Como si quisiera regresar al pasado, cada vez que el presidente Ortega se encuentra en un acto público frente a oficiales del Ejército de Nicaragua, como en la recién pasada ceremonia de traspaso de mando, o frente a la Policía Nacional, no pierde tiempo en sus agotadores discursos tratando de recordarles sus orígenes sandinistas, como añorando esa época en que el Ejército y la Policía tenían apellido y eran parte de un proyecto político de un partido.
Además, trata de politizarlos abiertamente a favor de sus intereses , como fue el caso de su reciente alocución en relación al magistrado Roberto Rivas, a sabiendas de que los militares del Ejército de Nicaragua no deben de participar en política. Ortega lo hace con una falacia: que todos los que pierden dicen que hubo fraude. Nada más falso.
Le recuerdo al presidente Ortega que en noviembre del 2006 Eduardo Montealegre fue el primero en reconocerle su victoria, a pesar de que no se habían terminado de contar los votos y de que los resultados preliminares, indicaban que había ganado con apenas un 38 por ciento de los votos.
En las elecciones municipales del 7 de noviembre del 2004, en que yo competía con el candidato del FSLN Dionisio Marenco por la Alcaldía de Managua, mi cultura cívica y principios democráticos me obligaron a reconocer tempranamente el triunfo de “Nicho”, a quien llamé por teléfono la mañana del 8 para felicitarlo.
Entonces no es cierto que los perdedores siempre dicen que les robaron. El mismo Ortega reconoció su aparatosa derrota electoral el 25 de febrero de 1990, cuando un Consejo Supremo Electoral guiado imparcialmente por el doctor Mariano Fiallos dio por ganadora a Violeta Barrios de Chamorro en las elecciones más vigiladas de la historia de Nicaragua.
Estas actuaciones distan mucho del actual Presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas, quien aun no ha dado a conocer los resultados finales de las elecciones presidenciales del 2006 faltando por dar a conocer el 8 por ciento de las actas, ni en las elecciones municipales del 2009 ha dado a conocer el 31 por ciento de las actas de Managua.
El cambio de nombre del Ejército Popular Sandinista a Ejército de Nicaragua no ocurrió sin un costo altísimo, porque no es un simple cambio de nombre, sino de concepción de las finalidades del ejército. ¿Es un ejército de un partido cuyo fin es perpetuarse en el poder como en los años 80 durante el primer gobierno de Ortega?
El cambio de nombre no se dio voluntariamente, tuvo que ocurrir una guerra civil en la que el Ejército Popular Sandinista reclutaba a los jóvenes a la fuerza para ir a combatir a otro ejército de gente sencilla y humilde conformado por voluntarios, mayoritariamente campesinos. Primero se llamó Fuerza Democrática Nicaragüense o (FDN) y más adelante se conoció como la Resistencia Nicaragüense.
Recordemos que la Guardia Nacional también estaba conformada por gente humilde de nuestro pueblo, pero se usó para finalidades de apuntalar el régimen dinástico y dictatorial de los Somoza, lo que a su vez, dio origen a la formación de otro ejército insurgente que combatió a la guardia. Es el uso que se le da a un ejército por parte de los que ejercen el poder, lo que lo legitima o lo deslegitima ante los ojos de la población.
Tuvimos que vivir una guerra, la mayor depresión económica de la historia del país y que el proyecto totalitario del Frente Sandinista tuviera que ceder ante la presión de la resistencia nicaragüense y la comunidad internaciona, para abrir los espacios políticos que culminaron en elecciones libres del 25 de febrero de 1990, en las que fue derrotado aparatosamente.
Todo esto tuvimos que vivir para que el Ejército y la Policía se institucionalizaran y comprendieran su rol de fuerza no partidaria al servicio de la nación y cambiaran su nombre para adaptarse a los nuevos tiempos y a su nueva visión. Pero tal parece que esta evolución no le gusta al presidente Ortega, quien añora que estas instituciones involucionaran a su estado anterior, como si nada hubiera pasado en nuestra historia.
Durante este proceso que ha durado 20 años, los militares se profesionalizaron y construyeron una excelente relación cívico-militar a través del Ministerio de Defensa, que el presidente Ortega se ha empecinado en erosionar, para dejar solamente un vínculo: él y el ejército. Es así que solo al asumir el mando en el 2007, le quitó funciones al Ministerio de Defensa y lo dejó en prácticamente nada, tanto así, que la actual Secretaria de Defensa no figuró ni siquiera en la ceremonia de traspaso de mando, donde debió haber jugado al menos, un papel secundario.
Al asumir su verdadera función nacional como Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional, estas instituciones cuentan actualmente con el apoyo y la simpatía de la inmensa mayoría de la población, que en su mayoría no es afín al partido de gobierno, como lo demuestra la historia electoral de los últimos 20 años.
Ese merecido apoyo como instituciones nacionales que apuntalan la democracia, se lo han ganado a lo largo de los años, nadie cuestiona sus orígenes y no deben permitir, que ese capital que han acumulado sea manoseado o echado por la borda por nadie y por lo tanto deben mantenerse al margen de los avatares políticos y servir a la nación con respeto a la Constitución y sin distingo de colores políticos.
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