Damos por sentado que navegar en internet e interactuar en las redes sociales es un ejercicio normal de todos los días, libre y gratuito. Sin embargo, a partir de este lunes todo puede cambiar, cuando los gobiernos del mundo entero se reúnan en Dubai para discutir el futuro del ciberespacio.
Con la excusa de que se debe dotar de orden al caos del internet, varios de los 175 estados que se reunirán del 3 al 14 de diciembre en la Conferencia Mundial de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), proponen que sean los gobiernos los que regulen el internet, lo que derivaría en controles y excesos en contra del libre intercambio de información que hoy se experimenta.
Algunos gobiernos pretenden imponer tarifas de comunicación, al estilo servicio telefónico, por lo que los usuarios no solo pagarán por conexión, sino también por tiempo y descarga de contenidos. Aunque el pretexto es colectar dinero para ampliar redes de banda ancha, un servicio más costoso evitará que los más necesitados puedan acceder a él, ampliando la brecha digital y cultural entre ciudadanos y países, ricos y pobres, que el internet está ayudando a disipar.
No es casualidad que estas propuestas sean de gobiernos que ya tienen por costumbre bloquear y censurar el internet, así como encarcelar a blogueros e internautas, como el caso de Cuba, Irán, China y Rusia, los peores países en la reciente clasificación mundial sobre libertad en internet del Freedom House.
Pese a que estos países justifiquen que las regulaciones servirán para castigar ciberataques, pornografía infantil o piratería —aspectos ya contemplados en las leyes regulares— los nuevos controles buscarán limitar que el internet sea un espacio democrático, diverso y plural, de probada eficacia. Hubiera sido difícil para los disidentes cubanos burlar la censura oficial sin blogs; a los musulmanes crear la Primavera Árabe sin Twitter, a los argentinos autoconvocarse en cacerolazos sin Facebook o a los chinos exponer actos de corrupción sin sus filmaciones con teléfonos móviles inteligentes.
Estos países y, lamentablemente, los democráticos Brasil e India, en un grupo que destacan árabes y africanos, insistirán que el internet debe ser regulado por las Naciones Unidas (ONU), desconociendo que el internet ha crecido y se ha expandido —y con ello globalizó la economía y la cultura mundial— porque es ajeno a los gobiernos y está en manos de organizaciones no gubernamentales y privadas.
Pero no será fácil para esos gobiernos imponer condiciones. Muchos países latinoamericanos y europeos, entre ellos la pequeña Estonia —donde los ciudadanos pueden votar en línea, acceder al historial médico y a las tareas escolares de sus hijos— quieren que el internet mantenga su status quo, sin límites ni prohibiciones. Además, la delegación de EE. UU. tiene de su Congreso un mandato preciso para Dubai: El ciberespacio debe ser de acceso libre y gratuito, tal como fue creado, y debe permanecer “estable, seguro y libre del control gubernamental”.
Se trata de una posición destacada, siendo el país inventor del internet y al que muchas veces este le ha jugado malas pasadas por lo que tendría excusas suficientes para censurarlo. EE. UU. es el país que más recibe ciberataques contra sus instalaciones militares, de inteligencia y empresas privadas; su servicio diplomático fue avergonzado por millones de documentos confidenciales que fueron expuestos por WikiLeaks y miles de fotos y vídeos también revelaron que sus soldados torturaron en cárceles clandestinas.
Si en la reunión de Dubai se adoptan regulaciones, se tratará de una de las mayores contradicciones de la historia. Es que la ONU, ente madre de la UIT, promueve achicar la brecha digital entre pobres y ricos mediante un internet libre y gratuito, pregonando que el derecho de conexión y de banda ancha es tan importante como el derecho a los alimentos, al agua y a la justicia.
Bajo esos preceptos, más que regular, los gobiernos deberían promover que el internet llegue a las dos terceras partes del mundo que todavía no lo tienen y garantizar la libertad de expresión por cualquier medio y sin limitaciones de fronteras, como les demanda la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
El autor es periodista argentino, director de Prensa de la SIP.
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