Edmundo Jarquín
Al momento de escribir este artículo no tuve a mano uno (creo recordar era parte de sus famosos Escrito a máquina dominicales), que Pablo Antonio Cuadra (PAC) publicó a raíz de la masacre del 22 de enero de 1967. Lo cito, entonces, de memoria.
Las negociaciones que pusieron fin a la tensa situación de decenas de opositores encerrados en el Gran Hotel de la vieja Managua, después de la masacre, y rodeados por tanquetas y centenares de guardias de Somoza, se saldaron con el compromiso verbal del gobierno somocista de dejar salir a los encerrados y no tomar represalias contra ellos. Al siguiente día, apresó a Pedro Joaquín Chamorro y otros dirigentes opositores que habían creído, igual que los mediadores (entre ellos el Nuncio Apostólico), en la palabra del Gobierno.
PAC, entonces, relató una ley del desierto, no escrita, sobre el valor de la palabra, y reflexionaba sobre el respeto que en diversas culturas tienen leyes no escritas, entre otras honrar la palabra comprometida. Según esa ley del desierto, hay que socorrer al desvalido. Con frecuencia se citan casos ejemplares de nuestra cultura rural, o de antaño, de personas que honran sus deudas, sin mediar ni papeles ni abogados, solamente por la palabra comprometida.
Al filo de su relato PAC recordaba a un hombre que envidiaba la cabalgadura de otro, y no pudiendo adquirir la bestia por más ofertas halagadoras que había hecho al dueño, una vez se fingió enfermo en el camino por donde sabía pasaría el dueño del hermoso caballo. Al ver al desvalido, acatando la ley del desierto bajó el beduino de su bestia y la ofreció al postrado quien, una vez sobre el lomo del caballo que ambicionaba, lo espoleó y salió a galope. El engañado le gritó: llévate el caballo, pero decí te lo vendí, para que se siga respetando la ley del desierto.
El tema viene a cuestión porque a raíz del remedo de “consultas” que el Gobierno anda haciendo sobre el proyecto del canal interoceánico, han surgido muchas preguntas —en general, sin respuestas satisfactorias— entre ellas una que se planteó desde un principio: ¿a qué valor se ejercerá la ilimitada facultad expropiatoria que Ortega dio al concesionario Wang Jing sobre prácticamente todo el territorio nacional?
Contra esa facultad expropiatoria del concesionario del canal, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) recurrió por inconstitucionalidad. Ese recurso de inconstitucionalidad, igual que con una treintena más de recursos que interpusieron otros ciudadanos y organizaciones, desde luego fue denegado porque la Corte Suprema de Justicia es un organismo absolutamente dependiente de la voluntad de Ortega.
El Cosep y los ciudadanos legítimamente han venido insistiendo en su reclamo. Incluso fue noticia esta semana, a propósito de la publicación de la revista Forbes Centroamericana sobre Nicaragua, el “compromiso público” que la empresa HKND habría adquirido —“indistintamente de lo que dice la ley”, escribió el presidente del Cosep— de revisar caso por caso cada expropiación, y que en todos los casos los afectados quedarían en mejores condiciones.
No se tiene la menor duda de las buenas intenciones de las gestiones realizadas ante el Gobierno y la empresa concesionaria, ni de la buena fe con la cual ese “compromiso público” es asumido, pero los nicaragüenses tenemos todo el derecho y toda la razón de dudar de la buena fe de Ortega y del concesionario. Si Ortega y su gobierno no respetan la Constitución y las leyes escritas, y el concesionario aceptó unos derechos abiertamente ilegales, ¿por qué vamos a creer que van a respetar la palabra que comprometen?
Hace pocos días todos los sectores que condenamos el crimen del 19 de julio acogimos la palabra de Ortega de que habría justicia, conforme la ley, y no venganza. ¿Y qué está ocurriendo con la persecución que se ha desatado en Matagalpa contra los opositores? ¿Se están acaso respetando la ley y los recursos de exhibición personal por los apresados?
Además, el Gobierno y concesionario dicen que las expropiaciones se revisarán “caso por caso”. Con un gobierno arbitrario y discriminatorio, ¿quién garantiza que “caso por caso” no sea un vengativo “ojo por ojo”, premiando a simpatizantes y castigando a opositores, con las expropiaciones? El derecho a la duda de los nicaragüenses se lo ha otorgado el Gobierno con sus abusos y arbitrariedades.
El autor fue candidato a vicepresidente de Nicaragua.
Ver en la versión impresa las páginas: 11 A
