Sergio Ramírez
Otra vez vuelvo a encontrarme en la sala de un aeropuerto, esta vez el de Tocumen en Panamá, con mi viejo amigo empresario nicaragüense, quien sin preámbulo alguno empieza a hablarme, con gestos agitados, de la situación del presidente Obama, amarrado de pies y manos por un congreso hostil que ha paralizado el gobierno y amenaza con precipitar a Estados Unidos en el negro abismo de la insolvencia. “Estas son las consecuencias de un sistema que se ha vuelto blandengue e inoperante, el presidente no manda nada, el congreso se amotina e impone sus reglas, y todo porque no hay un poder firme capaz de tomar las decisiones sin estorbos”, me dice, y la agitación ha cedido pasado en su rostro al desencanto y la piedad. Pobre Obama, y pobre los Estados Unidos que ya no es la primera potencia mundial, parece decirme mientras mueve con desconsuelo la cabeza.
Yo he venido leyendo en el avión que me trae de México el artículo de George Friedman Las raíces de la clausura del gobierno, publicado en el sitio Geopolitical Weekly. Es un análisis inteligente, que coloca el peso de la responsabilidad de la crisis sobre las minorías ideológicas cerradas, un fenómeno relativamente nuevo en la política de Estados Unidos. Como a la gente común le interesa más la vida privada que los asuntos públicos, argumenta, todo queda ahora en manos de esas minorías fundamentalistas, capaces de movilizar a los votantes que se identifican con ellos; el resto, no vota.
No es un asunto de principios el que los guía, sino de sectarismo, el todo o nada, y no les importa que el país se vaya al carajo, importa más la ideología, una convicción atrofiada que se convierte en trinchera inamovible. Parecería un asunto de las disputas entre nuestras viejas izquierdas y derechas en América Latina. Pero a mi juicio, estas explicaciones de Friedman, que comparto, no son suficientes.
El Tea Party, una secta de ultras enquistada dentro del partido republicano, defiende no solo que el Estado no intervenga en la vida de los ciudadanos ni con impuestos, ni con regulaciones del uso de armas, ni con sistemas invasivos de salud pública como el Obamacare, y no pocos creen que sin el Estado estarían mejor, extraños discípulos anarquistas de Bakunin, situados a su derecha; pero, además, en su código ideológico está también la supremacía racial blanca, y cada mañana que recuerdan que un negro está en la Casa Blanca, se les agría el desayuno. Esto es parte de esa vieja cultura ideológica WASP (blanco, anglosajón, protestante) que vio con horror el triunfo del movimiento por los derechos civiles encabezado por Martin Luther King.
Pero a mi amigo de los aeropuertos esas filosofías no le preocupan, porque es un hombre práctico que sabe velar por los intereses inmediatos de sus negocios. Le preocupan las consecuencias de que una democracia, por muy antigua que sea, no puede imponer su autoridad y se queda sin poder pagar a los empleados públicos y de cara al colapso frente a sus acreedores.
“Son democracias pasadas de moda”, me dice. Obama no es santo de su devoción, lo ve demasiado izquierdista, pero es el presidente de Estados Unidos, y lo están dejando en calzoncillos. Me mira con mirada de preceptor de párvulos, me da unas palmaditas amables en la rodilla, y agrega: “Estamos mucho mejor en Nicaragua, allá no hay mona que dé tres brincos. Imaginate un congreso insurreccionado, adónde iríamos a parar, los negocios quebrarían, y con ellos el país”.
Entonces, colmado de entusiasmo, me ilustra acerca de las ventajas del sistema político del que Nicaragua disfruta, donde no existe la menor posibilidad de disidencia, ni de los diputados de la Asamblea Nacional, que aprueban las leyes económicas previo concierto con los empresarios, ni de magistrados y jueces, que protegen la propiedad privada junto a la Policía, ni de los sindicatos. “¿Sabés de otro país donde el salario mínimo se decida de manera más rápida porque empresarios, trabajadores y gobierno llegamos a acuerdos apenas nos sentamos a la mesa de discusiones?”, me pregunta, condescendiente. “Y es así, porque antes, ya todo ha sido consensuado entre nosotros y el presidente”.
En un respiro de su alocución, le digo en ninguna parte de la Constitución Política de Nicaragua está escrito que el presidente pueda dar órdenes a los diputados, magistrados y jueces, o a los sindicatos; que una democracia es todo lo contrario, independencia de atribuciones, separación de poderes. “¿Así como en Estados Unidos?”, me pregunta con risa sarcástica. Esos son los riesgos de la democracia, le respondo. Los extremistas que tienen paralizado al gobierno fueron electos, y solo a los votantes les corresponden rectificar. Lo contrario significa que el todopoderoso que da él solo las órdenes sabe lo que es bueno para la sociedad y los ciudadanos, no se equivoca nunca, y porque es infalible puede pasar por encima de las instituciones y las leyes. Al contrario, el autoritarismo es ya una equivocación, que siempre prueba ser fatal.
“Tenés un modo de pensar chapado a la antigua”, me dice, con amable conmiseración. Y propone que en Nicaragua, en lugar de una asamblea de diputados ociosos y aprovechados, que viven como parásitos a costillas del erario público, debería haber otra, formada por representantes de los gremios útiles a la sociedad, las cámaras patronales, los bancos, los sindicatos de trabajadores, los colegios profesionales, las universidades, el Ejército, y hasta la iglesia. Gente responsable, que represente intereses concretos, capacitada, nadie que no tenga estudios académicos podría sentarse en esa asamblea.
Veo, no sin alivio, que la muchacha del mostrador de la línea aérea está abriendo la puerta que lleva a la manga del avión, y que los pasajeros comienzan a alinearse. “Eso ya ha sido probado antes, el estado corporativo”, le digo, a manera de despedida, “y fracasó trágicamente”. Ya no tengo tiempo de explicarle ni dónde, ni cuándo, pero sé que volveremos a encontrarnos. El autor es escritor. Masatepe, octubre 2013.
