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persecución

El Estado de Nicaragua habría incurrido en el incumplimiento del deber de investigar con la debida diligencia, por la presunta violación de un niña, destacó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. LA PRENSA/ TOMADA DE LA CORTE IDH

Gobierno: En Nicaragua no hay persecución a defensores de derechos humanos

Como "infundada" fue calificada la persecución a defensores de derechos humanos por parte del representantes del Gobierno en audiencia pública de la Corte Intreramericana de Derechos Humanos

 

La promoción y defensa de los derechos humanos es una realidad vigente en Nicaragua, según César Augusto Guevara, miembro de la delegación del Gobierno que representó al Estado de Nicaragua en la audiencia pública durante el 56 período extraordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Guevara y su compañera de delegación María Elsa Frixione, coincidieron en alegar además, que en el país no existe persecución en contra de los defensores de derechos humanos.

La intervención de ambos fue durante los alegatos finales la audiencia del caso Acosta, relacionado al crimen de Francisco García Valle, esposo de María Luisa Acosta en 2002, en Bluefields, Caribe sur.

En la audiencia realizada en Ecuador  Frixione, alegó que se intenta crear una percepción de que el Estado no respeta derechos humanos.

El alegato fue a propósito de lo señalado  por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la representación de la víctima que consideran que el crimen está vinculado a la labor que en ese entonces realizaba Acosta, en respaldo a los pueblos indígenas y buscaban exponer con este caso de que en Nicaragua existe persecución a los defensores de derechos humanos.

Guevara por su parte, pidió a la Corte no realice “experimento” con Nicaragua “al pretender condenarlo por supuesta persecución a defensores de derechos humanos”, puesto que según este no existen registros de persecución a defensores, tampoco ha habido asesinatos.

“El gobierno miente y miente descaradamente porque efectivamente a nosotros los defensores de derechos humanos sí nos persiguen, nos hostigan y nos amenazan”, reaccionó en Managua, el secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona.

En la intervención de los representantes  de la CIDH, estos refirieron que durante el proceso de investigación del crimen contra García, Acosta señaló que asesoraba a comunidades indígenas en esa región, por lo que no descartan que  el asesinato fuese una posible represalia, por el trabajo desempeñado por Acosta en ese momento.

El director ejecutivo del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Mauro Ampié, que la delegación oficial le haya encarado en la audiencia su movimiento migratorio del país, tras el crimen de su esposo y que hizo que Acosta preguntara “¿el Estado me vigila?”.

Ampié criticó esto y dijo viola el derecho a la vida privada de la familia de la víctima y estimó que “se observa la intención de revictimizar a la doctora Acosta”.

Hay hostigamiento al trabajo que desarrollamos (…) hay tenemos la última campaña que nos han dicho que somos traidores vende patria y nos han dicho que lo que nos deben de hacer es fusilarnos”.

Marcos Carmona/Secretario de CPDH

Represalias por su labor

Mauro Ampié director del Cenidh señaló que durante años ha denunciado la obstaculización por parte de las autoridades que les impiden verificar denuncias en los penales del Sistema Penitenciario Nacional (SPN) y de la Policía, como represalia por la labor que realizan en defensa de los derechos humanos.

Para el Cenidh “es claro que existe una campaña en los medios digitales principalmente orientada a denigrar la labor, orientada a deslegitimar y definitivamente que los obstáculos que hemos vivido desde el año 2008 que se han agudizado recientemente, hasta el extremo de que se niegan las autoridades a recibir nuestras comunicaciones”.

Una vez más el Estado me revictimiza, dice María Luisa Acosta, en alegatos finales en audiencia de Corte IDH en Ecuador.@laprensa — Elizabeth Romero (@Eliz_Romero) 11 de octubre de 2016

Se está lesionando el derecho de las víctimas  y el derecho del organismo “a defender derechos”, manifestó Ampié, quien considera que demuestra que el Gobierno está reacio a cualquier fiscalización

 

 

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