La socióloga e investigadora Elvira Cuadra aseguró que las organizaciones no gubernamentales (ONG) han venido trabajando los últimos 10 años en un contexto “complejo y hostil”, debido a las presiones y limitaciones de parte del gobierno de Daniel Ortega, que ve como amenaza su función crítica y de exigencia de rendición de cuentas a la administración pública.
Este sábado se realizó la segunda edición de la Feria de la Sociedad Civil, en la que participaron 37 ONG, y a la par se realizó un foro en el que Cuadra contextualizó la situación de los organismos.
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Según Cuadra, desde finales de los años 80 e inicio de los 90, la sociedad civil comenzó a crecer y a fortalecerse, desarrollando funciones políticas de auditoría social, poniendo en práctica el derecho a la participación ciudadana.
La socióloga mencionó que los procesos del desarrollo local, los espacios de participación ciudadana en los municipios, entre otros avances, fueron posibles por la participación de ciudadanos organizados, “pero en la forma de pensar de este gobierno eso es algo que no se puede permitir, y por eso vemos acciones dirigidas a disminuir y limitar la capacidad de acción de las organizaciones sociales”, dijo Cuadra.
“(El gobierno) las ve como una amenaza, porque son organizaciones autónomas que no necesariamente están plegadas a la posición del gobierno y que son colaboradoras, pero no colaboracionistas”, agregó.
Límites e intimidación
Cuadra explicó que el gobierno ha venido limitando a las organizaciones de la sociedad civil de forma estratégica, a través de mecanismos de control financieros desde el Ministerio de Gobernación e intimidación directa. Recordó la expropiación policial de computadoras y documentos al Centro de Investigaciones para la Comunicación (Cinco) en 2008, bajo acusación de triangulación de fondos; un señalamiento sin base con el que el Ejecutivo investigó también al Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) y a las organizaciones Oxfam (Gran Bretaña) y Forum Syd.
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Cuadra también manifestó que el gobierno de Ortega ejerce presión en las fuentes de cooperación internacional, para limitar el acceso de las organizaciones a esos fondos.
Luisa Molina, miembro de la Coordinadora Civil, aseguró que tuvo conocimiento de que un funcionario del Gobierno anduvo por los países donantes, principalmente de Europa y Estados Unidos, con una lista de nombres de organizaciones sociales que no debían recibir recursos.
Aún así, Cuadra valoró que la sociedad civil es “muy activa”, lo que según ella es evidente en la movilización de ciudadanos en comunidades rurales y expresiones de participación en áreas urbanas.
Cuadra destacó la importancia de fortalecer alianzas entre las organizaciones, para evitar divisiones debido a las condiciones adversas, no obstante, señaló que el principal reto es restablecer la democracia en el país.
“Un contexto democrático, aunque no sea perfecto, permite la posibilidad de diferentes actores de interactuar y de aportar”, expresó Cuadra.
Una feria de 37 organizaciones
El director del Movimiento por Nicaragua (MpN), Sergio Boffelli, explicó que la feria de la sociedad civil fue financiada por USAID a través del Programa de Donaciones con Ética y Transparencia, y se delegó en el MpN la coordinación del proyecto.
Boffelli dijo que en esta segunda edición se registraron 37 organizaciones.
Entre las ONG participantes estuvieron el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), Cinco, entre otras.
Importa articularse
El presidente del Movimiento por Nicaragua, Gabriel Álvarez, destacó la importancia de articular las ONG, sobre todo en estas circunstancias que considera no favorables para ejercicio de la ciudadanía. “Al gobierno de Daniel Ortega no le interesa que los individuos libres nos organicemos para hacer lo que nosotros queramos”, dijo Álvarez. Para el jurista, el reto de las ONG es dar a conocer los espacios donde se pueden organizar.
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