La decisión del Gobierno de Estados Unidos de aceptar al nuevo Embajador de Nicaragua a pesar de que no ha sido ratificado por la Asamblea Nacional, tal como lo manda la Constitución, es de hecho un espaldarazo diplomático de la gran potencia del Norte al régimen de Daniel Ortega. Y demuestra que estaban equivocados quienes tenían la esperanza de que Estados Unidos apoyaría políticamente a la oposición democrática de Nicaragua, por lo menos cuestionando todos los atropellos de Daniel Ortega al Estado de Derecho y a las normas nacionales e internacionales de la gobernabilidad democrática.
Los gobernantes de Estados Unidos siempre han dicho que sus relaciones internacionales se basan en el compromiso de su nación con los valores y principios de la libertad y la democracia, que fueron establecidos por los padres fundadores de esa gran nación y plasmados en la Declaración de Independencia y la Constitución republicana. Sin embargo, en la práctica sus relaciones internacionales se han guiado todo el tiempo por el pragmatismo político. Es decir, que según hayan sido las conveniencias geopolíticas, económicas y comerciales de Estados Unidos, así sus gobiernos han apoyado a los pueblos que luchan por la libertad o respaldado a los gobernantes dictatoriales.
No obstante, en honor a la verdad hay que reconocer que no sólo Estados Unidos sino que prácticamente todos los países democráticos del mundo, manejan sus relaciones diplomáticas internacionales combinando los denominados principios del idealismo con las normas del realismo político, o sea promoviendo los valores de la democracia o protegiendo sus intereses materiales, a criterio de los gobernantes.
De manera que no puede ser una sorpresa la decisión del Gobierno de Estados Unidos, de aceptar al militante del FSLN, Francisco Campbell, como el nuevo Embajador de Nicaragua en Washington, a pesar de que su nombramiento no ha sido confirmado por la Asamblea Nacional como manda la Constitución nicaragüense. Ciertamente, de conformidad con el artículo 138 de la Constitución Política de Nicaragua, los nombramientos de los Jefes de Misiones Diplomáticas que le corresponde hacer al Presidente de la República, sólo son firmes hasta después de que la Asamblea Nacional los haya ratificado. Lo cual significa que legalmente el señor Francisco Campbell no es todavía el Embajador de Nicaragua ante Estados Unidos, aunque lo haya nombrado Daniel Ortega, porque no lo ha ratificado la Asamblea Nacional.
Estamos claros de que el Gobierno de Estados Unidos tiene la facultad de aceptar a los representantes diplomáticos extranjeros que quiera, de conformidad con sus propias normas legales y sin considerar si han sido nombrados correctamente, o sea de acuerdo con la legislación del país que los envía. Además, el Gobierno de Estados Unidos no tiene porqué inmiscuirse en asuntos relacionados con la legalidad interna de Nicaragua, y mucho menos que tenga la responsabilidad de ayudar a resolver los problemas políticos de los nicaragüenses, que reclaman al régimen de Daniel Ortega respeto al Estado de Derecho y al orden constitucional.
Pero el Gobierno de Estados Unidos también debe estar claro, de que al aceptar a un Embajador que carece de legalidad y legitimidad, porque su nombramiento no se ha ajustado a lo que manda la Constitución, de hecho se convierte en cómplice o apañador de los atropellos que el régimen de Daniel Ortega comete contra el Estado de Derecho y la Constitución de Nicaragua. Así lo han hecho saber públicamente algunos ex cancilleres de Nicaragua, lo mismo que el presidente de la Comisión del Exterior de la Asamblea Nacional, diputado Francisco Aguirre Sacasa, quien señaló al respecto que: “como los Estados Unidos se han caracterizado por el respeto al Estado de Derecho y los pesos y contrapesos de los poderes del Estado, (reconocer como Embajador de Nicaragua a alguien que no ha sido confirmado por la Asamblea Nacional) sería como tener una doble moral, una válida para ellos y otra para las repúblicas bananeras”.
El Gobierno de Estados Unidos debería hacer caso a sus amigos nicaragüenses, que le han advertido que no debería avalar la violación de Daniel Ortega a la Constitución en el caso de su Embajador en Washington. O atender el reclamo de congresistas estadounidenses, como por ejemplo la representante de la Florida, Ileana Ros-Lehtinen, de que no se debe aceptar como nuevo Embajador de Nicaragua en Estados Unidos, a alguien que no ha sido confirmado por la Asamblea Nacional nicaragüense.
Aún las grandes potencias que se dicen democráticas deberían poner los principios por encima de oscuras e inciertas conveniencias políticas.
