La actitud del vicepresidente de Nicaragua, Omar Halleslevens, es desafiante, arrogante y concluyente al emitir su opinión en defensa de la iniciativa de reforma constitucional propuesta por el presidente inconstitucional Daniel Ortega, que plantea que los militares en servicio activo puedan desempeñar cargos en las instituciones del Estado. Esto incluye las funciones de presidentes o directores de entes autónomos o gubernamentales, embajadores, ministros y viceministros.
“¡¿Y qué?!”, advertimos en su ademán, cuando Halleslevens indica que es práctica común del régimen orteguista permitir que miembros del Ejército en servicio activo colaboren o trabajen en las instituciones del Estado. Es indistinto para este señor que esas actividades están prohibidas por la Constitución; por las leyes fundamentales que establecen las obligaciones básicas de los gobernantes.
“¡¿Cuál es el problema?!”, pareciera gritar el general Halleslevens al pretender dejar establecida la “necedad” del pueblo por preocuparse ante esta violación a la Carta Magna. Él pretende justificarlo todo indicando que después de uno o dos años, los militares activos que trabajan en entes gubernamentales, regresan a la vida militar.
“¡Cállense!”, es el siguiente rugido que percibimos en nuestras mentes, pues el choque es real ya que el vicepresidente de la República nos está menospreciando y proponiendo que lo que debemos hacer es buscar el aprovechamiento de los talentos militares. Como si no existieran personas calificadas en la población civil. Obviamente, Halleslevens solo pretende callarnos; que dejemos de protestar.
Aquí nace la pregunta sobre qué clase de gente se presta a estas cosas. En verdad existen muchas teorías al respecto y hasta podríamos especular con abundante inventiva.
Lo que sí sería útil, sin embargo, es indagar un poco sobre los antecedentes de este vocero de lo anticonstitucional. Halleslevens fungió como jefe del Ejército de Nicaragua (2005-2010). En el 2011, él acompañó a Daniel Ortega en la fórmula presidencial como candidato a la vicepresidencia; a sabiendas de que el intento de Ortega de reelegirse era en contra de la Constitución del país. Hoy el dictador Ortega gobierna de manera inconstitucional y Halleslevens es su vicepresidente.
Este general retirado ha sido vinculado con los crímenes de lesa humanidad cometidos contra indígenas miskitos a principios de los ochenta por el gobierno sandinista liderado por el mismo Daniel Ortega. Estas masacres y el traslado forzoso de decenas de comunidades a nuevas tierras conocidas como Tasba Pri (Tierra Libre) originaron múltiples denuncias por violaciones a los derechos humanos. Halleslevens es uno —junto con Daniel Ortega— de los 16 funcionarios del gobierno denunciados por tales brutalidades contra las comunidades indígenas de la Costa del Caribe. A estos crímenes sangrientos se les conoce como operativo Navidad Roja.
El 27 de diciembre de 1974, a las 10:15 de la noche, Halleslevens y otros doce miembros del Frente sandinista asaltaron la casa de José María Castillo Quant durante una celebración privada para secuestrar al anfitrión y sus invitados. Los atacantes salieron de sus vehículos disparando contra el colectivo de guardas y tomaron la residencia. Estos también balearon mortalmente a Castillo Quant.
Después de tres días de mediaciones efectuadas por el cardenal Miguel Obando y Bravo, entre el gobierno de Anastasio Somoza Debayle y los miembros del Frente Sandinista, estos obtuvieron la liberación de Daniel Ortega (quien tenía 7 años de estar en prisión).
¡¿Y qué?! ¡¿Cuál es el problema?! ¡Cállense! Nos pareciera escuchar repetidamente estos gritos implícitos, de un Hallesleven que frío, apacible y calmado hoy promueve el asalto a la Constitución. El autor es Economista y escritor.
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