La forma en que ha manejado el presidente inconstitucional Daniel Ortega, el caso de la veintena de choferes de taxis que fueron encarcelados y puestos a la orden de autoridad judicial como castigo por una ruidosa protesta pública que montaron a principios de la semana pasada, durante la cual chocaron con efectivos de la Policía que los dispersaron haciendo uso de la fuerza, es típico del gobernante autocrático que pone e impone su voluntad por encima de la ley y de las instituciones del Estado.
Después de disuelta la protesta, los taxistas fueron encerrados en celdas de la sección policíaca de Auxilio Judicial donde sufrieron maltrato, según denunciaron sus familiares y organismos de derechos humanos. Después los pusieron a disposición judicial por supuestos delitos cometidos durante la protesta y, una semana después, liberados por orden personal de Daniel Ortega.
La gente joven y en general quienes no conocen muy bien la historia de Nicaragua, seguramente ignoran que de ese mismo modo han actuado todos los dictadores que ha sufrido el país, sobre todo los tres Somoza que se turnaron en el poder durante 40 años y los comandantes sandinistas de los años ochenta. De estos se recuerda particularmente al difunto Tomás Borge, quien se jactaba de que era “implacable en el combate y generoso en la victoria” y siendo el máximo jefe de los cuerpos represivos encarcelaba o liberaba presos políticos y comunes, de conformidad con sus arbitrarias órdenes personales.
A nosotros nos parece que está bien que se haya puesto en libertad a los taxistas, siendo que las faltas o delitos que les imputaron no eran muy graves. Pero eso debió hacerlo la autoridad judicial, a cuya disposición fueron puestos los presos y ya les había dictado prisión preventiva. Eso es lo que disponen las leyes, pero aquí ha desaparecido el estado de legalidad y reina una autocracia de hecho.
Carlos Luis de Secondat, mejor conocido como Barón de Montesquieu, escribió en su obra magistral titulada Del Espíritu de las Leyes que “todo hombre que tiene poder tiende a abusar de él; lo emplea hasta que encuentra un límite (de modo que) Para que nadie pueda abusar del poder es necesario conseguir, mediante la adecuada organización de las cosas, que el poder frene al poder”.
Estos preceptos de derecho constituyen la base de los sistemas democráticos de gobierno que existen en el mundo. Incluso aquí, en Nicaragua, la Constitución Política está fundamentada en esos principios de Montesquieu, quien también alertó acerca de que todo se perdería “en el Estado en que un hombre solo, o una sola corporación de próceres, o de nobles, o del pueblo, administrase los tres poderes y tuviese la facultad de hacer las leyes, de ejecutar las resoluciones públicas y de juzgar los crímenes y contiendas de los particulares”.
Estas son verdades imperecederas, pero en lo que se refiere a formas de gobierno en Nicaragua estamos regresando a tiempos anteriores al Barón de Montesquieu. Aquí, bajo el espantajo kadafiano denominado pueblo presidente, se ha establecido de hecho una autocracia que incluso no oculta sus pretensiones monárquicas.
Ver en la versión impresa las páginas: 10 A
