Con respecto a la economía, entre otros aspectos, Nicaragua es un país doliente. Y aunque juntemos más de dos siglos de conocimientos económicos e invoquemos a Adam Smith, Karl Marx y Maynard Keynes, no lograríamos diagnosticar —con precisión— cuán grave es el caso. Con mucha menos razón podríamos prescribir adecuadamente, porque cada “experto” indicaría un tratamiento distinto; basado en sus propios principios morales, temperamento e ideología.
Por eso, al dialogar sobre el papel de este gobierno, como el gran estabilizador de la economía, tenderíamos a pasar todo el tiempo hablando de economía normativa: de lo que el Gobierno debería o no debería hacer. Esto —en sí— es positivo, siempre y cuando sepamos dónde descansan nuestro juicio personal, partidismo y demás prejuicios.
Lo que es importante en Nicaragua es reconocer la naturaleza de las decisiones económicas, de parte del Gobierno. Obviamente, en nuestro país, estas no atienden al dictado ideológico de política alguna. Tampoco podríamos decir que las políticas económicas de este gobierno se derivan del simple entendimiento de cómo funciona el sistema. Esto es así porque el gobierno de Ortega no percibe o acepta un discernimiento específico de cómo se comporta la economía.
En Nicaragua no existe un debate ideológico a nivel nacional sobre cómo obtener la mayor estabilidad económica posible a largo plazo. Tampoco existe un sistema político que, a través de sus logros, permita a los diferentes partidos alternarse el poder.
Actualmente el partido de Daniel Ortega no pretende mantenerse en el poder a través de sus méritos, prestigio o su buen servicio. Eso ya lo tiene garantizado por la fuerza bruta, la ilegitimidad y la corrupción institucional. Al gobierno de Ortega no le interesa la discusión de ideas políticas o económicas, estas son impuestas de acuerdo con la necesidad del momento; según la conveniencia de esa dictadura.
En Nicaragua se ha adoptado un sistema económico que incluye, selectivamente, ciertas nociones del capitalismo, pero que obedece únicamente a los dictados de oportunidad política establecidos por Ortega, cuyo gobierno se constituye en el principal inversionista y consumidor de nuestra economía.
Consecuentemente, podemos inferir que el matrimonio de conveniencia entre el gobierno de Ortega y ciertos empresarios políticos es de indeterminada duración: “Hasta que la red de controles los separe”.
Pensar que ese arreglo es permanente y que tiene el poder de transferir sus beneficios al resto de la población y de promover la institucionalidad en general es simplemente ingenuo.
No podemos hacernos los desentendidos acerca de la realidad institucional de este país. Ortega es un presidente inconstitucional, Nicaragua no cumple con los estándares internacionales de transparencia fiscal y el presidente se rehúsa a dar cuentas de los sustanciales recursos provenientes de Venezuela y de otras fuentes. Esto, entre cientos y cientos de vicios.
Ante este panorama, donde el líder representa los más oscuros aspectos de una sociedad, la alianza de este con unos cuantos empresarios políticos no significa —de manera alguna— algo fundamental para el desarrollo económico. El desarrollo atiende a un proceso de cambios acumulativos y no solo a una estrategia de utilidad política.
Y es que al hablar de desarrollo debemos comprender que la pobreza, la inequidad y el desempleo son fenómenos relacionados. Y dado un nivel de ingreso medio de la población, toda tendencia a aumentar los niveles de inequidad resulta en más altos niveles de pobreza.
Desde este prisma, solo podemos decir que Nicaragua es un país carente de opciones.
El autor es economista y escritor.
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