En días recientes se han vuelto a debatir —de manera muy limitada— dos temas económicos muy relevantes para el público en general. El primero, la posibilidad de modificar el actual sistema cambiario de deslizamiento del córdoba, o de devaluación gradual del 5 por ciento anual respecto al dólar. El segundo, la reforma tributaria que se plasmó en la Ley de Concertación Tributaria (LCT).
En relación al primer tema, la sugerencia —formulada hace años por el FMI y al parecer retomada recientemente por Funides— de un sistema cambiario flexible —es decir que el tipo de cambio del córdoba fluctúe de acuerdo a la oferta y demanda de dólares—, no tiene ninguna ventaja significativa. En teoría, un sistema cambiario flexible permitiría una política monetaria autónoma —que no existe actualmente— y hacer frente a los llamados choques externos como un aumento en el precio del petróleo. Ello sin embargo es utópico. Nicaragua es una pequeña economía altamente abierta con una elevada propensión a importar y con un enorme déficit comercial. Ante una recesión —como la del 2009, por ejemplo—, no es posible usar políticas monetarias expansivas anti cíclicas, ya que agravarían el déficit comercial. Una política monetaria activa no puede resolver el desempleo —y menos el subempleo— principal problema del mercado laboral. En el contexto actual, la mejor alternativa en Nicaragua es una política monetaria neutral, es decir que no cause problemas.
Para nadie es un secreto que la economía nicaragüense está altamente dolarizada y que la mayoría de los precios o se expresan en dólares o se ajustan con el deslizamiento. El deslizamiento cambiario del 5 por ciento anual, le pone “un piso” a la inflación, la que como resultado suele ser no menos del cinco por ciento anual. Los salarios están en córdobas, por lo que los asalariados y la mayoría de los consumidores son los principales perdedores del actual sistema cambiario.
La alternativa con menos desventajas al actual sistema cambiario no es la cordobización acompañada de un sistema cambiario flexible, sino el pasar a una dolarización oficial, como en Panamá, Ecuador y El Salvador. Una dolarización oficial no es ninguna panacea —tampoco ninguna otra alternativa lo es—, pero es la que presenta menos desventajas. Tiene además la ventaja que erradicaría el riesgo cambiario, promovería la inversión extranjera y tendería a bajar las tasas de interés
En relación al segundo tema, la LCT vino a formalizar un sistema de impuestos sobre la renta de carácter “dual”, que favorece la rentas de capital-dividendos, ganancias de capital —y discrimina en contra de los ingresos de los asalariados—. Esa Ley además dejó casi intacto el amplio sistema de exenciones y exoneraciones vigentes —que perjudica a los empresarios que no reciben exoneraciones, ya que lo que no paga Pedro lo paga Juan— y un sistema tributario regresivo que perjudica a los sectores de menores ingresos.
No es cierta la afirmación de José Adán Aguerri (Aclaraciones alrededor de la LCT, Diario LA PRENSA, 30 de septiembre), de que en Nicaragua no se mencionaron críticas a ese sistema de impuesto sobre la renta “celular” o “dual” que se formalizó en la LCT. En Nicaragua —en diversos documentos— varios economistas formulamos serias críticas a ese sistema. Gómez Sabaini —el mejor experto latinoamericano en temas tributarios— y el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, también han criticado ese sistema dual en Centroamérica. El problema no es la ausencia de sólidos criterios técnicos contrarios al sistema de renta dual o celular que formalizó la LCT. El problema no es técnico, el problema radica en la influencia desmedida de los grupos de presión beneficiados. Como señaló la Cepal, suele existir en América Latina coaptación de las políticas tributarias por los grupos de interés. En un libro reciente Aarón Schneider, señaló lo mismo para Centroamérica.
Es necesario que todos los sectores-asalariados, consumidores, pequeños empresarios, clase media y los de menores ingresos —y no solo los grandes empresarios—, ejerzan la influencia que les corresponde en las políticas públicas. Políticas económicas que afectan a todo el público —como la fiscal y la cambiaria— no son tan complicadas como algunos creen. Si en la discusión de las políticas pública no participan de alguna manera los afectados, muchas políticas públicas seguirán respondiendo a los intereses de pequeños grupos.
El autor es doctor en economía
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