Vamos a ver: si en el caso de la destitución del presidente de Paraguay, Fernando Lugo, quienes han asumido la defensa de la democracia paraguaya son Cristina Kirchner, Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa, aquellos que realmente creen en serio en la democracia forzosamente han de concluir que el tema, democráticamente hablando, va por otro lado. Decididamente por un camino diferente al que transitan esas cuatro personas. Y pobre de los paraguayos si sus libertades y derechos ciudadanos han de ser “garantizados” por los nombrados. Pobre de ellos también y de su suerte económica, ante esta arremetida intervencionista que, Mercosur mediante, ha empujado y liderado Brasil, país con el cual a Paraguay no le ha ido muy bien en los negocios, particularmente en el que tienen a medias con la energía eléctrica que produce la represa binacional de Itaipú. Por un “acuerdo soberano” que Brasil firmó con el dictador Alfredo Stroessner, quien hasta el día de su muerte vivió un exilio de oro en Brasilia, los paraguayos están obligados a vender a su socio parte de la energía que le corresponde —la que no utiliza—, por la que los brasileños hoy le pagan US$$8 el megavatio, el que revenden a US$$80.
Por ahora, el siguiente capítulo es el informe del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, cuyos antecedentes no inspiran mucha confianza, aunque quizás esta podría ser su “oportunidad” para rehabilitarse y recobrar autoridad, al decir de un excanciller que conoce y quiere al funcionario chileno.
El presidente Lugo fue destituido a través de un juicio político previsto en la constitución paraguaya (art. 225), y recibió un voto de “no confianza” de más del 90 por ciento de los diputados y senadores tan constitucional y democráticamente electos como él. Incluso electos en el mismo acto en que Lugo fue elegido presidente y Federico Franco, quien lo ha subrogado en el cargo de acuerdo a los previstos en la Carta Magna (Art. 234), fue elegido como su vicepresidente. Todo esto además ratificado por otros poderes tan constitucionales y democráticos como la Suprema Corte de Justicia y el Supremo Tribunal Electoral.
Llama la atención por otra parte que no haya habido comunicado, ni información recogida “in situ” por el secretario general, ni informe al Consejo Permanente, en el caso venezolano de hace un año y medio, cuando un congreso saliente renunció a su potestad legislativa y autorizó al presidente Hugo Chávez a gobernar por decretos ley (como lo hacen y lo han hecho toda la vida los dictadores). Parece que eso está previsto en la constitución, pero en el caso es bueno destacar que el oficialismo había perdido las elecciones legislativas y el nuevo congreso, con más legitimidad y fiel al espíritu del mandato popular, seguramente no habría caído en tal renunciamiento. La cuestión es que desde ese momento Hugo Chávez, que pidió tales poderes para enfrentar una “emergencia nacional” a raíz de unas inundaciones, dictó 54 decretos ley, —solo tres referidas a las inundaciones— por los que, entre otras cosas, quitó poderes a las gobernaciones, modificó códigos e hizo cambios a la propia constitución, la mayoría de ellos rechazados anteriormente por los ciudadanos venezolanos en un referéndum que fue convocado a tal efecto.
Un caso clarito, democráticamente hablando. Sin embargo no pasó nada, ni tampoco ello pesó en el ánimo de los miembros del Mercosur que le aplicaron la cláusula democrática a Paraguay para suspenderlo —en este caso sí sin darle el chance de defenderse tal como lo obligan los propios protocolos de la asociación— al tiempo que autorizaron el ingreso de Venezuela, en franca violación de lo que marcan los estatutos e ignorando “la cláusula” y la trayectoria del presidente Chávez, democráticamente hablando.
Habrá que ver qué dice Insulza. Habrá que ver si esta vez no deja pasar la oportunidad.
El autor es periodista uruguayo, director del semanario Búsqueda.
Ver en la versión impresa las páginas: 11 A
