En medio de protestas, intrigas, zan- cadillas, y reclamos, terminó la alegre repartición de diputaciones. Y oportunamente el “gurú” electoral decidió, sin apelaciones, quién se quedó y quién salió de los listados partidarios.
Parece que se pasa por alto —¿desidia, conveniencia, desinterés?— que la campaña electoral encabezada por una reelección inconstitucional, un CSE inconstitucional, una CSJ inexistente, es una farsa, un insulto a los votantes, una burla a un país tantas veces estafado y engañado por los políticos y sus partidos.
Se habla de las elecciones como una cosa normal, como si se cumplieran los principios constitucionales y las leyes que rigen o han regido, aunque malamente, las elecciones en Nicaragua. Se pone en duda un fraude que está a la vista, se demanda supervisión nacional y extranjera y la dictadura dice no.
Ha aparecido por allí una fórmula con buenas apariencias que recomienda a los votantes concurrir a las urnas, porque la abstención favorece a Ortega y sus pretensiones reeleccionistas anticonstitucionales. Es cierto, la abstención favorece la reelección; pero también una votación masiva sin garantías de ninguna especie favorece aún más a la dictadura reeleccionista.
En primer lugar porque es un hecho visible —todos los síntomas están a la vista— de que las elecciones de noviembre ya están robadas.
El CSE, tan inconstitucional como la candidatura de Ortega, no esconde sus intenciones, sus maniobras son amañadas e ilegales: cedulación arbitraria, padrón electoral nunca revisado ni puesto al día ¿y para qué si no sirve para nada?
Alegremente los nuevos diputados y los reelegidos, celebran su triunfo electoral. Faltan los votos, por eso se llama a todo el mundo a votar. Después del fraude ¿servirá para algo protestar?
Si el robo de las elecciones será una nueva motivación para que la población se lance a la calle y a una sola voz rechace el fraude, ¿para qué llegar hasta allí? Es mejor que un millón de nicaragüenses salgan a la calle y digan no al fraude, que ya está hecho y solo faltan los votos para legitimarlo.
Fabián Medina en su columna del 12/5/11, en forma precisa denunció lo que está sucediendo en Nicaragua: “Esta es una guerra entre valores más grandes, entre la libertad y la domesticación, entre la pluralidad y la uniformidad, entre democracia y dictadura y no es cierto que todos los sandinistas están de un lado o que todos los ‘no sandinistas’ están del otro”.
¿Cómo es posible que las instituciones de vigilancia del voto duden del fraude sandinista? “EyT advierte posible fraude en las elecciones”, dice el titular de LA PRENSA del 27 de mayo del año en curso. Y en campo pagado en este periódico se lee: “La candidatura presidencial de Daniel Ortega tiene doble prohibición constitucional, es ilegal e ilegítima”. ¿Es esto cierto o es una broma? El Consejo Supremo Electoral es un siervo de Ortega, lo mismo que los “honorables” magistrados de la CSJ y demás instituciones del Estado que funcionan “de facto” porque están fuera de la Constitución. ¿Quién impone la Constitución, si la clase gobernante juega con ella como si fuera un balón en una cancha de futbol? Si no hay Constitución no puede haber elecciones, el pueblo no es un rebaño que puede ser manejado al gusto y antojo de los que detentan inconstitucional e ilegítimamente el poder.
La pactooposición de Alemán y Ortega ha funcionado muy bien en este juego luciferino, inventando y apoyando maliciosamente para mantener un gobierno de explotación y engaño a favor de políticos desaprensivos ante la miseria de una población cada vez más necesitada, mientras la libertad y la prosperidad que le prometen no pasa de ser un engaño.
El autor es periodista.
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