmentir reportes de LA PRENSA, referidos a la renovación de la flota vehicular asignada a los magistrados del Tribunal Supremo y el aumento de la planilla en el poder judicial.
Vásquez Larios, quien tiene 13 años vinculada a la cobertura periodística judicial, estaba este miércoles en los Juzgados capitalinos desde temprano para informar sobre la audiencia relacionada con el proceso en contra de Moisés Isidro Lazo Ramírez, el presunto responsable por el reciente incendio en el Mercado Oriental.
Fue en ese ir y venir en los pasillos del complejo judicial para estar atenta al inicio de la audiencia, cuando se percató que era seguida por alguien.
“Desde la mañana que llegué a los Juzgados noté que un guarda de seguridad de los Juzgados, que yo sé que es guarda de seguridad, porque lo conozco de cara, pero que andaba vestido de civil, me andaba siguiendo por donde yo andaba. Me hacía fotos, me hacía video. Yo andaba en mi cobertura normal, porque estábamos con el caso del acusado por el incendio del Mercado Oriental y me di cuenta que adonde anduviera, él me seguía. Incluso, para confirmarlo, me salí del complejo judicial con rumbo al mercadito que queda al lado, y él, igual, me siguió hasta afuera”, relató Vásquez Larios.
Luego vino el bloqueo
La periodista, pese al seguimiento del que era objeto, continuó con su cobertura normalmente. Al mediodía se fue a almorzar. Pero cuando regresó, se le negó la entrada al complejo judicial.
“Al regresar de almorzar ya fue cuando los guardas de seguridad, a pesar de que yo andaba con la credencial de prensa de los Juzgados desde la mañana, me dijeron que no podía pasar porque les acababan de bajar una orientación, hace 15 minutos, de que ya no podía ingresar al edificio”, relató.
Lea además: Justicia sugiere sellos de seguridad en títulos universitarios
La periodista preguntó cuáles eran las razones de la prohibición, pero no le dieron respuesta.
“Ellos me dijeron que no sabían, que solo les orientaron que no me dejaran pasar. Yo les dije que andaba con la credencial de Relaciones Públicas (del poder judicial). Mi identificación de periodista estaba dentro de la oficina de prensa desde la mañana. Entonces ellos me dijeron que iban a llamar al responsable para que me entregue la identificación y yo regresara la de ellos”, añadió.
Luego, otro guarda de seguridad, igual, sin dar una explicación sobre la medida, llegó a darle a la periodista sus documentos de identificación y para requerir los pases de prensa del poder judicial.
Lo que sí le dijeron a Vásquez Larios es que para abordar el problema se presentara a la oficina de Prensa, ubicada en la Corte Suprema de Justicia.
La periodista se puso en contacto con esta oficina, pero al cierre de la edición de este miércoles, todavía no tenía una respuesta sobre la medida de parte del vocero del poder judicial, Roberto Larios.
Pantallas mostraban acusación a LA PRENSA
Aunque no hubo una explicación oficial de ninguna autoridad del poder judicial sobre el bloqueo, la periodista comentó que en las pantallas distribuidas en el complejo judicial se mostraba el comunicado de la Corte Suprema, supuestamente desmintiendo las publicaciones de LA PRENSA.
Puede interesarle: CSJ dice que documento sobre intromisión de Ortega es “apócrifo”
“No hubo ninguna explicación oficial. Lo que sí miré es que en las pantallas de los Juzgados, donde el poder judicial pasa sus notas informativas, había una nota que decía que estaban desmintiendo a LA PRENSA con la noticia en la que se dijo que los magistrados habían comprado camionetas. Pero, a la misma vez, el secretario administrativo de la Corte Suprema, el señor Berman Martínez, en la misma nota que ellos publicaron, dice que sí compraron las camionetas. Ahí fue donde noté que estaban incómodos con la publicación”, dijo la periodista.
No es la primera vez
La Corte Suprema de Justicia ha mantenido una política de comunicación bastante agresiva contra LA PRENSA, al continuamente intentar desmentir o acusar de falsas aquellas publicaciones del diario con información crítica sobre su proceder. Lo hizo con la publicación sobre la participación del magistrado sandinista Francisco Rosales en un evento internacional, en representación del Frente Sandinista, así como con la publicación de una ayuda memoria que reveló la intervención del presidente designado por el poder electoral, Daniel Ortega, en un conflicto de propiedad, y lo hace ahora con el caso de las camionetas.
LA PRENSA sobre la planilla
La planilla de la Corte Suprema de Justicia pasó de 5,100 trabajadores en enero del 2011 a 7,800 a mayo del 2017, según datos proporcionados por Berman Martínez, secretario general administrativo de ese poder del Estado.
“Tenemos 2,600 funcionarios judiciales, entre jueces, magistrados, secretarios y notificadores. Administración como administración está a una proporción de dos funcionarios administrativos por uno jurisdiccional en términos globales (serían 5,200)”, detalló Martínez.
Además: Así negocia Daniel Ortega la justicia en Nicaragua
Según Martínez, el incremento del personal se debe a la especialización de las distintas materias procesales y jurisdiccionales, responsabilidad de ese poder del Estado. “Con solo la implementación del procesal civil significó la contratación de 45 mediadores, personal de apoyo sustantivo para la oralidad dentro de este proceso. Esto estaba calculado en el presupuesto con un costo de 20 millones de córdobas y ya lo habíamos contemplado en el Presupuesto 2017”, dijo Martínez.
Lo que dice la CSJ sobre la planilla
Según el comunicado del poder judicial, esto es lo que habría dicho Berman Martínez sobre el tema de la planilla en dicha instancia:
“Bueno, mirá, en cuanto al aspecto administrativo yo te podría decir, si lo vemos desde el punto de vista de administración o área jurisdiccional, tenemos 2,600 funcionarios judiciales, entre jueces, magistrados, secretarios y notificadores, pero tenemos áreas que son sustantivas del poder judicial que son de apoyo sustantivo, como Control de Notarios, como Inspectoría Judicial, como los facilitadores judiciales, como los funcionarios de la resolución alterna de conflictos, que son judiciales pero que no caben dentro del concepto jurisdiccional, propiamente dicho, sino que previo a la judicialización de los casos”.
“Con la especialización, en cuanto a solo mediadores, vamos a contratar, ahorita tenemos 37, pero la meta es llegar a los 45 mediadores, que tenemos que distribuir en todos los distritos y lo que es el fortalecimiento de lo que es la Resolución Alterna de Conflictos, Dirac, eso con base en la puesta en marcha del Código Procesal Civil”.
LA PRENSA sobre las camionetas
Mientras magistrados de la Corte Suprema de Justicia estrenan camionetas del año, valoradas en 60 mil dólares, “a precio de lote”, según aclaró Berman Martínez, secretario general administrativo del poder judicial —ya que su valor comercial es de 80 mil dólares—, la mayoría de trabajadores tienen ocho años de estar esperando un reajuste salarial.
“No solamente camionetas hemos comprado, también hemos comprado 120 vehículos livianos y 78 camionetas doble cabina para funcionarios, magistrados, jueces y distribuirlos en todo el país. Quiero aclararte que el hecho que se compren equipos es una necesidad de renovar la flota vehicular del poder judicial”, recalcó Martínez.
“Lo que se está haciendo es reforzar la flota vehicular para poder atender la demanda de todos los servicios de los funcionarios judiciales. La verdad de las cosas es que el poder judicial no tenía flota vehicular, hemos venido a buscar cómo resolver problemas de los jueces de distrito que se han estado movilizando en sus propios vehículos, en buses, que asumen riesgo”.
La CSJ sobre las camionetas
Esto fue lo que habría dicho Berman Martínez sobre las camionetas:
“Quiero aclararte algo: no cuestan 80 mil dólares, por eso se compran por paquetes, pero quiero aclararte algo, el hecho de que se compren equipos es una necesidad de renovar la flota vehicular del poder judicial, entonces la renovación significa también que los equipos que tienen los magistrados pasan a otro funcionario de nivel como son los magistrados de los Tribunales de Apelaciones, que todos están distribuidos en la distintas circunscripciones del país. Es decir, lo que están haciendo es remodelar o reforzar la flota vehicular para poder atender la demanda de todos los servicios de los funcionarios judiciales. No solamente camionetas hemos comprado, hemos comprado también 120 vehículos livianos y hemos comprado alrededor de 78 camionetas doble cabina, o sea, no hemos comprado solo de ese tipo de equipo, sino que hemos equipado a funcionarios, magistrados, jueces y distribuirlos en todo el país”.