La Corte Suprema de Justicia, por medio de un comunicado de prensa publicado en el sitio web del poder judicial, señaló que el documento publicado por LA PRENSA el pasado lunes, referido a la forma en que tres magistrados discutían sobre un conflicto de propiedad, siguiendo orientaciones del presidente designado por el poder electoral, Daniel Ortega, era “apócrifo”.
La respuesta del poder judicial se da dos días después de la publicación del documento por parte de LA PRENSA y 22 días después de que este diario solicitó entrevistas, por escrito en la oficina de Relaciones Públicas del poder judicial, a cada uno de los magistrados involucrados en la discusión del conflicto: Alba Luz Ramos, Rafael Solís y Francisco Rosales, miembros de la Comisión Especial de Registros.
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“La Corte Suprema de Justicia por este medio aclara y desmiente una publicación del diario LA PRENSA de este lunes 17 de abril, en la cual se vierte una serie de informaciones tergiversadas sobre un conflicto de propiedad que involucra a una empresa inversionista, teniendo como fuente una supuesta e imprecisa ‘transcripción’ de una reunión de la Comisión Especial de Registros (CER) de este poder del Estado”, señala el comunicado del poder judicial.
El conflicto de propiedad al que refiere el documento involucra a la familia Navarro Soza con la empresa Camarones del Pacífico (Campa), donde uno de sus representantes es hermano del ministro de Inversiones, general en retiro, Álvaro Baltodano Cantarero.
LA PRENSA también intentó localizar a los representantes de Campa por medio del abogado Gerardo Hernández, del bufete Consortium Taboada y Asociados. Pero tampoco estos atendieron nuestras solicitudes.
La disputa se da por 1,100 manzanas de una finca denominada Santa Rita de Hato Nuevo, ubicada en El Viejo, Chinandega.
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El encuentro fue transcrito para funcionar como una “ayuda memoria” para los magistrados del poder judicial para luego establecer sus consideraciones sobre el caso. Este documento fue colocado por completo por LA PRENSA en el sitio web del rotativo.
“Como bien se puede apreciar a simple vista en la publicación, el diario toma por cierta una hoja sin membrete oficial de la CER o de la CSJ que no constituye de ninguna manera un acta de las que habitualmente elabora en este tipo de reuniones la Secretaría Técnica de la CER, las que luego son firmadas por los magistrados miembros de esta instancia”, añade el comunicado de la Corte.
“La ausencia en la publicación de ninguna firma de los magistrados miembros de la Comisión Especial de Registros demuestra que en todo caso se trata de un documento apócrifo, una transcripción antojadiza de supuestos vertidos en una reunión inexistente, como parte de las habituales prácticas difamatorias del diario LA PRENSA”, señala el comunicado del poder judicial en su párrafo final.
El documento, en ninguna de sus partes, indica un lugar para firma de los participantes en el encuentro ni que sea un acta formal que deba ser rubricada.
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El documento se denomina: Transcripción reunión Campa. Comisión Especial de Registros y luego en el mismo se transcribe el desarrollo de la reunión. La transcripción está plasmada en papelería con membrete del poder judicial.
Ortega quería que pagara el Estado
La ayuda memoria refleja cómo los magistrados judiciales discuten, consultan y siguen orientaciones del presidente designado por el poder electoral para emitir un informe que habría sido enviado a Ortega el 25 de octubre del año pasado, cuatro días después de haberse llevado a cabo la reunión.
En la transcripción a la que se tuvo acceso, el magistrado judicial Rafael Solís habría expresado que: “…Llamó al Comandante para no tomar una decisión precipitada (…). Que la última decisión que había tomado el presidente, que supuestamente estaba reunido con los Baltodano (representantes de Campa), le dijo que resultare lo que resultare, si hay un área ocupada o no, independientemente del área, que la iba a asumir el Estado. Que posteriormente el doctor Hernán Estrada (procurador general de la República) iba a hacer una negociación con ellos y se le pagare a la familia Navarro Soza”.
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