Después de que el juez federal Jeffrey Bryan ordenara, a finales de octubre, el regreso a Estados Unidos del migrante nicaragüense Kenis López, deportado a la República Centroafricana, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) solicitó suspender durante dos semanas el cumplimiento de la orden. Sin embargo, este martes el juez rechazó la petición al considerar que no existen pruebas que justifiquen la permanencia de López en Bangui.
El Gobierno de Donald Trump intentó frenar el regreso de López. No obstante, el medio Bring Me The News reportó la decisión de Bryan. De acuerdo a la información, el DHS argumentó entre las razones para que López permanezca en el continente africano que «le costaría demasiado dinero al gobierno trasladar a López de regreso a casa».
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Pero el juez afirmó que el costo de regreso de López «representa una fracción insignificante (posiblemente tan pequeña como una millonésima parte) de los miles de millones que el DHS recibe cada año». Al mismo tiempo, destacó que la amenaza de daño que enfrenta el connacional en la República Centroamericana «supera con creces el costo involucrado».
Abogado teme que sea extraditado a Nicaragua
Simon Sandoval-Monshenberg, abogado de López, en declaraciones al medio MPRNews expresó su preocupación de que la República Centroafricana termine extraditando a Kenis a Nicaragua. La inquietud surge por antecedentes de otros casos.
«Se trata simplemente de una escala muy incómoda y muy larga en el camino de regreso al país al que Estados Unidos ya tiene prohibido deportarlo directamente», señaló el abogado.
El connacional de 40 años es uno de los seis migrantes nicaragüenses que Estados Unidos, bajo la administración de Trump, deportó a República Centroafricana desde finales de agosto a la fecha.
López, originario de Managua, llegó a suelo estadounidense en 2022, trabajaba en la construcción en Minnesota hasta que en enero de este año fue detenido cuando estaba saliendo de su casa rumbo a su trabajo por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Desde entonces estuvo en al menos cinco centros de detención hasta que fue deportado el 28 de agosto pasado.
«En una situación confusa»
El abogado de López afirmó que los migrantes deportados a terceros países se encuentran en «una situación confusa».
Explicó que «no está nada claro qué está haciendo el gobierno local, qué está haciendo el gobierno federal en la República Centroafricana, qué está haciendo la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)».
Enseguida sostuvo que «la postura del gobierno estadounidense, por supuesto, es que una vez que la persona baja del avión, nos desentendemos del asunto. Ya no es problema nuestro».
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López ya cumplió dos meses desde que llegó a Bangui, capital del país centroafricano sin litoral, donde actualmente existe un prolongado conflicto armado y la presencia de mercenarios rusos lo ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo.
Durante su estancia —según relató antes el nicaragüense— los migrantes deportados han tenido que enfrentar precariedades. Hay cortes del servicio de agua potable de hasta tres días e igual pasa con la energía todos los días.
Abogado vigila de cerca el cumplimiento de la orden
Sandoval-Moshenberg señaló que vigila de cerca el cumplimiento de la orden del juez Bryan que incluye varios plazos para que el gobierno federal organice el viaje, le otorgue al nicaragüense la documentación necesaria para poder retornar, dado que el ICE confiscó su pasaporte e identificación.
«Lamentablemente, en muchos de estos casos, hemos tenido que volver al tribunal de distrito y decir: ‘Miren, el gobierno está demorando el proceso. No están haciendo nada», apuntó.
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López, en declaraciones a LA PRENSA, dijo que se siente bien y que su abogado ya le había advertido de las posibilidades de apelación.
«No me siento preocupado, me siento normal, ya sabía que eso iba a suceder, mi abogado ya me lo había comentado, que el Gobierno no se iba a quedar de manos cruzadas. Mi abogado ya estaba preparado para esa situación, así que espero que mi retorno a EE. UU. sea pronto, confiando en Dios», declaró el nicaragüense desde Bangui.
El caso de Kenis López
Previo a la detención que sufrió en enero de este año, en 2024 ya había sido detenido cuando acudió a una cita con el ICE; le tocó pelear su caso de asilo político bajo custodia. El 13 de agosto de ese año recibió el Withholding of Removal (suspensión de la deportación) que le otorgó una jueza. Es una protección especial que impide que el gobierno estadounidense lo deporte a su país de origen.
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El 17 de agosto de 2026, López fue trasladado de Dallas a Alvarado, Texas. De ahí, el 28 de agosto fue sacado para montarlo en un avión con rumbo desconocido. En declaraciones anteriores a LA PRENSA narró que fue víctima de agresión física por parte de agentes del ICE, porque él se negaba a abordar el avión.
Denunció que en ese momento fueron esposados de la cintura, pies y manos. «Yo les pregunté ‘¿para dónde vamos?’, lo único que respondieron ‘a África Central’, en ese momento yo le dije que nosotros no podíamos bajarnos ni irnos, supliqué que no me mandaran, porque no somos de ese continente, nos comenzaron a decir que quisiéramos o no teníamos que bajarnos e irnos por las buenas o las malas», dijo en agosto pasado a este Diario.
Ante dicha situación, el nicaragüense sostiene que los agentes del ICE se acercaron en grupos y les comenzaron a disparar balas de goma y a golpearlos.
Deportados a ocho países de África
En agosto pasado, el medio internacional CBS News, tras obtener documentos internos del gobierno estadounidense, reveló que ICE, bajo la Administración de Donald Trump, deportó en el lapso de 10 días a más de 100 migrantes originarios de Afganistán, Cuba, Nicaragua y otras nacionalidades a ocho países de África.
Los documentos obtenidos por el medio estadounidense señalan que tres vuelos de deportación de ICE dejaron a decenas de hombres y mujeres expulsados de EE. UU. en Burundi, Camerún, República Centroafricana, Guinea Ecuatorial, Eswatini, Liberia, Ruanda y Sierra Leona.
El DHS argumenta que cuando un inmigrante indocumentado decide presentar una demanda ante un tribunal negándose a regresar a su país de origen, «la ley nos exige encontrarle un país seguro al que pueda ir».
