Querida Nicaragua: El vigor, la soberanía y la dignidad de una nación se miden por el grado de respeto que los ciudadanos y funcionarios tengan por la Constitución Política de la República. En Francia, Inglaterra o los Estados Unidos de Norteamérica los ciudadanos adquieren plena conciencia de la importancia que tiene su Constitución como marco de referencia para el desarrollo armónico de sus naciones. Las constituciones son el conjunto de leyes supremas de una nación, la pauta, el manual permanente de procedimientos tanto para funcionarios públicos como para ciudadanos comunes y corrientes.
La Constitución señala la forma en que deben comportarse los ciudadanos para que pueda desarrollarse la economía, la educación, el sistema de salud, la ciencia, la política, las artes, la cultura, las relaciones internacionales, etc. Son las leyes fundamentales que no deben cambiarse, solamente cuando graves problemas nacionales lo demanden y bajo ciertas condiciones señaladas en la misma Carga Magna. La Constitución es en esos países algo casi sagrado, algo para lo cual los gobernantes y los gobernados guardan especial reverencia.
En los países latinoamericanos y en nuestra pobre Nicaragua las constituciones han sido como trapitos que nos cambiamos a cada rato. En el siglo pasado proliferaron las dictaduras militares de derecha imponiéndose a sangre y fuego por la fuerza de las bayonetas. Cada nuevo machetón que llegaba al poder lo primero que hacía era reformar la Constitución para quedarse en el poder el siguiente período y muchos otros más. Todo para venderle al mundo la descomunal mentira de que eran Presidentes Constitucionales. Fijémonos cómo la acuñada frase de “Presidente Constitucional de la República”, solo es usada en algunos países de Latinoamérica. Ni en Francia, ni en Inglaterra, ni en Alemania ni en los Estados Unidos se les ocurre llamar “constitucional” al presidente pues sabido es que es constitucional sin necesidad de tener que repetirlo a cada momento.
En nuestra Nicaragua tenemos la mala costumbre de aceptar sin protesta los cambios a la Constitución cada vez que se le ocurre a cualquier machetón que, con un conjunto de diputados sometidos a su capricho, promueve cualquier tipo de cambios constitucionales para lograr sus fines politiqueros. El caso actual es peor que cualquier otro pues el orteguismo pretende que se suprima la prohibición de la reelección presidencial, y que el candidato pueda ganar la presidencia con la mayoría relativa, es decir puede ganar con 23 votos si su contrincante solo obtuvo 22. Para lograr esto el danielismo está queriendo cambiar 40 artículos de la Constitución y arrogándose todo el poder al darse la facultad de gobernar por decreto con fuerza de ley.
Reformar la Constitución y disminuir totalmente las funciones de los Poderes del Estado, el legislativo y el judicial, más el Ejército, la Policía, la Fiscalía, la Procuraduría nos convierte en una dictadura donde la República ha desaparecido. Será inútil hacer elecciones. El presupuesto nacional será enviado como decreto con fuerza de ley y los diputados se sentarán a platicar sobre pajaritos pintados. En la medida en que se fortalezca la República los sectores sociales tendrán mayor oportunidad de mejorar sus condiciones económicas. En la medida en que se favorezca y perfeccione la democracia sin cambiar las reglas del juego de la política que ya están señaladas, igualmente se fortalecerán la economía y el progreso de la nación.
En 175 años que tenemos de ser República, desde 1838 hasta hoy 2013, hemos tenido veinte constituciones, y todas nos han dejado puras desgracias.
No sigamos jugando con la Constitución como si fuera papel mojado, como si fuera un inútil pedazo de papel siempre irrespetado. Los Estados Unidos tienen 224 años de independencia y nunca han cambiado su Constitución, solo le han hecho pequeñas enmiendas. Si es que queremos mejorar nuestra Constitución respetémosla. Respetémonos nosotros mismos respetando la Constitución de la República. El autor es gerente de radio Corporación. Excandidato a la presidencia de la república en 2011.
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