A pesar de que el más reciente discurso del presidente Daniel Ortega evidenció una vez más su repudio por la observación electoral y de la evidente sumisión conque el Consejo Supremo Electoral (CSE) acató esa posición, los organismos de observación nacional preparan a unos 54 mil voluntarios para observar el proceso del próximo 6 de noviembre.
Lo hacen amparados en el derecho que les otorga la Constitución y la Ley Electoral, que no pueden ser restringidos por un antojo del presidente Ortega ni por el afán del Poder Electoral de hacer cumplir la “voluntad” del mandatario.
“No hay manera de eliminar la observación nacional. La internacional, con sólo cambiar el reglamento y limitar las visas provocará que los observadores internacionales que se respeten no vengan. Pero los nacionales no necesitamos ningún permiso. Haremos uso de nuestro derecho de entrar a votar, evaluar, presentar pruebas y emitir informes…”, dijo Roberto Courtney, Director Ejecutivo de Ética y Transparencia (EyT).
“Eso está permitido. Aunque solo tuviera un párrafo la Constitución, eso diría”, enfatizó.
Durante su discurso del lunes, donde supuestamente rendía su informe de gobierno, Ortega dijo que “los mejores observadores los tienen y los tendrán las fuerzas políticas que van a participar en estas elecciones, los mejores defensores del voto los tendrán las fuerzas políticas que van a participar en estas elecciones” y el “mejor controlador será el pueblo de Nicaragua” porque “no queremos ya más intervenciones en nuestras elecciones, estamos cansados de intervenciones. Si quieren venir a acompañarnos, que nos acompañen, pero no queremos controladores de nuestras elecciones”.
FINLANDIA Y DINAMARCA SOLIDARIAS CON LA VOLUNTAD POPULAR
A pesar de la advertencia, EyT invertirá 1.1 millones de dólares en la capacitación y despliegue de unos 50 mil observadores y consolidación de información y emisión de informes. El 90 por ciento de esos recursos son proporcionados por Finlandia y Dinamarca, el restante 10 por ciento por el Instituto Nacional Demócrata (NDI, por sus siglas en inglés), detalló Courtney.
El Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade) invertirá con más de medio millón de dólares proporcionados por la Unión Europea, Dinamarca, la Embajada de Alemania, el Fondo Común y el NDI para desplegar a unos 4 mil observadores en todo el país y emitir los respectivos informes, explicó su director ejecutivo, Mauricio Zúñiga.
En procesos electorales efectuados antes del 2008, cuando el CSE en apego a lo establecido en la Ley Electoral otorgaba acreditación a estos voluntarios, ambas organizaciones aplicaban metodologías distintas. EyT observaba con mayor énfasis el desarrollo del proceso desde las Juntas Receptoras de Votos (JRV), mientras que el Ipade lo hacía durante el procesamiento de los resultados en los centros de votación y cómputo.
NO ES INJERENCISMO
Adelantándose a las posibles acusaciones de “injerencismo” que el presidente Ortega podría hacer contra los países y organismos que financiarán la actividad, Courtney aclaró que dicho apoyo no puede verse de esta manera porque es parte de un amplio programa de cooperación que otorga a diferentes sectores del país, incluido el gobierno, más de 25 millones de dólares.
“Finlandia y Dinamarca son reconocidas como dos de las naciones más transparentes de la Tierra y con cero reporte de imperialismo… Pero por política no recibimos fondos de ninguna institución que antes no le haya dado su diezmo al Estado… Nos gusta que el que quiera colaborar con la gobernabilidad sea parte de un programa de cooperación con todo el país, incluso el gobierno… Eso nos protege y convierte en mentira el ataque del gobierno de que son peones del imperialismo, porque estamos recibiendo los cinco bollos de los 95 centavos que le dieron a él y hay que medir con la misma vara”, aseveró Courtney.
Zúñiga lamentó las “desafortunadas declaraciones” del presidente Ortega en su primer discurso del año, evidenciando la intención de mantener el modelo implementado en las elecciones municipales del 2008, cuando, afirmando que bastaba con los fiscales de los partidos, se negó la acreditación a los observadores nacionales, y ese proceso concluyó en un fraude.
EyT y el Ipade mantienen que la observación tanto nacional como internacional otorgan la dosis de legitimidad y credibilidad que necesita el proceso y adelantaron que si se hacen bien las cosas, aplaudirán el proceso como lo hicieron en el 2006 y si se hacen mal, lo denunciarán como hicieron con el fraude del 2008.
DEBILITA ESTADO DE DERECHO
Para Zúñiga, que comparte la opinión de que nadie podrá restringirles su derecho constitucional de participar en el proceso, lo más grave de las declaraciones del mandatario es que por “desinformación o mal asesoramiento legal”, con sus afirmaciones contribuye al debilitamiento del Estado de Derecho y el menoscabo del marco jurídico del país.
Según Zúñiga, estas declaraciones se ven agravadas, “por el hecho de que al estar mal asesorado jurídicamente el Presidente ha repetido lo que el Consejo Supremo Electoral ha venido reiterando sobre la figura del acompañamiento electoral” y esa figura no existe.
“Esa figura jurídicamente no está contenida ni en la Constitución política ni en la Ley Electoral, que es de rango constitucional, que en su artículo 10 inciso 8 habla claramente de la observación nacional e internacional y referirse a una figura inexistente jurídicamente es avalar una posición que debilita el Estado de Derecho y que menoscaba el marco jurídico constitucional de Nicaragua y sobre todo la Ley Electoral, que es de rango constitucional y es la que rige las reglas del juego y debería garantizar la transparencia de estas elecciones”, explicó Zúñiga.
Añadió que es “desafortunado y lamentable” que el mandatario avale una figura que legalmente no existe. Porque “el primer educador de la nación sobre el cumplimiento de las leyes y sometimiento a la Constitución Política y a las leyes debe ser el Presidente. Y no sé si mal asesorado o desinformado mencionó una figura que no existe ni en la Ley Electoral, que es de rango constitucional, ni en ninguna parte”, indicó Zúñiga.
El director del Ipade explicó que si el presidente Ortega o cualquier otra institución del Estado quiere hablar de acompañamiento electoral lo primero que debió hacer fue reformar la Ley Electoral.
“Porque en derecho las cosas se deshacen a como se hacen. Si aquí el Consejo Supremo Electoral o algún poder del Estado quiere hablar de acompañamiento, tiene que reformar la Ley Electoral que es de rango constitucional e introducir esa figura a la par de la de observación electoral, que es la que mandata la Constitución”, afirmó Zúñiga.
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