¡Hecha para nosotros! Esa es la exclamación que fácilmente puede brotar de quien lea el capítulo quinto de la reciente encíclica del papa Francisco, Laudato Si. Su inciso III, titulado Diálogo y transparencia en los procesos decisionales, pareciera haber sido escrito pensando en el debatido proyecto canalero.
Como lo indica su título, esta sección va dirigida al caso de países que están en el proceso de aprobar, o decidir, proyectos de envergadura que podrían afectar en forma seria e irreversible al medioambiente. El papa recuerda que tales proyectos no pueden lanzarse a la ligera. Deben cumplir una serie de exigencias ineludibles. Veamos cuáles son estas y cómo se aplican a Nicaragua.
Una primera exigencia, moral y práctica, es que tales proyectos deben manejarse con total transparencia, advirtiendo que es la corrupción la que lleva a los ocultamientos. Veamos sus palabras:
“La previsión del impacto ambiental de los emprendimientos y proyectos requiere procesos políticos transparentes y sujetos al diálogo, mientras la corrupción, que esconde el verdadero impacto ambiental de un proyecto a cambio de favores, suele llevar a acuerdos espurios que evitan informar y debatir ampliamente” (LS182).
Para el papa la exigencia de transparencia tiene dos corolarios o exigencias derivadas. Una es evitar el cortoplacismo El consumismo y los intereses privados, señala, dan “prioridad al corto plazo” y “pueden alentar trámites demasiado rápidos o consentir el ocultamiento de información”. La otra es que la información debe llegar a todos: “La participación requiere que todos sean adecuadamente informados de los diversos aspectos y de los diferentes riesgos y posibilidades… Hace falta sinceridad y verdad en las discusiones científicas y políticas, sin reducirse a considerar qué está permitido o no por la legislación”.
La segunda exigencia es el diálogo amplio y la búsqueda de consensos, con la particularidad, muy interesante para nosotros, de que deben priorizarse los habitantes de las zonas a ser afectadas. Veamos:
“Siempre es necesario alcanzar consensos entre los distintos actores sociales, que pueden aportar diferentes perspectivas, soluciones y alternativas. Pero en la mesa de discusión deben tener un lugar privilegiado los habitantes locales, quienes se preguntan por lo que quieren para ellos y para sus hijos, y pueden considerar los fines que trascienden el interés económico inmediato”. (LS184).
La tercera exigencia, y no por eso menos relevante, es que los estudios de impacto ambiental sean previos y no posteriores a la elaboración del proyecto.
Dice el papa:
“Un estudio del impacto ambiental no debería ser posterior a la elaboración de un proyecto productivo o de cualquier política, plan o programa a desarrollarse. Tiene que insertarse desde el principio y elaborarse de modo interdisciplinario, transparente e independiente de toda presión económica o política”. (LS183).
Es inevitable, tras leer estas exhortativas papales, ver como cada una de ellas ha sido ignorada en el caso de Nicaragua. El proyecto del canal se aprobó a toda prisa, por una asamblea sumisa, y sin previo debate nacional. La opacidad y la escasa información ha sido la regla, no la excepción. Tampoco se buscó el consenso y mucho menos se consultó de previo a los habitantes de las zonas afectadas. Estos recibieron como un terremoto la noticia de que los iban a desalojar pagándoles al precio catastral de sus propiedades y, en consecuencia, se lanzaron a protestar. Finalmente el proyecto se aprobó e inauguró antes de realizar y completar el estudio de impacto ambiental. Es más, hoy día, a más de dos años de haberse aprobado el canal, los resultados del estudio permanecen ocultos.
Resumen: ante exigencias que son legítimas y moralmente obligatorias, nuestro gobierno ha mostrado un cumplimiento cero.
El autor es sociólogo y fue ministro de educación.
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