Varias voces externaron recientemente que la comisionada Aminta Granera, directora de la Policía Nacional, no le quedaba otra alternativa que poner su renuncia, ya que las órdenes de Daniel Ortega, el Jefe Supremo de la Policía según la Constitución, le impedían usar con efectividad las fuerzas del orden. Entendemos el dilema que esta situación representa para la primera comisionada. En su fuero interno, y en vistas de su larga trayectoria, sabemos que es una persona de principios deseosa de manejar un cuerpo policial profesional e independiente, protector del derecho y el orden. Pero en su fuero externo, y por preceptos legales de alto rango, está obligada a obedecer las órdenes de su jefe, el Presidente de la República.
Esta situación la pone en un dilema límite: si hace que la Policía imponga la ley y el orden entra en contradicción con su jefe constitucional a quien ha jurado obedecer. Si cumple con su jefe entra en contradicción con principios y valores que, en ciertas circunstancias, pueden estar por encima del mandato presidencial.
Este dilema entre obedecer las órdenes del poder o la conciencia es tan viejo como la historia. Cuando los miembros del Sanedrín ordenaron a Pedro y sus apóstoles dejar de predicar, éste les ripostó: “Díganme ustedes si está bien dejar de obedecer a Dios por obedecer a los hombres”. Otro personaje que vivió este dilema hasta las últimas consecuencias fue Thomas More. Como canciller del reino estaba obligado a obedecer las órdenes de Enrique VIII, que quería legitimar su divorcio. Pero como católico, súbdito espiritual del Papa, estaba obligado a obedecer a éste y su doctrina. Su fidelidad a Roma y sus creencias le costó la vida.
[/doap_box]
Pero en la vida los dilemas se ven complicados por otras complejidades. Hay personas que han actuado éticamente permaneciendo en estructuras de poder viciosas, pero con la esperanza de poder hacer algo desde adentro. A veces lo han logrado y otras veces no. Uno de los elementos complicantes que enfrentan funcionarios en estas situaciones límites son los costos y beneficios relativos que pueden derivarse de su ruptura o su permanencia. Para esto no hay respuestas fáciles. Mucho depende de qué se conseguirá con una actuación u otra, de qué bienes o males colectivos podrán cosecharse a raíz de su acción. Quien actúa en dichas circunstancias tiene que analizar tanto la moralidad o inmoralidad de las acciones u omisiones que se le ordenan, como las repercusiones a mediano y largo plazo de lo que decida. Son dilemas siempre más complejos y difíciles de lo que parecen desde afuera.
Por ejemplo, ¿qué pasaría con la Policía Nacional tras la renuncia de la comisionada Granera? ¿Aumentaría su independencia y eficacia, o caería en las garras de subordinados inescrupulosos, deseosos de convertirla en un instrumento abiertamente partidario, capaz de perseguir y hostigar adversarios y promover la agenda dictatorial de su jefe? El análisis de las consecuencias de cambios importantes en instituciones tan sensibles debe hacerse con mesura y equilibrio. Cabe preguntarse si la presencia de Granera en la Policía es freno para su partidarización, o si es estímulo, o si es indiferente.
La comisionada Granera no está sola en su laberinto. Hay otros funcionarios, más o menos notorios y en posiciones de distintas envergaduras, que enfrentan dilemas parecidos, aunque quizás no tan agudos. ¿Qué dudas enfrentará el vicepresidente de la República? ¿El fiscal general? ¿El director de escuela?
Lo que es indudable es que una administración como la de Ortega, profundamente despectiva de la ley, la moralidad y el orden, impone un dilema ético tremendo a miles de sus servidores. Pero lo que debe estar claro es que el principal culpable de los desafueros que hoy campean en nuestro país no son las flojeras, indecisiones o acciones de los mandos subordinados, sino aquél de quien irradian todas las irregularidades como cascada pestilente que envicia todo. Quien está destruyendo el prestigio, profesionalismo y dignidad de la Policía Nacional es su jefe supremo, Daniel Ortega Saavedra. Él es quien está echando por la borda años de institucionalización y avances que tanto han costado. Él es quien está empeñado en hacer de los cuerpos de orden instrumentos pretorianos al servicio de sus ambiciones, exactamente como en tiempos de Somoza. Él es quien está desvirtuando la sangre de miles de jóvenes idealistas que murieron por construir una sociedad sin los vicios del pasado. A él, primero que nadie, hay que pedirle la renuncia. [email protected]
Ver en la versión impresa las páginas: 11 A
