Salvador Montenegro-Guillén
Las recientes imágenes y reportaje del ONG Fundación del Río publicadas por el Diario LA PRENSA sobre la masiva muerte de fauna acuática (peces, aves, reptiles) en el Refugio de Vida Silvestre Los Guatusos la semana pasada, muestran a miles de animales fallecidos flotando en la superficie del agua del río Papaturro, en su tránsito hacia el Gran Lago Cocibolca.
Esta catástrofe ambiental que se repite de forma anual rutinariamente, es más evidente al inicio de la época de lluvias y aunque se mantiene con niveles menores de mortalidad cotidianamente a lo largo del año en los ríos Papaturro, La Cucaracha, San Ramón, Caño el Saíno y La Palma, ha sido documentado por el Centro para la Investigación en Recursos Acuáticos de Nicaragua (CIRA/UNAN-Managua) en varios episodios anteriores. En 1999, se analizó por primera vez el contenido de tóxicos presentes en los cadáveres de dichos animales, las concentraciones de residuos de agroquímicos en el agua, y los sedimentos de los ríos mencionados. Se ha encontrado en ellos concentraciones mortales de residuos de plaguicidas organoclorados (lindano, heptacloro, dieldrin y pp-DDE hasta 208.50 picogramos/gramo en sedimentos), organofosforados (malatión, fentión, etil-paratión-hasta 1562.40 nanogramos/litro en agua), herbicidas triazinas (simazina, cyanazina, atrazina, metaloclorhasta 892.656 microgramos/litro en agua), y carbamatos (aldicarb 42.303 microgramos/litro en agua). También se encontró residuos de hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH) en sedimentos hasta 19,536 nanogramos/gramo. Bajo ninguna circunstancia, la concentración permisible de tales substancias en este ecosistema debería superar el valor cero en cualquiera de las unidades empleadas. Transgredir ese umbral conduce a posibilitar estos eventos mortales que son también de riesgo humano. Los compuestos (plaguicidas, herbicidas, carbamatos y PAH) encontrados tanto en agua como en el sedimento en los diferentes sitios de muestreo, son considerados por la Agencia de Protección del Ambiente de los EE. UU. (EPA) de uso restringido o altamente tóxicos para los seres vivos, por lo que están prohibidos o severamente controlados en países mejor organizados que los nuestros.
Los mencionados ríos, antes de descargar sus aguas en el Cocibolca, alimentan el humedal nicaragüense, originándose en el territorio costarricense por las aguas que escurren en la pendiente de Guanacaste, en la que drenan campos de cultivo de arroz, palma africana, cítricos y piña, que emplean intensivamente estas substancias, desde donde proceden sus residuos. En territorio costarricense, también impactan los humedales que ese estado se ha comprometido en proteger.
En consideración que el RVS Los Guatusos es un humedal de 43,750 hectáreas con importancia internacional, designado por la Convención Ramsar el 30 de julio de 1997 como el primer humedal Ramsar de Nicaragua, el Gobierno de Nicaragua al adherirse a la Convención Ramsar ha asumido la responsabilidad de velar por la adecuada protección del humedal. En estas circunstancias, resulta necesario que las Autoridades soliciten una visita de inspección de la Convención con la urgencia del caso para realizar una Misión Ramsar de Asesoramiento (MRA) que contribuya a documentar la situación y posibilite el cumplimiento de las obligaciones del estado vecino, cuya omisión contamina nuestro humedal. Después de todo, cercano al RSV Los Guatusos, se encuentra el humedal Caño Negro en Costa Rica, también reconocido por la Convención Ramsar y que sufre similares problemas por las mismas causas. En su informe 2012 a Ramsar, CR reporta informes y denuncias contra las malas prácticas agrícolas, especialmente en el caso del cultivo de la piña y el banano, e identifica a Caño Negro como sitio cuya restauración es prioritaria.
No obstante, las consecuencias sufridas por las aguas nicaragüenses no se limitan a la recepción de peligrosos tóxicos provenientes del país vecino, sino que el abundante flujo del agua escurrida (proveniente del ya mencionado territorio que registra más de 4,000 mm anuales de lluvia), transporta también cantidades importantes de sedimentos. De acuerdo con el estudio del Banco Mundial sobre las “Prioridades de Política e Inversión para Reducir la Degradación Ambiental de la Cuenca del Lago de Nicaragua (Cocibolca)” en el 2013, se ha estimado la descarga de sólidos desde el territorio costarricense en 13,860,000 toneladas anuales sobre el Gran Lago Cocibolca, lo que se traduce en la llegada diaria de unas 38 mil toneladas de lodos y otros sedimentos al lecho del Cocibolca desde territorio costarricense, un hecho gravísimo y con múltiples efectos ecológicos, sociales y económicos.
Claramente, la capacidad de estos materiales de obstruir el álveo de cualquier cauce que pudiera llegar a construirse en el lecho del lago volvería inviable el funcionamiento de dicha obra, lo que debe atenderse urgentemente ya que resulta contrario a los intereses nacionales. La movilidad de estos inestables sedimentos gracias a las corrientes de agua impulsadas por el viento es otro factor crucial a considerar, que agrava los dañinos efectos mencionados.
En consecuencia, sea con fines del proyecto constructivo del Canal Interoceánico o sin él, la situación causada por la agresión ambiental que sufren las aguas nacionales de Nicaragua desde el erosionado e intoxicado territorio vecino, es contraria al interés nacional y ha alcanzado niveles de emergencia ecológica, por lo que resulta de urgente necesidad controlar y detener las causas de la misma. Resulta imprescindible que nuestro Gobierno con el respaldo de la nación nicaragüense proceda a exigir el establecimiento de las medidas necesarias a los responsables de estos daños ambientales catastróficos con la urgencia del caso, sea por gestión diplomática directa o a través de la Corte Internacional de Justicia.
El autor es Director Fundador del Centro para la Investigación en Recursos Acuáticos de Nicaragua, CIRA/UNAN
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