El editorial de ayer, titulado La tiranía no puede generar prosperidad, establecía que el tirano y su círculo necesitan una población con poca o ninguna educación para disminuir las posibilidades de que esta reclame sus derechos políticos y aumentar al tirano las posibilidades de perpetuarse en el poder.
Ese mismo incentivo para negarle a la población una educación de calidad, que le permita desarrollar un pensamiento crítico, daba como resultado la perpetuidad de la pobreza, algo que también beneficia al tirano, que entrega dádivas a los habitantes más pobres.
Por eso no sorprende el resultado de la encuesta Barómetro de las Américas, auspiciado por la Universidad de Vanderbilt, de los Estados Unidos, cuando dice que el 62 por ciento de los encuestados dijo apoyar un sistema democrático, pero el 44 por ciento expresó creer que “los presidentes deben hacer lo que el pueblo quiere aunque las leyes se lo impidan”.
Una de las conclusiones a la que llegaron analistas de la encuesta es que una gran cantidad de nicaragüenses no tienen claro lo que es democracia; a lo que podemos agregar que tampoco hay claridad en muchos en lo que es Estado de Derecho e institucionalidad democrática. Esto sin duda juega a favor del tirano.
Sin embargo, esta situación no solo tiene un efecto nocivo sobre los derechos políticos y civiles de las personas, ni limita solamente el desarrollo o la prosperidad de la sociedad, sino que también golpea el crecimiento económico del país.
La tiranía por definición destruye la institucionalidad democrática y por ende la transparencia tanto en la gestión gubernamental como en las relaciones entre el gobierno y el sector privado e incluso entre privados.
En Nicaragua el perjuicio que causa esta situación se puede demostrar con dos ejemplos: para nadie es un secreto que personas cercanas al régimen tienen intereses directos en generación de energía y venta de combustible, dos sectores determinantes para la competitividad de cualquier empresa.
La relación directa de los intereses económicos de personas cercanas al régimen en estos sectores bloquea los incentivos para abaratar los precios de la energía y los combustibles, aún cuando ha existido la oportunidad de hacerlo por la reducción de los precios del petróleo.
Si a esto le sumamos el hecho que la dictadura ha destruido la independencia y el poder fiscalizador de la Contraloría General de la República y de la Asamblea Nacional, lo que queda es una total falta de transparencia, altos costos en estos sectores clave y afectación a la competitividad, al crecimiento económico y al desarrollo.
La falta de institucionalidad democrática, igual que la falta de educación, termina perjudicando no solo los derechos políticos, sino el desarrollo y crecimiento económico de grandes, medianos, pequeños y micro empresarios, así como de los asalariados.
Hay quienes celebran el crecimiento promedio de 4.5 por ciento de la economía en los últimos años, pero ante las favorables circunstancias internacionales que tuvo Nicaragua en ese período, uno solo puede imaginarse el crecimiento y la prosperidad que se perdió por la falta de institucionalidad y transparencia.
