El próximo 25 de febrero se cumplirá el 25 aniversario de las elecciones del 25 de febrero de 1990, las cuales fueron ganadas por la Unión Nacional Opositora (UNO) y doña Violeta Barrios de Chamorro. Aquellas elecciones históricas y trascendentales permitieron poner fin a la guerra civil, e iniciar la transición de la dictadura sandinista a una democracia republicana y una economía de libre mercado, la única que puede garantizar el crecimiento económico y el bienestar social.
Este aniversario tan significativo debería ser conmemorado unitariamente por toda la oposición democrática de Nicaragua. Es cierto que las iniciativas particulares son importantes y cada partido o grupo político y de la sociedad civil tiene derecho de conmemorarlo como quiera. Pero es mejor hacerlo unidos, considerando que el triunfo del 25 de febrero de 1990 se logró porque la oposición de aquel entonces se aglutinó en la Unión Nacional Opositora (UNO) y alrededor de un candidato que conquistó el corazón del pueblo nicaragüense, como fue doña Violeta Barrios de Chamorro.
25 años después de las elecciones del 25 de febrero de 1990, otra vez es imperiosamente necesario que haya un Consejo Supremo Electoral (CSE) confiable. Esto es indispensable para que las elecciones del próximo año puedan ser justas y limpias. Como está integrado el CSE actualmente, es imposible que pueda haber comicios libres y transparentes. Esto lo deben tener muy claro los dirigentes y miembros de todos los partidos y grupos de oposición, de la verdadera oposición. Ellos tienen que saber que participar en las elecciones del próximo año sin las garantías debidas —que comienzan por hacer cambios de magistrados o miembros del Consejo Supremo Electoral—, solo sería para conseguir algo de la cuota de representación minoritaria que el régimen orteguista esté dispuesto a conceder.
Por otra parte, la comunidad democrática internacional también debería interesarse en que haya cambios en el CSE. Las elecciones libres y limpias son un componente esencial de la democracia, cuya promoción y defensa es un compromiso de todos los países democráticos. Luis Yáñez-Barnuevo García, jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en los comicios de noviembre de 2011 en Nicaragua, señaló claramente que aquí solo puede haber elecciones libres y transparentes si previamente se realizan cambios en el Consejo Supremo Electoral. Así lo señaló después de presentar el informe de la misión europea que presidió, en el cual se consignó que las elecciones de noviembre de 2011 “adolecieron de falta de transparencia y excesiva opacidad”. La advertencia de Yáñez-Barnuevo se confirmó en las elecciones de 2012, que otra vez fueron fraudulentas precisamente porque los mismos magistrados electorales del 2011 volvieron a contar los votos.
Hay que recordar también que los obispos católicos de Nicaragua, en el documento titulado En búsqueda de nuevos horizontes para una Nicaragua mejor, que le entregaron a Daniel Ortega el 21 de mayo del año pasado, le pidieron “que ofrezca su palabra de honor para garantizar en el 2016 para Nicaragua un proceso electoral presidencial absolutamente transparente y honesto, con nuevos y honorables miembros al frente del CSE, en el que brille sin ningún tipo de duda la voluntad popular…”
Ortega no ha respondido. Pero la demanda está planteada y hay que exigirle que responda y que la cumpla.
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