Las acciones gubernamentales de las últimas semanas y días, tanto las crudamente represivas como las aparentemente legales, se podrían interpretar como que el autócrata Daniel Ortega está radicalizando lo que él llama su “proceso revolucionario”.
En lo que se refiere a la represión, el régimen orteguista ha reprimido brutalmente, por medio de las turbas y la fuerza policial, a los grupos juveniles solidarios con los ancianos que reclaman el pago de una pensión reducida. Sin escatimar brutalidad, el orteguismo ha reprimido también a la hija adoptiva de Daniel Ortega e hija natural de Rosario Murillo, Zoilamérica Ortega Murillo y su pareja el ciudadano boliviano Carlos Ariñez Castel, por haber participado en las jornadas de solidaridad con los adultos mayores. E igualmente fue ultrajado un hijo de Zoilamérica, Alejandro Bendaña Ortega, mientras que Ariñez Castel fue expulsado del país.
En el orden jurídico, hasta hace poco Ortega no había podido tener éxito en todas las embestidas de radicalización de su régimen autocrático, que él llama revolucionario. Por ejemplo, no pudo imponer una disposición reglamentaria para controlar el nombramiento de los gerentes de informática y seguridad de las empresas de telecomunicaciones, y desistió de exigir a los ciudadanos la información de todos sus datos privados, como condición para adquirir las tarjetas del transporte colectivo.
Sin embargo el régimen orteguista ha hecho lo peor. Atropelló impunemente la Constitución con la concesión canalera vendepatria a una empresa china, mediante la cual entrega la soberanía territorial del país, renuncia a la conservación de lago Cocibolca, cede los derechos de propiedad de los nicaragüenses en las zonas que sean declaradas de interés para la construcción del Canal y obras complementarias, y renuncia a la inmunidad soberana del Estado incluso en lo que se refiera a las reservas internacionales del Banco Central.
También el orteguismo ha atropellado la Constitución y la Ley Orgánica del poder legislativo, al despojar de su escaño a una diputada del mismo partido FSLN, quien cayó en desgracia y fue purgada con el característico estilo totalitario de obligar a la persona castigada, a “agradecer” y declarar su “amor” a sus propios verdugos.
Por otra parte, Ortega pretende aprobar una Ley que menoscabaría la independencia de las organizaciones del sector privado y le permitiría al Gobierno intervenir en asuntos que son exclusivos de los empresarios. Al parecer a Ortega no le importa arriesgar una alianza de hecho, provechosa para él mismo, que ha venido manteniendo con la empresa privada y la cual ha contribuido en lo general a mantener el todavía saludable clima macroeconómico del país; y en lo particular dicha alianza se ha manifestado en la aprobación por consenso de 71 leyes económicas, en lo que va del gobierno orteguista.
Radicalizar la revolución significa pasar de una etapa a otra en el proceso de erradicación de un sistema económico y social y su reemplazo con otro. Pero eso es en la teoría. En la práctica la radicalización es que el régimen supuestamente revolucionario se hace más inflexible, intolerante, arbitrario y represivo. Lo cual es en buena medida lo que está haciendo actualmente el régimen orteguista.
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