El actual gobierno de Daniel Ortega ha sido intolerante desde el primer momento, pero últimamente parece haberse radicalizado en esa enfermiza compulsión antidemocrática.
Como se sabe, en su sentido social y político la intolerancia es la “incapacidad de aceptar las opiniones o ideas de los demás que no coinciden con las propias”. Se trata de una anormalidad de la conducta personal que, al ser erigida en política de Estado, se manifiesta en exclusiones y represiones como las que practica el régimen actual.
La radicalización de la intolerancia orteguista se ha manifestado últimamente en hechos de repercusión nacional e incluso internacional. Tal ha sido el caso de la prohibición de ingresar al país a los abogados y activistas internacionales de derechos humanos, Marta González, española y Juan Carlos Bouba, peruano, quienes venían a Nicaragua el viernes 15 de mayo corriente para participar en un evento con motivo del 25 aniversario del Cenidh
Cuatro días más tarde, el régimen orteguista no permitió la entrada del caricaturista francés Julien Berjeaut, colaborador del semanario satírico de París martirizado por el terrorismo islámico, Charlie Hebdo. Berjeaut debía participar en el evento literario Centroamérica cuenta, que estuvo dedicado precisamente a la libertad de expresión.
Otro de los más recientes actos de intolerancia del régimen orteguista contra la libertad de expresión y de prensa, fue la decisión de impedir que los medios independientes cubrieran una audiencia judicial represiva contra el empresario Milton Arcia; con el agravante, este caso, de que los periodistas independientes fueron difamados por el vocero del poder judicial con expresiones injuriosas contra su dignidad personal y profesional.
Pero el peor de los casos, en esta escalada de la intolerancia orteguista, es el del catedrático universitario de Derecho, doctor Gabriel Álvarez Argüello, a quien están expulsando de su cátedra en la UNAN León basados en acusaciones de supuestas faltas disciplinarias de segundo orden. En realidad de lo que se trata es de una grosera represión contra el doctor Álvarez, por sus ideas y opiniones políticas críticas al Gobierno, como necesariamente tienen que ser viniendo de una persona de derecho, democrática y con honestidad intelectual.
Decimos que la represión contra el doctor Álvarez es el peor caso de intolerancia gubernamental, porque involucra a la universidad nacional que institucionalmente es autónoma. Precisamente por eso la universidad tiene que ser un ámbito de tolerancia y de libertad irrestricta, pero el régimen orteguista la ha convertido en reducto partidista y foco de intolerancia y de represión contra las ideas y el pensamiento crítico y libre. De esto han sido víctimas ciudadanos de reconocimiento histórico y cultural como Sergio Ramírez Mercado, Dora María Téllez, Mónica Baltodano, Humberto Belli Pereira y ahora el profesor Gabriel Álvarez, entre muchos otros.
A la Libertad por la Universidad es el lema histórico de la Universidad Nacional establecido en 1958 por el rector de la autonomía universitaria, Mariano Fiallos Gil. Un lema de valor imperecedero que han sustituido con un anodino “Por la pertinencia y la excelencia académica”, que en la realidad significa “por una universidad intolerante sometida al orteguismo”.
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