De acuerdo con la teoría revolucionaria, una revolución se radicaliza cuando impulsa transformaciones económicas, sociales y políticas cada vez más profundas, para destruir la formación socioeconómica y el sistema estatal vigente hasta entonces y sustituirlos con nuevas relaciones económicas y sociales, y con una organización estatal diferente y supuestamente superior.
Medidas típicas de radicalización de la revolución son, por ejemplo, las confiscaciones y expropiaciones de la propiedad privada, decretos para impulsar extensas reformas agrarias y urbanas, un drástico control monetario y desmonetización, etc. Pero ante todo significa extender e intensificar la represión, ya sea selectiva o indiscriminada, contra quienes se oponen a las transformaciones revolucionarias y defienden sus derechos y libertades que obstaculizan el desarrollo de la revolución. Como ha escrito con brutal franqueza un ideólogo de la revolución chavista de Venezuela, el historiador y periodista Martín Guédez: desde el comienzo y aún en sus etapas más incipientes, la radicalización del proceso revolucionario va dejando cadáveres insepultos en el camino.
El fallecido dictador venezolano Hugo Chávez, hablaba de radicalizar su revolución cada vez que ordenaba reprimir a sus adversarios y críticos, o cuando disponía sus disparatadas medidas económicas y administrativas que fueron destruyendo la economía, la institucionalidad y la seguridad jurídica y pública de Venezuela. Lo mismo ha venido haciendo Nicolás Maduro, desde que se impuso en la Presidencia de Venezuela por medios fraudulentos y despojó a Henrique Capriles del triunfo electoral, que le dieron los ciudadanos para que asumiera el gobierno y comenzara a reconstruir la economía y las instituciones democráticas del país arrasadas por la revolución chavista.
Esta semana, la amenaza de Maduro de radicalizar más la revolución venezolana se ha concretado en una mayor represión, precisamente contra Capriles, a quien le fue impuesta una multa por haber denunciado el fraude electoral y “desacreditado” de esa manera a las instituciones del Estado chavista. Además, se ha ordenado a la Fiscalía abrir una causa contra el líder opositor porque “ofendió” al poder judicial, al acusarlo de ser parcial a favor del gobierno de Maduro. Y se amenaza también a Henrique Capriles, con enjuiciarlo por las muertes de una docena de personas durante las manifestaciones populares de protesta contra el fraude electoral de abril pasado.
Lo que se pretende con esta nueva “radicalización” de la revolución es encarcelar a Capriles, despojarlo de la gubernatura del Estado de Miranda que ejerce por mandato electoral, descabezar a la oposición democrática y consolidar la dictadura de Nicolás Maduro. Y a ese mismo fin apunta la represión contra la más vigorosa y valiente diputada de la oposición venezolana, María Corina Machado, a quien planean acusarla del delito de “traición a la patria” que conlleva una pena de prisión de 20 a 30 años.
“Estamos en presencia de un gobierno cada vez más dictatorial y necesitamos que las democracias del mundo se sumen para que se restituya el Estado de Derecho”, clamó Corina Machado esta semana. Pero los gobernantes de “las democracias del mundo” guardan un silencio vergonzoso, cobarde y de hecho cómplice con la dictadura madurista.
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