La democracia, dice José Luis Aranguren, no es únicamente un sistema político sino también, y sobre todo, un sistema de valores. Por ello es imprescindible la coherencia que debe existir entre la voluntad colectiva, la ley que debe contenerla y los valores que deben regir a ambas.
Un sistema legal puede ser contrario a la democracia si expresa la voluntad autocrática de quien ejerce el poder, pues este, cuando dispone de una mayoría significativa en la Asamblea legislativa, puede hacer de la ley un instrumento de sus ambiciones y una expresión legalizada de su arbitrariedad.
Por su parte, la voluntad colectiva, como ha ocurrido en muchos casos, puede ser manipulada por quien ejerce el poder, transformando al pueblo, fuente de la soberanía, en caja de resonancia de sus intereses.
Por ello es necesario que la ley sea expresión de la voluntad general y esta de los valores y principios reconocidos universalmente, tales como la libertad, la dignidad, el respeto a la integridad de la persona, el derecho a la defensa, la presunción de inocencia, el sistema de recursos legales, la libertad política, la libertad de expresión y de manifestación, entre otros valores consagrados en los acuerdos internacionales de Derechos Humanos.
En Nicaragua, la historia nos enseña que el poder, con no poca frecuencia, se apropia de los derechos fundamentales de la persona y la sociedad, al erigirse como verdad absoluta a cuyo servicio están las instituciones y órganos del Estado. A ese poder omnímodo se subordina el sistema legal, el que, en algunos casos, viene atropellado y demolido por las actuaciones de facto; en otros, adaptado a los intereses del poder; o, finalmente, sometido mediante una combinación de ambos procedimientos: primero, violación de la Constitución y las leyes, y luego, reformas constitucionales y legales que transforman esas actuaciones en comportamientos legalizados.
Algo semejante a lo anterior podemos observar, en nuestro país, con las más recientes reformas constitucionales y legales, en las que se han transformado en normas jurídicas, actuaciones del presidente de la República que violaron, en su momento, la Constitución y las leyes, y que ahora, tales medidas están legal y constitucionalmente establecidas. Los ejemplos más recientes son las reformas a las leyes del Ejército y de la Policía. Con toda esta práctica, lo que estamos presenciando en Nicaragua es una inversión del principio universal que establece la subordinación del poder a la ley en su contrario, que es la subordinación de la ley al poder.
La democracia, decíamos, es un sistema de valores, y también diríamos que es la filosofía de los límites y de la legitimación del poder. Construir la democracia en Nicaragua significa restaurar la ruptura entre lo político y lo jurídico; evitar que prevalezca la idea de que lo económico y lo político constituyen categorías separadas; reafirmar la relación entre lo económico y lo social; consolidar la idea de que la sociedad civil constituye un factor esencial para la democracia, pues por su propia naturaleza tiene una función importante en el diseño de la estructura política del país.
La ruptura entre el Estado y la sociedad civil es una de las formas más visibles de fragmentación, ya que se trata de dos entidades que están necesariamente correlacionadas. El Estado es la forma orgánica de expresión de la sociedad. Es la sociedad política y jurídicamente organizada. La sociedad, por su parte, es la naturaleza del Estado, el origen y justificación del poder y la soberanía. La sociedad ha sido, hasta hoy, el antecedente necesario del Estado. Sin sociedad no hay Estado, al menos desde el punto de vista de lo que constituye la teoría y práctica de la democracia.
La sociedad es anterior desde el punto de vista cronológico y ontológico. Es decir, la sociedad no solo precede al Estado, sino que determina su naturaleza, y existencia. La sociedad es el ser del Estado.
Pese a lo anterior y al hecho mismo de que se considera el acto de creación de la sociedad como el primer momento del contrato social, hay quienes piensan, no obstante, que sin Estado no hay sociedad posible, pues la existencia de esta depende del conjunto de normas e instituciones que posibilitan su existencia y desarrollo.
En todo caso, si recíprocamente son necesarios y complementarios, esto significa que ambos tienen que existir en conjunto para que cada uno pueda existir en su individualidad. El derecho, la sociología y la filosofía política, han partido de este presupuesto que hoy se desmorona en nuestra realidad ante el dominio y control del Estado con respecto a su sociedad respectiva.
El restablecimiento de la dependencia del Estado a la sociedad y, en consecuencia, a la voluntad general, es condición de su justificación histórica, de lo contrario la ley sería una arbitrariedad, las instituciones un abuso y el poder un exceso. Por ello es imprescindible restablecer los vasos comunicantes y la capilaridad entre el aparato del Estado y la sociedad civil.
Cuando hablamos de fractura del sistema no nos referimos únicamente al hecho de que la sociedad en Nicaragua está segmentada en varios sectores que tienen sus propios intereses, con frecuencia contrapuestos, sino que entre todos esos segmentos con su propia identidad, esfera de acción e intereses específicos, no existe un plano de coincidencias mínimas, un común denominador en el que las distintas partes adquieran el sentido de unidad en el que se trascienden las diferencias sin perder la identidad respectiva.
El proceso de construcción de la democracia en nuestro país debe recomponer la fractura de las partes y los compartimientos estancos, en un tejido de relaciones múltiples e interactivas que permita que el cuerpo social sea eso, una entidad recíprocamente relacionada en el que las partes, mediante un proceso con intención, dirección y sentido, tiendan a un fin común en el que se concilien los objetivos particulares y específicos.
Para que la democracia funcione debe existir una razonable proporcionalidad en la distribución del poder en el Estado y entre el Gobierno y la oposición. Un poder sin contrapoderes en el Estado y en la práctica política, es una entidad totalitaria. La concentración de poder en manos de quien gobierna, conlleva al ejercicio arbitrario del mismo e impide que la democracia funcione adecuadamente. Pero sobre todo debe existir una amplia conciencia política de la sociedad y una efectiva participación de la ciudadanía en la formulación y aplicación de las políticas que inciden en la comunidad. La apatía de la sociedad es la negación de la democracia.
Construir la democracia significa pues reconstruir nuestra propia sociedad, para desde ahí, incidir en las transformaciones fundamentales en los partidos políticos y el Estado. Se trata de estimular y fortalecer la participación de la ciudadanía en la construcción de políticas públicas que atañen a toda la sociedad. No se trata, bajo ningún punto de vista, de pretender sustituir la función de los partidos políticos, y menos aún del Estado, sino de asumir su propia función como fuente de la soberanía y el poder, lo que exige una entidad con claridad y precisión de sus objetivos y finalidades y de las responsabilidades y límites de su acción.
El autor es jurista y filósofo nicaragüense.
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