La gran mayoría del pueblo nicaragüense se opone, aunque no de manera debidamente organizada, al dictador en turno. Esta debilidad organizativa tiene varios orígenes: Los partidos políticos, como forma de oposición contra el inconstitucional gobernante Daniel Ortega, son —paradójicamente— una de las estructuras menos efectivas, dado su elevado grado de corrupción. La empresa privada, como núcleo de poder interesado en la democratización del sistema, está ventajosamente acomodada en la cama del tirano. Por su parte, la oposición de personajes relevantes es, en el mejor de los casos, ambivalente.
Actualmente no existe en Nicaragua una visión ideológica clara, alrededor de la cual se unifique la oposición. Durante el último decenio nos hemos ido quedando sin espacio y lugar para pensar en la manera efectiva de cómo reorganizar las fuerzas políticas y encausar la restauración de los valores republicanos.
En estos años, paulatinamente, el sentido de propósito y mérito que usualmente radica en los individuos como una condición sana y noble se ha ido desvaneciendo a medida que —incrementalmente— se le va arrebatando a estos su derecho a la oportunidad de prosperar y con ello su capacidad de sentirse orgullosos de sus propios logros. La confianza en el sistema se ha tornado en temor e intranquilidad.
Hoy día, el nicaragüense sabe que no puede evocar y depender de sus recursos individuales y que no cuenta con una organización política ortodoxa en donde pueda generar vigor y canalizar sus recursos personales hacia la defensa y preservación de un sistema democrático. La sana reciprocidad que normalmente existe entre una organización política práctica y el interés individual ha ido desapareciendo en nuestra sociedad, ante la realidad de un dilapidado caudillismo.
De ahí la necesidad de reformas en el liderazgo de los partidos políticos de oposición en Nicaragua. Es, simplemente, indispensable que el partido político, como organización práctica, ofrezca la promoción de cada nicaragüense, afirme la importancia de cada ciudadano, la familia y la sociedad civil y promueva las oportunidades para el desarrollo personal. Este debe tener como propósito el preservar nuestras libertades individuales y la libre empresa. Debe tener como objetivo la promoción de respeto a las estructuras básicas de nuestra desfallecida democracia y debe inducirnos a la dignificación de ese sistema cuyo futuro aparece cada vez menos promisorio.
Es imperativo rescatar nuestros partidos de las garras indeseables que manejan estas organizaciones de manera contrastante a sus previstos propósitos. En el marco de sus más “elevados e irrenunciables objetivos”, el partido político práctico, no solo debe enunciar o proponer que “el Gobierno es una actividad ordenadora que representa la responsabilidad, honestidad, capacidad y vocación de servicio público”, sino que tiene que ver estas funciones como principios genuinos que encauzan, motivan, y esfuerzan la acción y dinámica de la administración pública. Y más importante aún, esta organización debe ser activista en lo que se refiere al mejoramiento, protección, experiencia y eficiencia en la administración de la justicia. Esta debe reconocer que la justicia es condición sine qua non para que el individuo pueda prosperar libre de discriminación, prejuicios y hostigamientos para garantizar la igualdad de oportunidades.
Nuestros actuales propósitos de unificar las fuerzas de oposición política requieren no solo la remoción de las actuales cúpulas corruptas sino del surgimiento de un liderazgo fresco, probo y renovado. Esto no puede ser más importante, si es que optamos por un método de lucha pacífica en Nicaragua.
Tenemos que darnos cuenta que, en este sentido, estamos comenzando de cero.
El autor es economista y escritor
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