Marco Rubio
En Nicaragua, el determinado y autocrático presidente Daniel Ortega ha debilitado las instituciones nicaragüenses para extender su poder. Ha manipulado las elecciones, sobornado y amenazado a la oposición con violencia. Juntos, sus esfuerzos le permitieron aspirar ilegalmente a otro mandato, robar la elección en noviembre, y posibilitar su inauguración. Es deplorable que la administración de Obama haya mantenido un cruel silencio y se haya negado a condenar esta agresión contra la democracia y los derechos humanos básicos del pueblo nicaragüense.
Por casi tres años, las políticas de la administración Obama hacia América Latina han sido definidas por la autocomplacencia y el alejamiento de nuestros aliados. Ha estado callada y ha rehuido la defensa de nuestros intereses mientras que los tiranos de la región avanzan sus agendas, como vemos en Nicaragua. Y en momentos cuando Estados Unidos (EE.UU.) debería aliarse claramente del lado de la libertad y el orden constitucional, la administración ha estado desaparecida en acción, como es el caso hoy en Nicaragua.
Esta administración necesita reconsiderar fundamentalmente su política hacia AL y reorientar nuestras políticas hacia el hemisferio occidental a la promoción del estado de orden, los valores democráticos y el mercado libre. Podemos empezar con Nicaragua. La administración debe condenar la elección presidencial de Ortega en noviembre de 2011 por ser un fraude. Además, debe considerar otras medidas tales como la suspensión de visas estadounidenses para funcionarios nicaragüenses e individuos involucrados en el desgaste del orden constitucional y democrático en Nicaragua. Debe oponerse a préstamos de instituciones financieras multilaterales a Nicaragua. Y debe abogar por la suspensión de Nicaragua de la OEA y establecer que su regreso a la organización sea condicional a la adopción de medidas significativas para restaurar la democracia y el estado de orden conforme con la Carta Democrática Interamericana.
Desafortunadamente, la administración no ha tomado acción con respecto a Ortega y su interrupción del orden constitucional en Nicaragua. Cuando EE. UU. deja de ser una voz inequívoca en defensa de los valores democráticos y el orden en países como Nicaragua, nuestro adversarios se aprovechan. Esto ha sido evidente en la inauguración de Ortega, con el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad como invitado de honor para celebrar otra agresión eficaz contra la democracia y ante la cual EE. UU. se quedó callado, de la misma manera que ocurrió cuando este tirano iraní se robó su propia elección en 2009.
Hoy, debido a las decisiones de este presidente y su administración, los luchadores por la libertad en AL y todo el mundo se preguntan si EE. UU. se unirá a ellos con la perseverancia que debería tener. Nuestros aliados dudan de nuestra resolución y nuestro compromiso con su seguridad y creciente prosperidad. Y tanto nuestros adversarios como nuestros rivales están aprovechando las oportunidades causadas por la falta de liderazgo del presidente en la región.
El papel de EE. UU. como una voz de los oprimidos y como defensor de los derechos humanos jamás se debe subestimar, y siempre debemos estar a la altura de esta responsabilidad. El asalto contra la democracia en Nicaragua nunca se debe tolerar en ninguna parte, pero especialmente en nuestro hemisferio. Ya es hora de que EE.UU. le envíe un mensaje claro a Ortega y sus compinches de que pagarán un precio por aferrarse al poder y por su desprecio a las libertades básicas del pueblo nicaragüense.
El autor es senador republicano por la Florida, miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Este artículo se publicó ayer en el El Nuevo Herald.
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