Según el país y su nivel de desarrollo democrático, la reelección presidencial consecutiva puede no ser traumática. Tal es el caso de los Estados Unidos y de algunos países europeos. En cambio, en América Latina, históricamente las reelecciones presidenciales, salvo contadas excepciones, han sido fuente de grandes conflictos y propiciado el surgimiento del caudillismo, fenómeno que en pleno siglo XXI resulta un anacronismo revelador del predominio de una cultura política primitiva.
En el caso concreto de Nicaragua, nuestra historia nos enseña que las reelecciones presidenciales han sido una rémora para nuestro desarrollo y han perjudicado la consolidación de la democracia. Además, siempre terminan mal.
Se afirma que la historia es la gran maestra de la vida. Sin embargo, Aldous Huxley nos dice que “la lección más importante que la historia nos enseña es que los hombres no aprenden de la historia”. Y si no aprenden de la historia, “están condenados a repetirla”, nos advierte Santayana.
La permanencia en el poder de una misma persona conduce al autoritarismo y “por el camino del autoritarismo se llega a la plaza de la dictadura”. Esto ya lo estamos viviendo en nuestra desventurada patria.
Sus reflexiones sobre la historia de Nicaragua llevaron a José Coronel Urtecho a la conclusión de que el hilo conductor de la retahíla de nuestro acontecer ha sido “una sucesión de guerras civiles”, generalmente provocadas por los afanes continuistas de los detentadores del poder. Tal ambición ha sido satisfecha, en algunos casos, acudiendo al expediente de convocar una Asamblea Constituyente que les prorrogue su permanencia en la Presidencia, o bien vía reelección presidencial, previa remoción de los obstáculos constitucionales. Los pactos prebendarios y las sentencias espurias han facilitado la remoción.
Nuestro primer presidente de la República, el general Fruto Chamorro, fue electo por una Constituyente (1854), lo que, unido a otras causas, provocó la guerra entre legitimistas y democráticos, enfrentamiento que condujo a la venida del filibustero William Walker y a la Guerra Nacional, necesaria para expulsarlo.
La prohibición de la reelección presidencial, establecida en la Constitución de 1858, permitió la alternancia en el poder y la paz de que se disfrutó durante los treinta años conservadores, hasta que Roberto Sacasa, el último presidente de este periodo, se hizo reelegir contrariando la prohibición constitucional. Su consecuencia fue la Revolución liberal de 1893, encabezada por el general José Santos Zelaya.
A su vez Zelaya, desacató la prohibición establecida en la “Libérrima” de 1893, que incluso establecía que “en ningún caso podrá decretarse la reforma de los artículos constitucionales que prohíben la reelección presidencial”. Nada de esto impidió que Zelaya se hiciera reelegir y permanecer en el poder hasta 1909, año en que se vio obligado a renunciar por la “Nota Knox” y marcharse al exilio. Zelaya también, en 1905, hizo aprobar una nueva Constitución, llamada la “Autocrática”, que fue una Constitución hecha a su medida, como la que ahora nos quiere imponer Ortega.
Durante la “Restauración conservadora” rigió la Constitución de 1911, que prohibía la reelección. El desconocimiento de sus preceptos por el General Emiliano Chamorro encendió la “Guerra Constitucionalista”, dio lugar a la intervención de los marinos norteamericanos y al “Pacto del Espino Negro”, que provocó la rebelión nacionalista de Sandino.
Lo que sucedió durante la dictadura dinástica de los Somoza es de todos conocido, así como el fin trágico de Somoza García y de Anastasio Somoza Debayle, ambos poseídos de la “lujuria del poder”, que les indujo a reelegirse.
Las ambiciones continuistas llevan en sí mismas el germen de su propia destrucción. Ojalá estemos a tiempo de aprender de la historia e impedir que resurja la violencia como única alternativa. Todos los nicaragüenses tenemos la obligación de evitarlo, recurriendo únicamente a la movilización cívica y pacífica. El autor es jurista, educador y escritor.
Ver en la versión impresa las páginas: 11 A
