Uno de los hallazgos más significativos en la última encuesta de M&R Consultores, presentada por LA PRENSA la semana pasada, es el de que la mayoría de los ciudadanos respalda la formación de una nueva y amplia coalición democrática, para enfrentar y derrotar al gobierno autoritario de Daniel Ortega, su familia y su partido FSLN.
En efecto, a la pregunta del encuestador de que si está de acuerdo o en desacuerdo con la propuesta de que: “En Nicaragua, para mantener la democracia, las libertades y derechos ciudadanos, es necesaria la unidad de todos los demócratas en una organización como la UNO (Unión Nacional Opositora) en 1990”, el 37.7 por ciento respondió que está de acuerdo y 24.8 por ciento aseguró que está totalmente de acuerdo. O sea que el 62.5 por ciento de la ciudadanía cree que hay que formar la coalición democrática —o como se le quiera llamar— para mantener la democracia, la libertad y los derechos ciudadanos.
En contraposición, sólo el 18.5 por ciento de los encuestados expresó estar en total desacuerdo con la formación de una gran unidad democrática, el 3.7 por ciento declaró su total desacuerdo y el 15.4 por ciento expresó que no sabía, o no quiso responder. Es decir, sólo un 22.2 por ciento de los ciudadanos a quienes se les preguntó sobre el tema, se manifestó en contra de la formación de una coalición democrática, lo cual es comprensible porque esa cifra representa más o menos el porcentaje de la población que respalda firmemente al presidente Daniel Ortega, su familia y el FSLN.
Realmente, la información de esta última encuesta de M&R confirma lo que ya se conocía en términos generales, por la experiencia de las elecciones nacionales del 5 de noviembre de 2006 y de los comicios municipales del 9 de noviembre de 2008.
En el primer caso, es bien sabido que Daniel Ortega se pudo alzar con la victoria electoral con sólo el 38 por ciento de votos y un 8 por ciento de la votación total que fue sospechosamente ocultado, gracias al pacto con Arnoldo Alemán y el PLC que le hicieron el favor al autocrático caudillo sandinista, de bajar el umbral electoral hasta el 35 por ciento de la votación para que pudiera ganar la elección presidencial. Pero también porque la oposición se presentó dividida, con tres candidatos distintos: Eduardo Montealegre, José Rizo y Edmundo Jarquín, quienes entre todos sumaron el 61 por ciento de los votos pero fueron perdedores porque estaban separados.
En el segundo caso, o sea en las elecciones municipales del 9 de noviembre de 2008, los liberales se presentaron unidos y fueron apoyadas por sectores democráticos que ante todo querían la derrota del orteguismo. Y lo derrotaron, pero Ortega y el Consejo Supremo Electoral (CSE) se robaron las elecciones mediante el monstruoso fraude electoral, cuyas dañinas consecuencias todavía las está sufriendo el país. Cabe mencionar que por el fraude el CSE ha ocultado las cifras que demuestran la derrota del orteguismo y el triunfo de la oposición en las elecciones municipales, pero por las actas que tiene en su poder el Movimiento Vamos con Eduardo se puede demostrar como ejemplo, que en Managua Eduardo Montealegre fue electo de hecho con más del 60 por ciento de los votos.
De manera que es lógico que los ciudadanos se pronuncien mayoritariamente a favor de una coalición democrática amplia, como la que en las elecciones del 25 de febrero de 1990 derrotó contundentemente a la dictadura de Daniel Ortega. Y es comprensible también que la mayoría de la gente diga que no votaría en otras elecciones si se realizaran con las mismas reglas electorales de los comicios municipales del año pasado. El alto nivel de abstención que habría según la encuesta de M&R, de 50 a 70 por ciento, seguramente es porque la gente tiene muy presente que a pesar de que la oposición se unificó para las municipales del 9 de noviembre del año pasado, sin embargo el orteguismo se apropió de tres cuartas partes de todas las alcaldías del país, gracias al fraude que realizó el CSE de Roberto Rivas y compañía.
De manera, pues, que está absolutamente claro el mensaje que la ciudadanía le envía, por medio de la encuesta de M&R, a los partidos de oposición y a las fuerzas democráticas en general: únanse todos y luchen por cambiar las reglas del juego electoral y para impedir otro fraude; obliguen a Ortega a aceptar nuevos jueces electorales honestos e independientes, así como una amplia observación internacional, honorable y confiable. Y tal es la tarea que hay que acometer de inmediato, sin prisas pero sin pausas.
