La familia de la activista hondureña asesinada Berta Cáceres y la ONG que lideraba denunciaron ayer sentirse “marginados” en la investigación que lleva a cabo la Fiscalía hondureña, a la que criticaron por sus “carencias y vacíos”.
“Tenemos preocupaciones con respecto a la falta de cumplimiento con los derechos de las víctimas en cuanto a que estamos marginados de las investigaciones por la ilegal secretividad interpuesta por el Ministerio Público”, criticó José Gaspar, del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), en una rueda de prensa en la Ciudad de México.
Berta Zúñiga, hija de la activista, cuestionó además las entidades financieras y fondos de desarrollo que permiten “la concreción de estos proyectos que han significado la muerte”.
Asimismo, insistió en su petición a las autoridades hondureñas para que un grupo de expertos interdisciplinario e independiente designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) coadyuve en el caso.
Esto por la “desconfianza” hacia “las autoridades hondureñas porque estas mismas instituciones fueron las que persiguieron y criminalizaron” a su madre, señaló.
