La campaña de Rosario Murillo a favor del “vivir bonito” está causando importantes discusiones sobre cuáles deben ser las funciones y alcances del Estado. Tras un artículo que escribí sobre el tema (“Vivir bonito vivir en la luz”, 11 de marzo), un lector bajo el nombre de “Cornelio”, hizo en internet un comentario contundente: “Quien le encargue al Estado la enseñanza de ética, moral y valores, le cede a la vez la potestad de definir cuál ética, moral y valores a enseñar. ¡Que no se queje después cuando no sea la suya!”
El definir los límites del Estado ha sido una de las preocupaciones centrales de numerosos filósofos y pensadores políticos a través de la historia. Décadas atrás, enfrentada a este problema la Iglesia católica, partiendo del hecho de que el individuo y las familias existen antes que el Estado, propuso a través de su doctrina social el principio de la subsidiaridad del Estado; la idea de que este existe para ayudar o facilitar a los ciudadanos y a sus organizaciones intermedias, a que consigan sus propios objetivos, mientras sean legítimos o no atenten contra el bien común. En consecuencia el Estado no debe usurpar o sustituir las iniciativas que los particulares pueden y deben desarrollar por sí mismos. Es solamente cuando por distintas razones estos no pueden realizar una función determinada, que el Estado tiene derecho a intervenir; pero siempre en forma subsidiaria, complementaria.
En el plano de la educación, por ejemplo, la Iglesia sostiene que los padres, por ser los primeros responsables en la formación de los hijos, tienen la autoridad para decidir el tipo de educación que se les imparta. Pero como muchas veces carecen de los medios para suministrar en gran escala el servicio educativo, delegan en el Estado la acción de hacerlo o de complementar sus esfuerzos. Pero fijémonos bien: desde esta perspectiva el Estado es solo un servidor, un subordinado, no el jefe omnipotente ante quien se dobla la rodilla. Un Estado servidor tendría que consultar con los padres de familia sus decisiones educativas, reconociéndoles su derecho a intervenir en asuntos internos de las escuelas, incluyendo la elección de directores, y a exigir cuentas de los resultados educativos.
El principio de la subsidiaridad es en el fondo profundamente libertario, en cuanto defiende la libertad individual frente al Estado, y democrático, en cuanto comparte la convicción de que la soberanía reside en el pueblo y que, en consecuencia, los gobernantes reciben su legitimidad de la aprobación de los gobernados. Es además un principio que hoy constituye uno de los pilares que sustenta el federalismo y el tratado de la Unión Europea, conforme al cual los estados preservan su autonomía pero permiten que el poder central intervenga, subsidiariamente, solo cuando es imperativo para la armonía del todo
Opuesta a esta visión del Estado humilde, servidor, está la del Estado mandón; la del “Ogro filantrópico”, del que hablaba Octavio Paz refiriéndose a los populismos latinoamericanos, y la de los totalitarismos fascistas y comunistas del siglo XX, en la que una minoría de iluminados se arrogó el papel de mesías para conducir a los pueblos a la tierras prometida a la fuerza.
Lo deseable sería que el plan gubernamental de “vivir bonito” fuese un proyecto para empoderar las familias, aumentándoles el poder de decisión en asuntos comunitarios. Lo repugnante sería pervertirlo convirtiéndolo en un instrumento para empoderar en cambio al estado-partido, haciéndolo el rector y organizador de todos los esfuerzos. Que sea una u otra cosa dependerá de que su gestación no sea producto de una sola señora, quizás bien intencionada, sino de toda la sociedad nicaragüense.
El autor es sociólogo, fue ministro de Educación.
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