Las principales causas del deterioro de la democracia y de la calidad de vida en Latinoamérica son la inseguridad pública, la corrupción, la subordinación de la justicia, el fraude electoral y las violaciones a la libertad de prensa y de expresión. Sorpresivamente, ninguna de estas fue abordada en los 40 puntos de la Declaración de Caracas, documento fundacional de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), aprobado por los presidentes de la región.
Lejos de las necesidades y pesares de los ciudadanos, la Declaración promulgada el fin de semana pasado en Caracas puso énfasis en la política ideológica del anfitrión y mentor de la nueva sociedad, Hugo Chávez, y de una orquesta de socios que tampoco se caracteriza por sus prácticas democráticas, como Rafael Correa, Raúl Castro y Daniel Ortega.
El documento constitutivo de la CELAC suena como una canción de protesta de Calle 13. En la flamante Comunidad, en lugar de discutirse sobre temas que realmente conectan a la gente con sus gobernantes; transparencia y anticorrupción, inseguridad y salud, empleos y comercio, innovación y tecnología, se habló sobre autodeterminación de los pueblos y el principio de no injerencia, características de un discurso politizado y resentido, que nos retrotrae a la década de los setenta y la Guerra Fría.
Descompasados con la actualidad, los principios esbozados no tuvieron la intención de integrar a la región económicamente y blindarla de colonialismos pasados como vendieron los discursos. Más bien, pareció que los gobiernos más autoritarios crearon su propia coraza para impedir que en sus países se supervise el cumplimiento de los derechos humanos, acción que universalizó la Convención de Viena de 1969, por encima del derecho interno y de la Constitución de cada país.
No es casualidad que los mayores deudores con los derechos humanos, Cuba, Venezuela, Ecuador y Nicaragua fueran los más estentóreos en esta Cumbre.
De esta forma, Chávez y Correa —sin el contrapeso que otrora ejercían presidentes de la vereda de enfrente como Álvaro Uribe, Alan García, Oscar Arias o Vicente Fox— se sintieron a sus anchas, más libres y arrogantes para pedir el remplazo de la Organización de Estados Americanos por la CELAC, para criticar el método de protección de derechos humanos reconocido como el más funcional del mundo, con su Comisión y Corte interamericanas, y para reprender a los medios de comunicación privados, a los que le atribuyen propiedades antibolivarianas y un poder fáctico, causante del “gravísimo problema planetario”.
La CELAC nació con muchas contradicciones. No solo excluyó a dos de los socios comerciales, militares y de mayor influencia en la región y el mundo, como EE. UU. y Canadá, sino que incorporó a la mesa a Raúl Castro en el mismo momento que en su país se reprimía brutalmente a los disidentes y a Daniel Ortega, quien ganó su tercer mandato pese a una reelección prohibida por la Constitución, y desoyendo a veedores de la OEA y la Unión Europea, que denunciaron fraude en el proceso electoral.
En realidad, si de alguna integración se puede hablar, es que en la CELAC se mezclaron sistemas democráticos, autoritarios y dictatoriales, incluyendo a varios pequeños países caribeños angloparlantes, sumisos y silenciados por los petrodólares de Chávez. Lo más penoso, empero, es que esa composición se legitimó con la venia y los aplausos de Dilma Rousseff, Juan Manuel Santos, Felipe Calderón y Sebastián Piñera, quienes no deberían tragarse aquello de que la autodeterminación y la soberanía pesan más que la democracia.
La Declaración de Caracas tuvo la misión de demostrarle al mundo en crisis económica los beneficios de la integración regional; sin embargo, solo sirvió para fortalecer el discurso político de las “revoluciones ciudadanas”, que a diferencia de las sociales como las de países árabes, en las de América Latina es solo una careta para que los gobiernos tomen el poder absoluto.
La CELAC no es genuina, sino retórica y pura cháchara. Servirá para fundir en bronce a líderes ficticios, como antes el Unasur hizo con Néstor Kirchner. Por su composición ideológica no tendrá larga vida, durará tanto como duren los gobiernos que la incentivaron. El autor es periodista argentino, director de prensa de la SIP.
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