El expresidente uruguayo, Julio María Sanguinetti, acusó a los gobiernos de los países que integran la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), de estar practicando contra el Paraguay “un intervencionismo contrario a todas las tradiciones y normas en la vida interna de un país que actuó dentro de sus códigos”. Y advirtió Sanguinetti que se está sentando en América Latina “un peligrosísimo precedente” de un grupo de gobiernos que “actúan con una especie de reflejo ideológico”, porque ven al destituido expresidente paraguayo Fernando Lugo como “alguien afín a sus orientaciones”.
Pero además de que son intervencionistas también hay desfachatez en los gobernantes que rechazan y condenan al nuevo Gobierno legítimo y democrático del Paraguay, porque no es de izquierda. Como es el caso de Daniel Ortega, quien siendo un presidente innegablemente ilegítimo e inconstitucional, tiene el valor de decir que el nuevo gobierno paraguayo carece de legitimidad y por eso no lo reconoce.
La destitución de Fernando Lugo fue un acto legítimo realizado de acuerdo con la Constitución del Paraguay, la cual establece en su artículo 225 que el presidente podrá ser sometido a juicio político y separado de su cargo, por mal desempeño de sus funciones, por delitos cometidos en el ejercicio de su cargo o por delitos comunes. Y en el mismo artículo constitucional señala el procedimiento de destitución, debiendo la Cámara de Diputados aprobar la acusación contra el presidente por mayoría de dos tercios y la Cámara de Senadores resolver la destitución también por mayoría de dos tercios.
Ese procedimiento constitucional se cumplió escrupulosamente para destituir a Fernando Lugo. Más de las dos terceras partes de la Cámara de Diputados aprobó la acusación contra Lugo y después el Senado lo declaró culpable y resolvió separarlo del cargo presidencial, también con una votación de más de los dos tercios requeridos por la Constitución.
A favor de Lugo se alega que no se respetó su derecho al debido proceso porque el juicio, en el Senado, duró únicamente cinco horas y él solo dispuso de dos horas para defenderse. Pero la Constitución no señala cuánto tiempo debe durar el Juicio Político, de modo que cualquiera que hubiera sido su duración la destitución de Lugo habría tenido validez absoluta.
Una de las condiciones y principios fundamentales de la democracia radica en que el gobernante, ya sea presidente o primer ministro, tiene que ser elegido mediante el voto popular y por un período determinado. Pero del mismo modo tiene que haber la posibilidad real de destituirlo, mediante un procedimiento claramente señalado en la Constitución, cuando no cumpla correctamente sus funciones o traicione su juramento de servicio.
Eso es lo que ha ocurrido en Paraguay, mal que le pese a los Chávez, Castro, Correa u Ortega. El nuevo gobierno paraguayo que encabeza el antiguo vicepresidente y ahora presidente constitucional, Federico Franco, es absolutamente legítimo y como tal tiene que ser respetado.
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