Hoy se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos, el cual fue instituido para conmemorar la proclamación de la Declaración Universal de Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948.
Con este motivo, el Consejo Nacional en Defensa de Nuestras Tierras, Lago y Soberanía (que agrupa a las comunidades de los lugares donde ha sido trazada la ruta canalera), así como organizaciones de la sociedad civil y grupos políticos democráticos, realizarán hoy en Managua una marcha cívica contra el proyectado Canal Interoceánico en Nicaragua.
Los organizadores de esta marcha consideran que la concesión para la construcción del Canal lesiona la soberanía nacional y la integridad territorial del país, representa una grave amenaza contra el medioambiente y también atenta contra los derechos humanos de todos los nicaragüenses, particularmente de quienes viven en el territorio de la proyectada ruta canalera y se sienten amenazados con la expropiación injusta de sus propiedades y el desarraigo de sus tierras ancestrales.
También los organizadores de la marcha denuncian que el Gobierno ha boicoteado el transporte para la gente del interior del país y ha montado la realización de unos supuestos simulacros de emergencia, para tratar de impedir la movilización popular. Y algunos no descartan una posible represión directa, como la han azuzado por medio de las redes sociales elementos extremistas y fascistoides pertenecientes al sector oficialista.
Hasta ahora el Gobierno no ha reprimido directamente las marchas contra el Canal. Y en esta ocasión, aparte de las presiones para que los marchistas no tengan transporte y de los supuestos simulacros de emergencia, lo que han estado haciendo la compañía canalera y el Gobierno es cabildear con grupos financieros, la burocracia sindicalista e inclusive con representantes de la Iglesia católica, para tratar de quitarle aliento a la marcha.
Pero es comprensible que un proyecto como el del Gran Canal de Nicaragua provoque sentimientos diversos y reacciones encontradas entre los ciudadanos. Es lógico que algunos nicaragüenses apoyen la construcción del Canal, que otros la rechacen de plano y que muchos más tengan dudas, reservas y temor de que podrían ser muchos más los daños y perjuicios del Canal que los beneficios que podría reportarle a la nación. Beneficios que durante largo tiempo serían solo para los concesionarios y los concesionistas, mientras que al país solo le quedarían provechos colaterales menores como le ocurrió a Panamá durante todo el tiempo que el Canal fue propiedad de Estados Unidos.
Además, el carácter leonino del acuerdo canalero, la falta de consulta a la población y de su consentimiento, el ocultamiento de la identidad de los inversionistas, la ausencia de información veraz y creíble sobre los estudios de factibilidad medioambiental, financiera y técnica del Canal, etc., son razones más que suficientes para el rechazo y las dudas de muchos nicaragüenses.
En todo caso, los ciudadanos tienen derecho de manifestarse públicamente en las calles y esperamos que el Gobierno resista el impulso de pasar de las presiones para impedir la participación ciudadana en la marcha de hoy contra el Canal, a una acción represiva brutal como las que se acostumbran en la China comunista.
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