Erika Guevara Rosas
Uno de los primeros actos oficiales del presidente Obama, celebrado en enero de 2009, fue la firma de una orden ejecutiva para cerrar el centro militar de detención de Guantánamo en el plazo de un año.
Tras ocho años de detenciones en Guantánamo, tal decisión fue una promesa de cambio. Pero la ausencia de reconocimiento en la orden de las obligaciones de EE. UU. en materia de derechos humanos, sumada a la adopción por parte de la administración Obama del fallido marco de “derecho aplicable en la guerra” de su predecesor, ha impedido poner fin a las detenciones indefinidas.
Hoy 22 de enero de 2014 se cumplen cinco años de la orden ejecutiva del presidente Obama. En este tiempo, el campo de detención ha continuado funcionando al margen de los derechos humanos.
Las detenciones de Guantánamo siguen siendo una afrenta a los principios internacionales de derechos humanos y menoscaban la credibilidad de EE. UU. Cuando el campo de detención entra en su décimo tercer año de funcionamiento, el mundo debe llamar la atención a EE. UU. por su lamentable inobservancia de las normas internacionales derechos humanos que tan a menudo exige a los demás observar.
Doce años después de que se llevara a Guantánamo a los primeros detenidos, en aviones donde iban sujetos con correas como si fueran carga, todavía hay allí más de 150 hombres. La mayoría no han sido acusados jamás de ningún delito formalmente ni llevados a juicio.
Entre los hombres aún recluidos en Guantánamo hay algunos que deben ser llevados ante la justicia por cargos relacionados con los atentados del 11 de septiembre de 2001 y otros abusos graves contra los derechos humanos. Respetar el derecho de las víctimas a la justicia suponía haber presentado cargos contra esos hombres y haberlos sometido a un juicio justo ante tribunales civiles ordinarios hace años.
A pesar de un fallo que pronunció la Corte Suprema de EE. UU. hace cinco años y medio en el sentido de que la Constitución reconoce a los detenidos de Guantánamo el derecho a comparecer “con prontitud” en una vista para impugnar la legalidad de su detención, algunos de ellos tienen todavía que recibir la resolución de su recurso de hábeas corpus.
Según la enrevesada lógica jurídica de Guantánamo, ni siquiera la determinación judicial de la ilegalidad de una detención puede suponer el fin inmediato de esta. El traslado a Eslovaquia, el mes pasado, de tres hombres de etnia uigur chinos se llevó a cabo más de cinco años después de haber sido declarada su detención ilegal por un juez federal estadounidense. Si EE. UU. hiciera lo mismo que pide a otros países y aceptara a detenidos liberados que no puedan ser repatriados, los uigures podrían haber sido puestos en libertad inmediatamente después del fallo judicial sobre su caso.
Más de setenta detenidos más, en su mayoría yemeníes, han resultado “aprobados para el traslado”, pero la opinión de EE. UU. sobre la situación de seguridad en sus países de origen y otros problemas han demorado su puesta en libertad.
Algunos detenidos serán juzgados conforme a un sistema de comisiones militares que no cumple las normas internacionales sobre juicios justos. Seis corren actualmente el riesgo de ser condenados a muerte. De los casi 800 hombres que han estado recluidos allí, solo siete, menos del uno por ciento, han sido declarados culpables por la comisión militar, y cinco de ellos lo han sido tras negociar un acuerdo antes del juicio para declararse culpables a cambio de una posible salida de la base.
Mientras tanto, la ausencia de rendición de cuentas, verdad y reparación por las violaciones de derechos humanos cometidas contra hombres que están o han estado detenidos en Guantánamo es una injusticia permanente, con la que Estados Unidos incumple gravemente sus obligaciones internacionales de derechos humanos.
Los detenidos de Guantánamo han sido sometidos, en el centro o bajo custodia estadounidense antes de su traslado a él, a tortura y otros malos tratos, como simulacros de ahogamiento (water-boarding), reclusión prolongada en régimen de aislamiento y, más recientemente, crueles procedimientos de alimentación forzada, utilizados en respuesta a una huelga de hambre masiva iniciada por los detenidos como protesta por la continuación de su reclusión.
Nueve detenidos han muerto bajo custodia en la base: dos, por causas naturales, y siete suicidados.
Si el responsable de este vacío existente en materia de derechos humanos fuera otro país, seguramente habría recibido la condena de EE. UU. Pero, incluso a la vez que ha seguido proclamando su compromiso con los derechos humanos, EE. UU. ha permitido que las detenciones de Guantánamo y la falta de rendición de cuentas persistan.
Este doble rasero no ha pasado desapercibido. Otros gobiernos, expertos de la ONU y organizaciones no gubernamentales, entre otros, han pedido que se ponga fin a las detenciones de Guantánamo.
Incluso el primer mando encargado de las detenciones en la base, el ya retirado general Michael Lehnert, ha afirmado recientemente que el centro de detención de Guantánamo “no debería haberse abierto jamás”. A su juicio, con las detenciones y torturas practicadas allí se ha “desaprovechado la buena voluntad del mundo” que suscitaron los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 contra EE. UU.
Cerrar Guantánamo ha de suponer poner fin a las violaciones de derechos humanos que ha acabado por presentar; limitarse a cambiarlas de lugar es inaceptable. El mundo debe presionar a EE. UU. para que deje de aplicar su fallido marco jurídico de “guerra global”. El Congreso y la Administración Obama deben comprometerse a aplicar una estrategia contra el terrorismo que cumpla plenamente el derecho y las normas internacionales.
No se puede pasar la página de Guantánamo sin plena rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos, incluidos delitos de derecho internacional, que se han cometido allí y en otras partes en el marco de la “guerra global contra el terror” de EE. UU.
Cerrar el centro de detención contraerá de inmediato consigo esa rendición de cuentas. Pero hacerlo sigue siendo un paso importante y necesario en la buena dirección. La autora es directora del Programa de Amnistía Internacional para América.
