El diez de diciembre de 1948, es decir, hace sesenta años, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó y proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por cierto que uno de los primeros gobiernos en aprobarla fue el de Nicaragua, donde poco tiempo antes el partido oficialista, del dictador militar Anastasio Somoza García, había cometido un escandaloso fraude electoral. El candidato presidencial de la oposición democrática, doctor Enoc Aguado, fue elegido por una amplia mayoría de votos en la elección de febrero de 1947, pero el Tribunal Electoral subordinado a Somoza García se robó descaradamente los votos de la oposición y se los atribuyó al candidato oficialista, que sólo de esa manera pudo “ganar” la elección.
De modo que fue una burla del gobierno somocista —nacido de la imposición y del fraude— aprobar la Declaración Universal de los Derechos Humanos que proclama solemnemente, en su artículo 21, que: “La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público, esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto”.
Al cumplirse el sesenta aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos Nicaragua se encuentra prácticamente en la misma situación política que en 1948. Igual que hace sesenta años, cuando la Organización de Naciones Unidas (ONU) proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ahora en este país se ha cometido otro enorme fraude electoral, tan escandaloso como el que cometió el somocismo en los comicios presidenciales de 1947. Un Consejo Supremo Electoral partidarizado y sometido a Daniel Ortega, le ha arrebatado a la alianza democrática opositora el triunfo que consiguió en las urnas electorales, y se lo dio al partido Frente Sandinista que en realidad fue derrotado —una vez más— por la mayoría de los votantes. Y es obvio que Daniel Ortega hizo este fraude para aparentar un respaldo popular que necesita para negociar e imponer la reforma constitucional , que le permitiría consolidar su dictadura y asegurar su reelección, la cual tendría que ser igualmente fraudulenta.
Este proceder político amañado del gobierno de Daniel Ortega, es absolutamente contrario al principio normativo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de que las elecciones libres, honestas y competitivas constituyen la base del sistema democrático de gobierno. La democracia representativa fundada en la realización de elecciones libres, transparentes y periódicas, significa la determinación política de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El sufragio universal libre, directo y secreto; los derechos civiles y políticos; la diversidad de opciones en la elección de autoridades nacionales y locales; y la celebración de elecciones libres, competitivas, honestas y transparentes, son la señales de identidad de la democracia representativa, mediante la cual la Declaración Universal de los Derechos Humanos se realiza en el ámbito de la vida política .
Sin duda que la democracia representativa no es un sistema político perfecto, pero es el mejor de todos los que se han conocido a lo largo de la historia. Y en todo caso la democracia representativa se fortalece incorporándole mecanismos de participación directa, como los plebiscitos, los referendos y la acción de las organizaciones no gubernamentales. Pero Daniel Ortega lo que quiere es debilitar y destruir la democracia representativa, con un falso poder ciudadano cuyo propósito fundamental es enmascarar su autoritarismo y su dictadura oligárquica de “izquierda”.
Sin embargo, el hecho de que la Declaración Universal de los Derechos Humanos no sea cumplida ni respetada no significa que carece de importancia y que no hay nada que celebrar en su sesenta aniversario. Por el contrario, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es una bandera de lucha por la libertad y la democracia, por la justicia y los derechos humanos de todos los nicaragüenses. Ella forma parte del ordenamiento legal de Nicaragua, según lo dispone expresamente el artículo 46 de la Constitución. Y aunque esto no valga nada para Daniel Ortega y su Consejo Supremo Electoral que perpetró recientemente el más escandaloso fraude electoral desde 1947, los ciudadanos democráticos deben luchar para que los principios y normas de esa Declaración Universal se apliquen y se respeten.
