Las descalificaciones hechas por el vocero de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Roberto Larios, contra la Asociación de Periodistas de Nicaragua, más que un exabrupto, revela una política de Estado de violencia contra los periodistas. La actitud omisa del máximo tribunal ante este hecho, en el actual clima de polarización social y política, coloca a los periodistas y trabajadores de medios de comunicación en una situación de vulnerabilidad al incrementar el riesgo de agresión.
Los funcionarios públicos también tienen derecho a la libertad de expresión, así lo estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Peroza y otros vs Venezuela del 2009, al determinar que cuando las autoridades estatales se pronuncian sobre cuestiones de interés público, deben hacerlo: Constatando en forma razonable, aunque no exhaustiva, los hechos que fundamentan sus opiniones; teniendo cautela en razón de su investidura, el amplio alcance de sus declaraciones y eventuales efectos que pueden llegar a tener en determinados sectores de la población (deben evitar que se reciba una versión manipulada de los hechos); y al ser garantes de la libertad de expresión y demás derechos fundamentales, sus declaraciones no pueden convertirse en una forma de injerencia directa o indirecta o bien, en una presión lesiva sobre los derechos de quienes pretenden contribuir a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento (Párr. 151).
En el referido caso, funcionarios venezolanos calificaron de “enemigos de la revolución”, “enemigos del pueblo” y “fascistas” a los periodistas y trabajadores de Globovisión, lo que derivó en una serie de ataques violentos como agresiones físicas contra reporteros que cubrían eventos, daños a equipos del Canal y hasta el ataque contra el edificio del referido medio con una granada de fragmentación. La omisión de la CSJ, es una invitación a otros funcionarios para emitir descalificaciones aún más fuertes, lo que a su vez incrementa el clima de hostilidad, intolerancia y animadversión contra los periodistas y trabajadores de medios de comunicación, colocándolos en una situación de vulnerabilidad.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe, Violencia Contra Los Periodistas y Trabajadores de Medios (2014), estimó que: “Una medida de protección simple pero sumamente eficaz consiste en que las más altas autoridades del Estado reconozcan de manera constante, clara, pública y firme la legitimidad y el valor de la labor periodística, aún cuando la información difundida pueda resultar crítica, inconveniente e inoportuna para los intereses del Gobierno” (Párr. 37).
La descalificación al ejercicio periodístico por parte de funcionarios públicos, es una forma antidemocrática de ejercer la función pública que distrae la atención del principal problema, la incapacidad de gobernar. Además, genera una polarización social y política que finalmente coloca en una situación de vulnerabilidad a los periodistas y trabajadores de medios de comunicación, afectando con ello la libertad de expresión y por ende la democracia en un país.
Es mi percepción que los juristas más brillantes del país no sienten ni la menor admiración intelectual por los magistrados de la CSJ, ya que obviamente no fueron esos los motivos de su designación. Es posible incluso que ello explique el inédito protagonismo de Larios como vocero, al ser notoria la incapacidad de un buen número de magistrados de hablar públicamente, pero lo cierto es que la CSJ tiene la disyuntiva histórica en estos momentos de prevenir la violencia contra los periodistas y trabajadores de medios de comunicación o ser un agresor más, de ellos depende.
El autor es maestro en Derechos Humanos
