En días recientes ha causado preocupación una iniciativa legal para la promoción y desarrollo de la red nacional de servicios de telecomunicaciones de banda ancha, en particular la creación de un punto de interconexión nacional administrado por el Estado con el potencial de interceptar información creada por usuarios de internet. La propuesta tiene gravísimas implicaciones respecto de la privacidad, libertad de opinión y expresión.
Si bien es cierto no existen tratados internacionales de Derechos Humanos (DD. HH.) e internet, lo cierto es que podemos encontrar otros instrumentos (Soft law) como: El Informe de Libertad de Expresión e Internet de la CIDH de 2013; la Resolución 68/167 de la ONU, el Derecho a la Privacidad en la Era Digital de 2013; y una serie de declaraciones conjuntas de las relatorías de libertad de expresión de la ONU y la CIDH.
Aunque no exista el mismo carácter de obligatoriedad, es importante tener presente que estos instrumentos emanan de los operadores del sistema de protección del Derecho Internacional de los DD. HH. y por lo tanto serán su punto de partida al momento que les sea sometido a su consideración la situación concreta.
Internet es considerada como una herramienta única de transformación para la libertad de expresión, dado su potencial inédito para buscar, recibir y difundir información, así como una plataforma efectiva para la realización de otros derechos. En igual sentido, se reafirma la obligación del Estado de respetar en primer término y proteger el derecho a la privacidad de las personas usuarias de la red.
En correspondencia con ello, se considera que la intercepción de los datos sobre comunicaciones es una limitación al derecho a la intimidad y tiene un efecto inhibidor respecto de la libertad de expresión y opinión. La intercepción de comunicaciones sin respaldo legal legítimo, no solo viola DD. HH., sino que nos hace tomar distancia de la existencia de una sociedad democrática, ya que esta exige que los individuos puedan comunicarse sin interferencias indebidas, y las comunicaciones deben revestir un carácter privado y seguro.
Es incompatible con los DD. HH. la existencia de un ente gubernamental que en todo momento y circunstancia pueda interceptar nuestras comunicaciones por violar nuestra privacidad y tener un efecto inhibitorio sobre nuestra libertad de expresión y conciencia. En todo caso, la intercepción de comunicación es legítima y respetuosa de nuestros DD. HH. en la medida en que se plantee de esta forma excepcional (no la regla) en ley y con una serie de garantías que limiten la potestad.
Entre esas restricciones encontramos en primer lugar que la ley que lo permita debe ser sujeta a un test de proporcionalidad, lo que implica que debe buscar un fin legítimo (investigación criminal), ser proporcionada (delitos graves), necesaria (no hay otra manera) e idónea (ayuda a esclarecer el hecho). En igual sentido, la intercepción requiere autorización judicial, y esta debe brindarse solamente si se acredita la naturaleza, alcance y duración de la intercepción, así como los hechos que la justifican y la autoridad que la realizará.
En la intercepción de comunicaciones, el concepto de seguridad nacional debe contener inspiración democrática y no puede usarse como pretexto para perseguir, intimidar o evitar la labor de periodistas, disidentes políticos y defensores de derechos humanos.
La existencia de un órgano del Estado que pueda interceptar nuestras comunicaciones de forma cotidiana y sin control alguno, vulnera nuestra privacidad y tiene un efecto inhibitorio en nuestra libertad de opinión y expresión, simplemente dejaremos de ser una sociedad libre. Si Ortega quiere que la CIDH y la ONU determinen la responsabilidad internacional del Estado de Nicaragua por violar la privacidad y la libertad de opinión y expresión, le aconsejaría que proceda con su iniciativa legal.
El autor es Maestro en Derechos Humanos
