La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) presentó el martes de esta semana los escenarios que se plantearían para Nicaragua con la ley “Nica Act”, la cual prevé sanciones financieras al régimen de Daniel Ortega por sus atropellos a la democracia, en particular la negación de elecciones auténticas, justas y limpias.
La ley “Nica Act” ya fue aprobada por la Cámara de Representantes, pero tendría que ser aceptada por el Senado y avalada por el presidente de EE.UU., quien también la podría vetar. En este caso, el veto tendría que ser rechazado por dos tercios de los congresistas y senadores para que la “Nica Act” pueda convertirse en ley.
Pero aunque la “Nica Act” todavía no ha sido aprobada, existe el temor de que podría tener graves consecuencias para la economía nacional y afectar sobre todo a las clases populares que son las más vulnerables. De manera que ha sido oportuno el análisis de Funides del impacto económico que tendría “Nica Act” para Nicaragua, acerca del cual presentó tres escenarios posibles.
El primero de los escenarios es que no suceda nada, o sea que la “Nica Act” no sea aprobada y todo siga igual. El segundo es que aunque no se apruebe la ley, la amenaza de sanciones estadounidenses produzca un efecto negativo en la percepción de los inversionistas y se afecte el dinamismo económico del país. Y el tercer escenario es que “Nica Act” sea aprobada de manera definitiva, lo cual tendría consecuencias desastrosas para la economía nacional.
El régimen orteguista, por medio del asesor económico presidencial desestimó los escenarios proyectados por Funides, con la lógica irresponsable de que mientras “Nica Act” no sea aprobada, no hay por qué preocuparse; y si se aprobara, ya se vería entonces lo que se pudiera hacer.
Esta irresponsabilidad oficialista contradice de plano la calificación de “populismo responsable”, que en círculos académicos y mediáticos se le ha dado al régimen orteguista porque ha manejado bien la macroeconomía, controlado la inflación y pactado con la clase empresarial para facilitar el crecimiento económico.
La responsabilidad, para ser verdadera tiene que ser coherente e integral y la verdad es que Daniel Ortega ha sido irresponsable en materia política, por desmantelar la institucionalidad democrática, convertir las elecciones en farsas electorales, atropellar la Constitución y burlarse de la Carta Democrática Interamericana.
La Iglesia católica, los organismos empresariales Amcham y Cosep, la oposición política, la sociedad civil, los medios de comunicación independientes y, en fin, todo lo que hay de sano y responsable en la sociedad nicaragüense, le advirtió oportunamente a Daniel Ortega que la demolición de la institucionalidad democrática traería graves consecuencias para el país, incluso para él mismo. Pero el dictador no quiso escuchar las advertencias preventivas.
Sin embargo, la “Nica Act” no ha sido aprobada y Ortega tiene todavía la oportunidad de rectificar su rumbo político desviado, restablecer los derechos de los partidos de oposición y permitir elecciones competitivas, libres y limpias. Aunque, la verdad sea dicha, para el país y el mismo Ortega lo mejor sería que renunciara y se fuera a disfrutar tranquilamente la fortuna que ha amasado en el poder.
